El pasado verano, en pleno paréntesis estival, la Generalitat de Cataluña decidió empezar a sentar las bases jurídicas de lo que aspira a convertir en una Hacienda catalana propia. Lo hizo con un decreto en el que creaba la figura del comisionado para el despliegue de la financiación singular , con la encomienda de impulsar y coordinar los trabajos técnicos para el despliegue de la Hacienda catalana, y un nuevo órgano, el Consejo Asesor, como instrumento de asesoramiento, consulta y apoyo al comisionado; y con un Decreto Ley, que modificó el régimen jurídico de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para adaptarla, sostuvo el Gobierno catalán, a las necesidades de desarrollo del acuerdo político para la singularidad fiscal de Cataluña.«Lo hicieron sin respaldo jurídico alguno , ya que la financiación singular al menos hasta el momento es solo el fruto de un acuerdo político, pero no es una realidad jurídica«, ha recalcado este viernes la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, en el marco de la celebración del XXXV Congreso del colectivo que se celebra estos días en Salamanca.Noticia Relacionada presidenta de la asociaciones de inspectores de hacienda estandar Si Ana de la Herrán: «La financiación singular de Cataluña ya se está empezando a desplegar sin amparo legal» Bruno PérezLa asociación, que ya ha avanzado en varias ocasiones que hará todo lo que esté en su mano para entorpecer el despliegue de la financiación singular catalana, que entienden como una operación de voladura del actual sistema tributario, recurrió ante los tribunales el decreto de creación del comisionado y el consejo asesor y dado que no tiene el reconocimiento legal para hacerlo con el decreto ley de modificación del régimen jurídico de la ATC ha animado a los gobiernos de comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid y Aragón a hacerlo, bajo el argumento de que ese desarrollo sería perjudicial para las arcas del resto de los territorios.Ahora estudia otra vuelta de tuerca en su ofensiva jurídica contra la financiación singular de Cataluña . La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha encargado a un despacho de abogados que analice si estas medidas de despliegue de los cimientos jurídicos de la Hacienda catalana, aprobadas por la Generalitat antes incluso de que tal cuestión sea una realidad jurídica reconocida, podría constituir una administración desleal o abusiva de recursos públicos con reproche penal y por tanto constituyente de un delito de malversación.«La Generalitat se está gastando dinero en una cuestión que ni siquiera es una realidad jurídica. Están empezando la casa por el tejado cuando ni siquiera hay un texto legal que reconozca la existencia de una Hacienda catalana propia, solo un pacto político«, ha recalcado la presidenta de los inspectores de Hacienda.El rechazo frontal a las bases del proyecto de desarrollo de una Hacienda catalana ha sido uno de los vectores del XXXV Congreso de los Inspectores de Hacienda. El colectivo reconoce vivir en un estado de «alerta máxima» por la amenaza bajo la que viven desde hace ya más de dos años de posible fragmentación de la actual estructura de la Agencia Tributaria y de posible transferencia del personal en Cataluña a una futurible Hacienda catalana . «Ya no estamos hablando de un proyecto político, hablamos de que se están dando pasos desde un punto de vista legal», ha denunciado De la Herrán, que ha reconocido el descontento del colectivo por las nulas explicaciones que han recibido desde sus superiores en el Ministerio de Hacienda.Noticia Relacionada estandar No El sinvivir del personal de la Agencia Tributaria en Cataluña: «Piden cualquier destino para salir de aquí» Bruno Pérez Cinco funcionarios de Hacienda relatan la situación de incertidumbre por el posible traspaso de competenciasOtro de los portavoces del colectivo, José María Peláez, ha recurrido a una analogía cinematográfica para explicar la situación. «Esto es como cuando en el cine un ejército siembra de cargas explosivas los cimientos de un puente para que no pase el enemigo. En el momento de que se active una de esas cargas no habrá vuelta atrás y empezará la voladura del sistema tributario actual».Eliminar barreras territoriales a la lucha contra el fraudeFrente a las propuestas de fragmentación del actual sistema tributario que llegan desde Cataluña con el aval del Gobierno, los inspectores de Hacienda han propuesto este viernes, en un documento de propuestas con el título ‘Análisis de los principios constitucionales de nuestro sistema tributario: una propuesta de reforma’, una centralización de las competencias de la inspección financiera y tributaria como camino para mejorar los rendimientos de la lucha contra el fraude, que consideran estancados.A grandes rasgos se trataría de eliminar las barreras territoriales que los profesionales de la lucha contra el fraude se encuentran a día de hoy a la hora de hacer su trabajo y que, a juicio del colectivo, entorpecen la detección y castigo del fraude fiscal.Los inspectores de Hacienda denuncian que la concepción territorial y vinculada al domicilio fiscal de los procedimientos de inspección genera importantes distorsiones, ya que, por ejemplo, cuando una trama de fraude extiende sus tentáculos en otra comunidad autónoma el inspector encargado no puede realizar ningún requerimiento ni procedimiento si no recibe la autorización previa del director general de Inspección de la Agencia Tributaria, lo que retrasa el proceso. Además, han enfatizado los inspectores, en no pocas ocasiones esa estructura hace que los tribunales cuestionen actuaciones inspectoras que han detectado fraudes por encontrar no suficientemente motivadas las actuaciones en otros territorios. Para sortear estas objeciones y optimizar la eficacia de la lucha contra el fraude, los inspectores de Hacienda plantean «nacionalizar nuestras competencias», de modo que el campo de juego no sea únicamente el territorio donde realizan su trabajo sino el conjunto del territorio nacional. «No es que el fraude se haya nacionalizado es que se ha globalizado y mantener esas barreras regulatorias es un obstáculo que conviene eliminar «, han asegurado desde la asociación, que ha decidido plantear este cambio de escala en las estrategia de lucha contra el fraude en pleno debate en torno a los riesgos de las fragmentación de la lucha contra el fraude si el Gobierno se aviene a ceder esas competencias a Cataluña. El pasado verano, en pleno paréntesis estival, la Generalitat de Cataluña decidió empezar a sentar las bases jurídicas de lo que aspira a convertir en una Hacienda catalana propia. Lo hizo con un decreto en el que creaba la figura del comisionado para el despliegue de la financiación singular , con la encomienda de impulsar y coordinar los trabajos técnicos para el despliegue de la Hacienda catalana, y un nuevo órgano, el Consejo Asesor, como instrumento de asesoramiento, consulta y apoyo al comisionado; y con un Decreto Ley, que modificó el régimen jurídico de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para adaptarla, sostuvo el Gobierno catalán, a las necesidades de desarrollo del acuerdo político para la singularidad fiscal de Cataluña.«Lo hicieron sin respaldo jurídico alguno , ya que la financiación singular al menos hasta el momento es solo el fruto de un acuerdo político, pero no es una realidad jurídica«, ha recalcado este viernes la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, en el marco de la celebración del XXXV Congreso del colectivo que se celebra estos días en Salamanca.Noticia Relacionada presidenta de la asociaciones de inspectores de hacienda estandar Si Ana de la Herrán: «La financiación singular de Cataluña ya se está empezando a desplegar sin amparo legal» Bruno PérezLa asociación, que ya ha avanzado en varias ocasiones que hará todo lo que esté en su mano para entorpecer el despliegue de la financiación singular catalana, que entienden como una operación de voladura del actual sistema tributario, recurrió ante los tribunales el decreto de creación del comisionado y el consejo asesor y dado que no tiene el reconocimiento legal para hacerlo con el decreto ley de modificación del régimen jurídico de la ATC ha animado a los gobiernos de comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid y Aragón a hacerlo, bajo el argumento de que ese desarrollo sería perjudicial para las arcas del resto de los territorios.Ahora estudia otra vuelta de tuerca en su ofensiva jurídica contra la financiación singular de Cataluña . La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha encargado a un despacho de abogados que analice si estas medidas de despliegue de los cimientos jurídicos de la Hacienda catalana, aprobadas por la Generalitat antes incluso de que tal cuestión sea una realidad jurídica reconocida, podría constituir una administración desleal o abusiva de recursos públicos con reproche penal y por tanto constituyente de un delito de malversación.«La Generalitat se está gastando dinero en una cuestión que ni siquiera es una realidad jurídica. Están empezando la casa por el tejado cuando ni siquiera hay un texto legal que reconozca la existencia de una Hacienda catalana propia, solo un pacto político«, ha recalcado la presidenta de los inspectores de Hacienda.El rechazo frontal a las bases del proyecto de desarrollo de una Hacienda catalana ha sido uno de los vectores del XXXV Congreso de los Inspectores de Hacienda. El colectivo reconoce vivir en un estado de «alerta máxima» por la amenaza bajo la que viven desde hace ya más de dos años de posible fragmentación de la actual estructura de la Agencia Tributaria y de posible transferencia del personal en Cataluña a una futurible Hacienda catalana . «Ya no estamos hablando de un proyecto político, hablamos de que se están dando pasos desde un punto de vista legal», ha denunciado De la Herrán, que ha reconocido el descontento del colectivo por las nulas explicaciones que han recibido desde sus superiores en el Ministerio de Hacienda.Noticia Relacionada estandar No El sinvivir del personal de la Agencia Tributaria en Cataluña: «Piden cualquier destino para salir de aquí» Bruno Pérez Cinco funcionarios de Hacienda relatan la situación de incertidumbre por el posible traspaso de competenciasOtro de los portavoces del colectivo, José María Peláez, ha recurrido a una analogía cinematográfica para explicar la situación. «Esto es como cuando en el cine un ejército siembra de cargas explosivas los cimientos de un puente para que no pase el enemigo. En el momento de que se active una de esas cargas no habrá vuelta atrás y empezará la voladura del sistema tributario actual».Eliminar barreras territoriales a la lucha contra el fraudeFrente a las propuestas de fragmentación del actual sistema tributario que llegan desde Cataluña con el aval del Gobierno, los inspectores de Hacienda han propuesto este viernes, en un documento de propuestas con el título ‘Análisis de los principios constitucionales de nuestro sistema tributario: una propuesta de reforma’, una centralización de las competencias de la inspección financiera y tributaria como camino para mejorar los rendimientos de la lucha contra el fraude, que consideran estancados.A grandes rasgos se trataría de eliminar las barreras territoriales que los profesionales de la lucha contra el fraude se encuentran a día de hoy a la hora de hacer su trabajo y que, a juicio del colectivo, entorpecen la detección y castigo del fraude fiscal.Los inspectores de Hacienda denuncian que la concepción territorial y vinculada al domicilio fiscal de los procedimientos de inspección genera importantes distorsiones, ya que, por ejemplo, cuando una trama de fraude extiende sus tentáculos en otra comunidad autónoma el inspector encargado no puede realizar ningún requerimiento ni procedimiento si no recibe la autorización previa del director general de Inspección de la Agencia Tributaria, lo que retrasa el proceso. Además, han enfatizado los inspectores, en no pocas ocasiones esa estructura hace que los tribunales cuestionen actuaciones inspectoras que han detectado fraudes por encontrar no suficientemente motivadas las actuaciones en otros territorios. Para sortear estas objeciones y optimizar la eficacia de la lucha contra el fraude, los inspectores de Hacienda plantean «nacionalizar nuestras competencias», de modo que el campo de juego no sea únicamente el territorio donde realizan su trabajo sino el conjunto del territorio nacional. «No es que el fraude se haya nacionalizado es que se ha globalizado y mantener esas barreras regulatorias es un obstáculo que conviene eliminar «, han asegurado desde la asociación, que ha decidido plantear este cambio de escala en las estrategia de lucha contra el fraude en pleno debate en torno a los riesgos de las fragmentación de la lucha contra el fraude si el Gobierno se aviene a ceder esas competencias a Cataluña.
El pasado verano, en pleno paréntesis estival, la Generalitat de Cataluña decidió empezar a sentar las bases jurídicas de lo que aspira a convertir en una Hacienda catalana propia. Lo hizo con un decreto en el que creaba la figura del comisionado para el … despliegue de la financiación singular, con la encomienda de impulsar y coordinar los trabajos técnicos para el despliegue de la Hacienda catalana, y un nuevo órgano, el Consejo Asesor, como instrumento de asesoramiento, consulta y apoyo al comisionado; y con un Decreto Ley, que modificó el régimen jurídico de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para adaptarla, sostuvo el Gobierno catalán, a las necesidades de desarrollo del acuerdo político para la singularidad fiscal de Cataluña.
«Lo hicieron sin respaldo jurídico alguno, ya que la financiación singular al menos hasta el momento es solo el fruto de un acuerdo político, pero no es una realidad jurídica«, ha recalcado este viernes la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, en el marco de la celebración del XXXV Congreso del colectivo que se celebra estos días en Salamanca.
La asociación, que ya ha avanzado en varias ocasiones que hará todo lo que esté en su mano para entorpecer el despliegue de la financiación singular catalana, que entienden como una operación de voladura del actual sistema tributario, recurrió ante los tribunales el decreto de creación del comisionado y el consejo asesor y dado que no tiene el reconocimiento legal para hacerlo con el decreto ley de modificación del régimen jurídico de la ATC ha animado a los gobiernos de comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid y Aragón a hacerlo, bajo el argumento de que ese desarrollo sería perjudicial para las arcas del resto de los territorios.
Ahora estudia otra vuelta de tuerca en su ofensiva jurídica contra la financiación singular de Cataluña. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha encargado a un despacho de abogados que analice si estas medidas de despliegue de los cimientos jurídicos de la Hacienda catalana, aprobadas por la Generalitat antes incluso de que tal cuestión sea una realidad jurídica reconocida, podría constituir una administración desleal o abusiva de recursos públicos con reproche penal y por tanto constituyente de un delito de malversación.
«La Generalitat se está gastando dinero en una cuestión que ni siquiera es una realidad jurídica. Están empezando la casa por el tejado cuando ni siquiera hay un texto legal que reconozca la existencia de una Hacienda catalana propia, solo un pacto político«, ha recalcado la presidenta de los inspectores de Hacienda.
El rechazo frontal a las bases del proyecto de desarrollo de una Hacienda catalana ha sido uno de los vectores del XXXV Congreso de los Inspectores de Hacienda. El colectivo reconoce vivir en un estado de «alerta máxima» por la amenaza bajo la que viven desde hace ya más de dos años de posible fragmentación de la actual estructura de la Agencia Tributaria y de posible transferencia del personal en Cataluña a una futurible Hacienda catalana. «Ya no estamos hablando de un proyecto político, hablamos de que se están dando pasos desde un punto de vista legal», ha denunciado De la Herrán, que ha reconocido el descontento del colectivo por las nulas explicaciones que han recibido desde sus superiores en el Ministerio de Hacienda.
Otro de los portavoces del colectivo, José María Peláez, ha recurrido a una analogía cinematográfica para explicar la situación. «Esto es como cuando en el cine un ejército siembra de cargas explosivas los cimientos de un puente para que no pase el enemigo. En el momento de que se active una de esas cargas no habrá vuelta atrás y empezará la voladura del sistema tributario actual».
Eliminar barreras territoriales a la lucha contra el fraude
Frente a las propuestas de fragmentación del actual sistema tributario que llegan desde Cataluña con el aval del Gobierno, los inspectores de Hacienda han propuesto este viernes, en un documento de propuestas con el título ‘Análisis de los principios constitucionales de nuestro sistema tributario: una propuesta de reforma’, una centralización de las competencias de la inspección financiera y tributaria como camino para mejorar los rendimientos de la lucha contra el fraude, que consideran estancados.
A grandes rasgos se trataría de eliminar las barreras territoriales que los profesionales de la lucha contra el fraude se encuentran a día de hoy a la hora de hacer su trabajo y que, a juicio del colectivo, entorpecen la detección y castigo del fraude fiscal.
Los inspectores de Hacienda denuncian que la concepción territorial y vinculada al domicilio fiscal de los procedimientos de inspección genera importantes distorsiones, ya que, por ejemplo, cuando una trama de fraude extiende sus tentáculos en otra comunidad autónoma el inspector encargado no puede realizar ningún requerimiento ni procedimiento si no recibe la autorización previa del director general de Inspección de la Agencia Tributaria, lo que retrasa el proceso. Además, han enfatizado los inspectores, en no pocas ocasiones esa estructura hace que los tribunales cuestionen actuaciones inspectoras que han detectado fraudes por encontrar no suficientemente motivadas las actuaciones en otros territorios.
Para sortear estas objeciones y optimizar la eficacia de la lucha contra el fraude, los inspectores de Hacienda plantean «nacionalizar nuestras competencias», de modo que el campo de juego no sea únicamente el territorio donde realizan su trabajo sino el conjunto del territorio nacional. «No es que el fraude se haya nacionalizado es que se ha globalizado y mantener esas barreras regulatorias es un obstáculo que conviene eliminar«, han asegurado desde la asociación, que ha decidido plantear este cambio de escala en las estrategia de lucha contra el fraude en pleno debate en torno a los riesgos de las fragmentación de la lucha contra el fraude si el Gobierno se aviene a ceder esas competencias a Cataluña.
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