El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas en el que, por primera vez, se incluye entre los sectores estratégicos catalogados de especial importancia para la seguridad nacional a los sistemas urbanos de calefacción y de refrigeración, las empresas de hidrógeno, las que gestionan las aguas residuales, algunos laboratorios de investigación y determinadas de seguridad privada. El texto, elaborado por el Ministerio del Interior, “tiene como objetivo apoyar y garantizar el funcionamiento de las entidades públicas o privadas que explotan infraestructuras críticas en sectores estratégicos”, ha destacado este martes el departamento de Fernando Grande-Marlaska en una nota. El proyecto, que incluye una reciente directiva de la Unión Europea (UE), debe pasar ahora el trámite parlamentario para su aprobación.
El Gobierno envía al Congreso el proyecto de ley que recoge nuevos sectores estratégicos de especial importancia para la seguridad nacional
El Gobierno envía al Congreso el proyecto de ley que recoge nuevos sectores estratégicos de especial importancia para la seguridad nacional
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas en el que, por primera vez, se incluye entre los sectores estratégicos catalogados de especial importancia para la seguridad nacional a los sistemas urbanos de calefacción y de refrigeración, las empresas de hidrógeno, las que gestionan las aguas residuales, algunos laboratorios de investigación y determinadas de seguridad privada. El texto, elaborado por el Ministerio del Interior, “tiene como objetivo apoyar y garantizar el funcionamiento de las entidades públicas o privadas que explotan infraestructuras críticas en sectores estratégicos”, ha destacado este martes el departamento de Fernando Grande-Marlaska en una nota. El proyecto, que incluye una reciente directiva de la Unión Europea (UE), debe pasar ahora el trámite parlamentario para su aprobación.
Para identificar qué sectores deben ser catalogados como críticos, el proyecto señala tres criterios a tener en cuenta: que “la entidad preste uno o más servicios esenciales”, que “opere en el territorio nacional y sus infraestructuras críticas estén situadas en él” y que “un incidente tuviera efectos perturbadores significativos en la prestación por la entidad de uno o más servicios esenciales”. Para este último aspecto se tendrá en cuenta el número de usuarios que depende de la entidad, la repercusión y duración del incidente, la zona geográfica afectada, si tiene repercusiones transfronterizas y “la disponibilidad de medios alternativos para la prestación de dicho servicio esencial”, entre otros.
Para identificar y designar las entidades críticas en función de estos criterios, Interior plantea crear un nuevo órgano, la Comisión Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas (CNPREC, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad), que sustituiría al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC).
El texto aprobado por el Consejo de Ministros deja fuera sectores también estratégicos como el bancario ―salvo el Banco de España, que se mantiene―, los mercados financieros ―continúa la Comisión Nacional del Mercado de Valores―, las infraestructuras digitales, las entidades dependientes del Ministerio de Defensa y las fuerzas de seguridad, tanto del Estado como autonómicas, al contar todas ellas con normativa propia. De este modo, el proyecto detalla 11 sectores estratégicos y 11 subsectores, entre ellos los nuevos.
En el caso del hidrógeno, las entidades afectadas son tanto empresas productoras y suministradoras como gestoras de la red de transporte, distribución y almacenamiento. En el caso de los sistemas urbanos de calefacción y de refrigeración, el documento se refiere a los “operadores” de los mismos.
Las aguas residuales también figuran por primera vez en el listado de sectores estratégicos, donde ya estaban los suministradores y distribuidores de aguas destinadas al consumo humano. En el caso de las residuales, la medida afecta a “las empresas dedicadas a la recogida, la eliminación o el tratamiento de aguas residuales urbanas, aguas residuales domésticas o aguas residuales industriales”.
En cuanto a lo que denomina “instalaciones de investigación”, el borrador detalla que se trata de aquellos “laboratorios que por su idiosincrasia dispongan, utilicen o produzcan materiales, sustancias o elementos críticos o peligrosos”. Tampoco se ven afectadas todas las empresas de seguridad privada, sino únicamente aquellas que presten funciones “directamente relacionadas con el mantenimiento de los servicios esenciales”.
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