El Poder Judicial de Irán ha anunciado este lunes la ejecución de Ali Fahim, arrestado durante las protestas del pasado enero. Según las autoridades, se le imputaban varios cargos, entre ellos “acciones operativas contra la seguridad del país en favor del régimen sionista [israelí], Estados Unidos y grupos hostiles”, así como “ingreso a instalaciones militares clasificadas con la intención de sustraer armas y municiones, y destrucción e incendio de bienes públicos con el propósito de enfrentarse al sistema de la República Islámica de Irán”.
Acusado de colaborar con EE UU e Israel, ha sido ahorcado por su presunta participación en actos contra centros militares con el objetivo de obtener armamento para los manifestantes
El Poder Judicial de Irán ha anunciado este lunes la ejecución de Ali Fahim, arrestado durante las protestas del pasado enero. Según las autoridades, se le imputaban varios cargos, entre ellos “acciones operativas contra la seguridad del país en favor del régimen sionista [israelí], Estados Unidos y grupos hostiles”, así como “ingreso a instalaciones militares clasificadas con la intención de sustraer armas y municiones, y destrucción e incendio de bienes públicos con el propósito de enfrentarse al sistema de la República Islámica de Irán”.
La agencia Mizan, órgano de comunicación del Poder Judicial, ha informado de la sentencia, que había sido confirmada por el Tribunal Supremo. El principal cargo contra los acusados está relacionado con el incendio de la base de la milicia Basij Shahid Mahmoud Kaveh, la noche del 18 de enero. Ali Fahim compartía caso con Amirhossein Hatamí, Mohammad Amin Biglari y Shahin Vahedparast. Los tres fueron ejecutados durante los últimos cinco días.
Mizan señala que, tras entrar en el edificio, Fahim “procedió a sacar motocicletas del recinto” que supuestamente acabaron siendo incendiadas por otras personas.
Según sus familiares, los informes y vídeos difundidos indican que estas personas no participaron en el inicio del incendio ni en la destrucción, sino que únicamente entraron en un edificio que ya había sido incendiado previamente por otros. También han advertido de que el quinto acusado del caso, Abolfazl Salehi Siavashani, se encuentra en riesgo inminente de ser ejecutado.
En contraste con lo afirmado por la agencia Mizan sobre el acceso a defensa legal, el Poder Judicial iraní no permite a los acusados en casos de seguridad elegir libremente a sus abogados, obligándolos a seleccionar entre letrados designados por el propio tribunal, lo que entra en conflicto con el derecho a una defensa independiente y limita cualquier intento de demostrar su inocencia o informar sobre el proceso judicial.
Esta sería la duodécima ejecución conocida de manifestantes detenidos durante las protestas nacionales de enero del año pasado. No obstante, debido al corte de internet y a la falta de acceso a información independiente en las últimas semanas, no es posible verificar con exactitud el número total de ejecuciones, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real podría ser mayor desde enero.
Mai Sato, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán, ha expresado su preocupación en la red social X (antes Twitter): “En medio de la guerra en curso y el apagón de internet, sigo recibiendo informes de ejecuciones desde Irán. Además, continúan llegando datos que indican que otras personas podrían estar en riesgo de ejecución”.
La rapidez del proceso, la falta de acceso a un abogado independiente y otras irregularidades han reforzado la sospecha de que la pena de muerte se está utilizando como herramienta de intimidación pública, lo que denuncia también la relatora de la ONU: “La pena capital se está utilizando como un instrumento para reprimir la disidencia política en medio de la guerra”.
Las últimas ejecuciones se suman a las muertes causadas por la represión que las autoridades iraníes aplicaron para tratar de sofocar las protestas. Aunque las cifras oficiales apuntan a 3.117 muertos, varias organizaciones independientes aseguran que esa cifra oscila entre los 4.000 y 6.500 casos documentados. Se investigan decenas de miles más, lo que elevaría el dato a entre 20.000 y 30.000 fallecidos.
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