El ala femenina del pabellón 209 de la prisión de Evin, en Teherán, es el lugar donde muchas defensoras de derechos de las mujeres iraníes cumplen su pena. El pasado lunes, aviones de guerra israelíes bombardearon la cárcel y dañaron gravemente ese pabellón y otras dependencias de la prisión, según testimonios transmitidos a Femena, una organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos que apoya los movimientos feministas en Oriente Próximo y Asia. Funcionarios israelíes se jactaron de haber golpeado un “símbolo de la tiranía” iraní. Lo que no dijeron es que las víctimas de ese bombardeo, según los testimonios citados, fueron, paradójicamente, algunos de los iraníes encarcelados por oponerse al régimen con el que Israel asegura querer acabar.
La represión interna, el apoyo de la Guardia Revolucionaria, el clientelismo y su base de apoyo social apuntalan la resistencia de la República Islámica
El ala femenina del pabellón 209 de la prisión de Evin, en Teherán, es el lugar donde muchas defensoras de derechos de las mujeres iraníes cumplen su pena. El pasado lunes, aviones de guerra israelíes bombardearon la cárcel y dañaron gravemente ese pabellón y otras dependencias de la prisión, según testimonios transmitidos a Femena, una organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos que apoya los movimientos feministas en Oriente Próximo y Asia. Funcionarios israelíes se jactaron de haber golpeado un “símbolo de la tiranía” iraní. Lo que no dijeron es que las víctimas de ese bombardeo, según los testimonios citados, fueron, paradójicamente, algunos de los iraníes encarcelados por oponerse al régimen con el que Israel asegura querer acabar.
El bombardeo de esa prisión —donde habían sido encarceladas activistas que participaron en las manifestaciones de 2022 tras la muerte a manos de la policía de la joven Yina Mahsa Amini por llevar mal colocado el velo— es solo uno de los muchos que ejecutó Israel en los 12 días que duró la guerra contra Irán, entre el 13 y el 25 de junio. Más trascendentes para las autoridades de Teherán fueron, seguramente, otros ataques: los que asesinaron a prominentes científicos, destruyeron o dañaron sus instalaciones nucleares y eliminaron a los jefes de los ejércitos iraníes —el regular y el paralelo y más poderoso: la Guardia Revolucionaria— cuyo multitudinario funeral se celebró este sábado.
El régimen iraní ha encajado esos golpes sin sucumbir, cuando ya estaba en horas bajas. Militarmente —por los ataques israelíes de 2024 y la casi desarticulación de su red de alianzas regionales—; y económicamente, por la depauperación de su población y las sanciones internacionales contra su programa nuclear. Como demostraron las manifestaciones de 2022 y las que se habían sucedido en años anteriores, el proyecto de utopía islámica que rige Irán desde 1979 ha ido perdiendo desde entonces el favor de muchos iraníes.
Algunas razones que explican la resistencia, a pesar de todo ello, del sistema político fundado por el carismático Ruhollah Jomeini son obvias; otras, no tanto. Entre las primeras, la represión que desata el régimen contra su “mayor amenaza”: los “iraníes comunes y corrientes”, como destaca por teléfono desde Oslo el neurocientífico y activista de derechos humanos iraní Mahmood Amiry-Moghadam.
Entre los segundos motivos, los menos evidentes, están las razones ideológicas o de mera supervivencia de los iraníes que, o bien respaldan el sistema político porque consideran que defiende sus valores, o bien lo apoyan porque dependen económicamente de él para subsistir. Entre estos últimos destacan quienes se benefician de unos mecanismos de tipo clientelar que fidelizan a integrantes de las clases más desfavorecidas ofreciéndoles ventajas económicas.
De la supervivencia de ese régimen y de la corrupción que señalan numerosos estudios dependen a su vez enormes privilegios y grandes fortunas. Este último es el caso de uno de los grandes beneficiarios de la corrupción en Irán: el cuerpo de la Guardia Revolucionaria.
La continuidad del régimen islámico de Irán fue también posible en el pasado por su particular arquitectura institucional, que incluye instituciones electas de tipo republicano, como el Parlamento o el cargo de presidente elegido por sufragio universal directo. Aunque esas instituciones están sometidas a otras de corte autoritario que invalidan su carácter democrático —por ejemplo, al ejercer una criba previa de candidatos a los puestos políticos—, ese diseño híbrido permitió que, al menos en las primeras décadas del actual sistema político iraní, los iraníes accedieran a cierta participación política. Esa fue una válvula de escape para las ansias de cambio.
Lejos ya de los tiempos en los que los llamados reformistas —quienes creían que la República islámica podía cambiar desde dentro— controlaban el Parlamento y la presidencia, esos mecanismos de participación política limitada de la población iraní tienen cada vez menos peso y menos credibilidad. Las autoridades siguen, sin embargo, tratando de sacar ventaja de ellas. En 2024, en otro momento de dificultad —tras la muerte del presidente Ebrahim Raisí— el régimen islámico permitió que un candidato relativamente moderado, Masud Pezeshkian, fuera elegido presidente. Pezeshkian ganó en las urnas agitando el temor a una radicalización aún mayor del régimen.
Represión
Mahmood Amiry-Moghadam dirige la ONG Iran Human Rights (IHR), que documenta la aplicación de la pena de muerte en Irán. Este activista apunta a una regla en ese país: “Cuanto más débil está el régimen, más represión despliega”. Ahora, subraya, cuando las autoridades se han mostrado “incapaces de defender” eficazmente al país de una agresión militar extranjera, se ha arrestado a unas 900 personas acusadas de espiar para Israel. Seis hombres han sido ahorcados.
La pena de muerte ocupa un lugar central en el uso de la represión como herramienta de control social en Irán. “Tiene un impacto en toda la sociedad que va más allá de provocar miedo”, destaca el director de IHR, porque “genera una sensación que en psicología se conoce como la indefensión aprendida, por el que las personas se sienten impotentes para cambiar su situación”. Esa sensación se transforma en una “depresión crónica social”, por la que los ciudadanos creen que “no pueden hacer nada” para cambiar el sistema. Esa es, para este neurocientífico, una de las “claves de la supervivencia de la República Islámica”.
Naysan Rafati, analista principal para Irán del centro de estudios International Crisis Group, coincide en atribuir ”en parte” la supervivencia de ese régimen a “la capacidad represiva que ha mantenido y desplegado contra la disidencia”. Este analista apunta luego a otro factor: la base popular de apoyo, el “grupo central de partidarios que respaldan” todavía al sistema, ya sea “por convicción ideológica o por beneficio personal”.
Ese núcleo duro de partidarios pueden constituir, calcula Amiry-Moghaddam, entre “el 25% y el 30% de la población”. Entre ellos, considera, los partidarios genuinos del sistema “son muchos menos” que quienes lo apoyan por interés.
Los expertos destacan uno entre esos respaldos interesados: el de la Guardia Revolucionaria, el ejército paralelo cuyo cometido es defender no al país sino al régimen islámico, y que, como tal, es su principal brazo armado para reprimir las manifestaciones de protesta. El actual líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en el cargo desde 1989, no solo evitó que este cuerpo se fundiera con el ejército regular tras acabar la guerra con Irak (1980-88), sino que le ha permitido infiltrarse y controlar los principales sectores de la economía israelí —la construcción, el mercado negro del petróleo, la minería, el sector bancario y las telecomunicaciones— a cambio de apuntalar su liderazgo, que inicialmente estuvo cuestionado. En expresión del historiador iraní Ali Ansari, la Guardia Revolucionaria ha llegado así a ser un “imperio económico” con armas. También con un evidente interés en que la República Islámica sobreviva.
Una milicia que depende de ese ejército paralelo, la Basij, es también vital para aplastar cualquier veleidad de cambio. No solo protagoniza muchas veces la represión de las manifestaciones, o de las mujeres que han prescindido del velo como muestra de rechazo al régimen. También es uno de los pilares de una intrincada red estatal y paraestatal de organizaciones educativas, culturales —o de adoctrinamiento— y de caridad, que garantiza la adhesión al régimen a iraníes de las capas sociales más desfavorecidas mediante la concesión de prebendas.
La milicia Basij es, ante todo, una organización de masas. Cuenta con hasta un millón de miembros que participan en asociaciones de estudiantes, de profesores, de abogados, de periodistas y deportistas, o los llamados “círculos de rectitud” donde se adoctrina a los afiliados en los valores islámicos más reaccionarios y en el apoyo al sistema político del país, muchas veces en las mismas mezquitas.
Estos afiliados acceden de forma preferente a las becas, a la universidad, al empleo público y a la vivienda, y disponen de un servicio médico y de una red de economatos. La organización se ha convertido así en “un colchón entre el régimen clerical y el pueblo” y constituye otra “de las razones de la supervivencia” de la República Islámica, destacó en una entrevista con este diario en 2022 el politólogo iraní Saeid Golkar.
Sin esos mecanismos clientelares, muchos iraníes no podrían subsistir. En enero de 2023, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social del país divulgó un informe en el que se elevaba a un tercio de la población el porcentaje de iraníes sumidos en una pobreza extrema. Las autoridades culpan de esa miseria a las sanciones de la comunidad internacional por el programa nuclear del país que Israel y Estados Unidos han tratado de destruir. Esa marea de nuevos pobres convive en Irán con 250.000 millonarios, según calculó en 2020 la consultora internacional Capgemini.
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