Jueces y fiscales se han concentrado este miércoles ante las sedes judiciales de toda España en protesta por las reformas legales vinculadas con la justicia impulsadas por el Gobierno. El paro, de 10 minutos, fue convocado por cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales (todas menos las progresistas) y a ella se han sumado algunos magistrados, fiscales y letrados del Tribunal Supremo, a los que se han unido, ante la fachada principal del tribunal, magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
A la concentración ante el Supremo han acudido magistrados y fiscales del alto tribunal, la Audiencia Nacional y el TSJ de Madrid
Jueces y fiscales se han concentrado este miércoles ante las sedes judiciales de toda España en protesta por las reformas legales vinculadas con la justicia impulsadas por el Gobierno. El paro, de 10 minutos, fue convocado por cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales (todas menos las progresistas) y a ella se han sumado algunos magistrados, fiscales y letrados del Tribunal Supremo, a los que se han unido, ante la fachada principal del tribunal, magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
No es la primera vez que jueces y fiscales protestan ante los tribunales contra una ley impulsada por el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar. Ya lo hicieron a finales de 2023 tras el anuncio de la ley de amnistía. En esta ocasión, el paro convocado este jueves escenifica la oposición frontal de las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales a las dos reformas vinculadas a la justicia anunciadas por el Gobierno: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales.
A la convocatoria de las asociaciones se han adherido jueces y fiscales no asociados y una plataforma integrada por más un millar de miembros de ambas carreras, en su mayoría de las últimas promociones, unidos a través de dos grupos de WhatsApp y que, al margen del paro de este miércoles, valora la convocatoria de una huelga. Las dos asociaciones progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, apoyan, en líneas generales, ambas leyes.
El Gobierno defiende que sus reformas son necesarias para modernizar la justicia. “Queremos que todos los ciudadanos puedan optar en igualdad de condiciones a estas oposiciones tan duras. El dilema en la justicia es reformas o inmovilismo”, ha señalado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha advertido que todas las reformas de la justicia “recibieron rechazo en su momento y hoy son un gran consenso” y ha augurado que esta “no será diferente”.
Ante la fachada del alto tribunal, en la Plaza de la Villa de París, se han congregado magistrados del Supremo, como los jueces de la Sala Contencioso-Administrativo José Luis Requero, Antonio Fonseca, Wenceslao Olea, Diego Córdoba y Esperanza Córdoba; el magistrado de la Sala Penal Antonio del Mora; el de la Sala Civil Manuel Almenar; y el de la Sala Social Juan Martínez Moya. También han acudido fiscales del alto tribunal, como uno de los jefes de lo Penal, Javier Huete.
La representación de la Audiencia Nacional ha estado encabezada por su presidente, Juan Manuel Fernández, que, como algunos de los magistrados del alto tribunal que se han sumado al paro, fue vocal del CGPJ a propuesta del PP. Junto al presidente, otros magistrados como María Tardón, José Luis Calama, y Eloy Velasco. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acudido junto a otros fiscales de este departamento. Los magistrados y fiscales no vestían toga, aunque sí la llevaban en el brazo algunos letrados del alto tribunal, que son jueces de carrera, pero no magistrados.
Las asociaciones convocantes han sido la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Convocaron la protesta el pasado 23 de mayo porque consideran que la reforma judicial recoge “medidas altamente perjudiciales” que pueden afectar “gravemente a la independencia judicial”.
Transcurridos los 10 minutos del paro, dos fiscales de las asociaciones convocantes han leído el manifiesto preparado por las asociaciones, en el que piden la retirada de las dos leyes. Sobre la reforma de acceso a la carrera, las asociaciones han denunciado que se tramite “por vía de urgencia”, cuando “no responde a demanda social alguna”.
El manifiesto asegura que se trata de una reforma “que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial” para su formación e introduciendo pruebas “más subjetivas y susceptibles de filtración”. Las asociaciones se oponen así a la propuesta del Gobierno de introducir en la oposición de acceso a ambas carreras una prueba escrita y el anonimato de los aspirantes, un formato que ya se aplica en el resto de oposiciones del ámbito jurídico y que el Gobierno defiende por la conveniencia de valorar, además de la capacidad memorística, la habilidad para expresar razonamientos jurídicos.
La regularización extraordinaria de jueces y fiscales sustitutos constituye otro de los puntos de conflicto entre la carrera judicial y el Ministerio de Justicia. Para las asociaciones convocantes, la estabilización se realiza “sin pruebas que midan su aptitud” para el acceso a la carrera. El proceso fue anunciado hace unas semanas y constará de un concurso-oposición y las plazas disponibles aún están por determinar.
“Poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal”, señala el manifiesto leído durante la protesta.
Justicia insiste en que acabar con la interinidad en la judicatura y la fiscalía —una situación en la que se encuentran 954 jueces y 331 fiscales— responde a dos apercibimientos de la Comisión Europea, en julio y en octubre de 2024.
La lectura del manifiesto se ha repetido en todas las concentraciones convocadas por las asociaciones. Una de las más numerosas ha sido la celebrada ante los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, donde decenas de personas al grito de “gracias” y clamando por la “independencia judicial” han recibido a las 12.00 a los representantes de las asociaciones convocantes y a los jueces y fiscales que se han sumado a la protesta.
Los asistentes han recibido aplausos en la mayoría de las concentraciones de decenas de personas que han acudido como público a las puertas del Supremo para animar a los jueces y fiscales al grito de “valientes”, “libertad” o “Pedro Sánchez dimisión”.
