El extenso juicio contra la funeraria El Salvador de Valladolid por un supuesto ‘tráfico de ataúdes’, tras rescatarlos antes de la cremación de los difuntos, encara su recta final con las declaraciones de los principales acusados. Se trata de la esposa e hijos de Ignacio Morchón Alonso, fundador del próspero negocio fúnebre surgido en los años 80 y ya fallecido. Sus familiares, Ignacio Morchón Vaquero, Rosario Morchón Vaquero, Laura Morchón Vaquero y su esposa Rosario Vaquero, ya gestionaban la empresa antes de la jubilación del patriarca y después. Se enfrentan ahora, junto a una veintena de empleados, hasta a 20 años de prisión, tres décadas de inhabilitación para prestar servicios funerarios, multas de 12 millones de euros e indemnizaciones millonarias a los familiares de los fallecidos afectados por esas presuntas prácticas.
Declara como acusado el hijo del difunto dueño del tanatorio de Valladolid investigado por ‘traficar’ con los ataúdes rescatados del crematorio
El extenso juicio contra la funeraria El Salvador de Valladolid por un supuesto ‘tráfico de ataúdes’, tras rescatarlos antes de la cremación de los difuntos, encara su recta final con las declaraciones de los principales acusados. Se trata de la esposa e hijos de Ignacio Morchón Alonso, fundador del próspero negocio fúnebre surgido en los años 80 y ya fallecido. Sus familiares, Ignacio Morchón Vaquero, Rosario Morchón Vaquero, Laura Morchón Vaquero y su esposa Rosario Vaquero, ya gestionaban la empresa antes de la jubilación del patriarca y después. Se enfrentan ahora, junto a una veintena de empleados, hasta a 20 años de prisión, tres décadas de inhabilitación para prestar servicios funerarios, multas de 12 millones de euros e indemnizaciones millonarias a los familiares de los fallecidos afectados por esas presuntas prácticas.
La jornada de este de miércoles ha dejado al descubierto las tripas de un boyante negocio dirigido con la complicidad de la familia y de “trabajadores de confianza”, que obtenían los empleos por motivos de “familiaridad”, según ha reconocido el propio Ignacio Morchón Vaquero.
“Yo estaba a las órdenes de mi padre, cubriendo turnos de bajas, vacaciones, etcétera, o vendiendo sepulturas. Pero la labor de mandar, era de mi padre. Yo era el hijo del jefe”, ha declarado, descargando todas las responsabilidades en su difunto padre. Ha respondido exclusivamente a las preguntas de su abogado, Guillermo Ruiz Polanco. Tanto la esposa como el hermano del ya fallecido dueño del grupo El Salvador se han acogido a su derecho a no declarar. El tribunal ha preferido aplazar las declaraciones de las otras dos hijas, con responsabilidades contables y de gestión en la compañía, al próximo lunes.
El conocido como “Caso Funeraria” parte de la denuncia en 2017 de uno de los empleados de Ignacio Morchón Alonso. Se llamaba Justo Martín Garrido y estaba precisamente al cargo del crematorio de Parque El Salvador, una de las empresas del Grupo el Salvador, emplazada en Santovenia del Pisuerga, población pegada a Valladolid, donde la empresa contaba con cementerio y horno incinerador. Justo entró a formar parte de la empresa en 1995 —según ha contado este miércoles el hijo del dueño— porque era pariente del alcalde del pueblo. Según ha explicado, el regidor de Santovenia ayudó mucho a su padre para tramitar la realización del campo santo en el municipio. “Y luego le pidió que contratara a Justo, que creo que era su sobrino, para devolverle el favor. Y mi padre lo hizo”, ha relatado.
Junto a su denuncia, Justo le entregó a la Policía Nacional todas las anotaciones y fotografías que realizó y archivó durante dos décadas en 26 libretas y archivadores. Dijo que las hizo “para dejar constancia de lo que allí se hacía”. Así lo declaró el propio Justo antes de ahorcarse en el árbol del jardín de su casa el 29 de agosto de 2024. Y explicó que lo hacía siguiendo instrucciones de su jefe, Ignacio Morchón Alonso, propietario del imperio funerario familiar, haciendo lo que le pedía que hiciera: cambiar los cuerpos de los fallecidos de unos féretros caros a cajas baratas antes de meterlos en el horno crematorio para poder así volver a vender los ataúdes más lujosos.
La Fiscalía estima que con esos cambiazos (5.973 contabilizados)pudieron ingresar 3,66 millones de euros, y por la reutilización de los adornos y coronas florales, más de 380.000. Aduanas apunta un descuadre de al menos 4.500 féretros en la contabilidad. La policía encontró un millón de euros en bolsas de plástico ocultos en uno de los domicilios del patriarca. “Son los ahorros de toda mi vida porque no me fio de los bancos”, justificó él ante el juez instructor, antes de morir de causas naturales el 15 de octubre de 2022. “Es lo que mi padre guardaba para nosotros”, dijo su hijo este miércoles en el banquillo de los acusados.
Justo fue a su vez denunciado por Morchón y condenado en 2018 por extorsión: “Le mandaba cartas y fotos de cadáveres a mi padre amenazando con llevarlas a la policía”, ha recordado su hijo, que le llegó a decir al empleado: “Tu puedes haber hecho lo que te de la gana, pero a ti nadie te lo ha mandado, te vamos a denunciar por lo quehas hecho», ha contado que le dijo a Justo en su día.
La idea de que “todo es cosa de Justo”, que “actuaba por su cuenta y riesgo”, ha sido en todo momento la base de la defensa de los acusados, al margen de que los aogados trataron de anular el procedimiento por considerar que se trataba de una “investigación prospectiva” de la Policía Nacional, que siguió con las pesquisas tras la condena de Justo aprovechándose de los materiales aportados por ambas partes.
Los acusados aseguran que todo responde a una venganza de Justo contra su padre porque, tras jubilarse, no se conformó con lo que supuestamente se estimó que le correspondía tras dos décadas incinerando cadáveres en el cementerio, y comenzó a amenazar a Ignacio Morchón Alonso con contar lo que hacían con los ataúdes. Le pedía que le pagara una parte de lo obtenido con los cambiazos o lo contaría todo. “Le enfadó, además, mucho que mi padre no contratara a sus hijos y sí al hijo de Hipólito, el otro empleado del crematorio”, ha señalado Ignacio (hijo) en su declaración.
Sin embargo, Justo aseguró tras su detención, en una declaración grabada y prestada ante el juez durante la instrucción y antes de suicidarse, que todo lo que había hecho durante 20 años era siguiendo las instrucciones de su jefe, con la ayuda de éste y de otros empleados (incluido su propio hijo), y que todo el mundo en la empresa sabía lo que allí se hacía, pero que guardaban silencio porque temían ser despedidos. La grabación de esa declaración, con un sonido deficiente, ha sido reproducida este miércoles en la sesión del juicio.
La versión de Justo sobre la complicidad en esos procedimientos de esos otros empleados, unidos entre sí y con la empresa por lazos de familiaridad, casa con las conversaciones grabadas entre ellos y sus parejas el día de la redada policial, en febrero de 2019, cuando detuvieron al patriarca y a sus familiares directos junto a algunos de los trabajadores.
“Ha sido Justo, que les está extorsionando porque dice que siguen haciendo abajo [en el nuevo Tanatorio de Valladolid] lo que hacían arriba [en Santovenia]”, conversan por teléfono dos mujeres, parejas de empleados. “Esto es un pillada”, le dice uno de los trabajadores a otro, “iban a por él desde Interior”, asevera. “Conmigo no se iba a enterar nadie, pero con este payaso…”, comenta otro empleado, refiriéndose al hermano del dueño detenido, que ya jubilado seguía haciendo labores en el cementerio de Santovenia. “Los demás no van a decir nada, pero este tonto…”, remachan las mujeres en su conversación.
