La defensa del exasesor ministerial Koldo García ha presentado un nuevo escrito en el que pide al Tribunal Supremo que envíe a la Audiencia Nacional el juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante su etapa en Transportes. Considera que el alto tribunal ya no es competente para juzgarle después de que el exministro José Luis Ábalos renunciara al acta de diputado y, por ende, perdiera el aforamiento ante el alto tribunal.
La defensa del exasesor ministerial considera que el alto tribunal ya no es competente para juzgarle
La defensa del exasesor ministerial considera que el alto tribunal ya no es competente para juzgarle
La defensa del exasesor ministerial Koldo García ha presentado un nuevo escrito en el que pide al Tribunal Supremo que envíe a la Audiencia Nacional el juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante su etapa en Transportes. Considera que el alto tribunal ya no es competente para juzgarle después de que el exministro José Luis Ábalos renunciara al acta de diputado y, por ende, perdiera el aforamiento ante el alto tribunal.
Fue el pasado 28 de enero cuando Ábalos renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados. Este movimiento no afectó a la pieza relativa a la compra de mascarillas durante la pandemia, ya que el Supremo había dictado el auto de apertura de pieza oral; la otra pieza, en la que se investiga el cobro de comisiones a cambio de amaños de contratos de obra públicas, sí se ha visto afectada, porque el alto tribunal ha perdido la competencia para investigar el asunto y lo ha dejado en manos de la Audiencia Nacional, donde se investiga otra rama del denominado caso Koldo.
En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, García cuestiona si en este caso “es vinculante o no” el acuerdo del pleno del Supremo de 2 de diciembre de 2014 en el que se apoya el alto tribunal para seguir adelante con el juicio de las mascarillas. “Estos acuerdos sirven para unificar criterios internos y dar seguridad jurídica, pero no impiden que el tribunal realice un examen de oficio de su propia competencia en cada caso concreto según las circunstancias”, apunta la letrada Leticia de la Hoz, a cargo de la defensa de García.
Así las cosas, sostiene que “la competencia debe ajustarse a la ley, no solo al acuerdo”. En este sentido, insiste en que dicho acuerdo “es una guía doctrinal para evitar la arbitrariedad, pero no es una norma jurídica que impida al tribunal decidir lo contrario si la ley o las circunstancias del caso así lo exigen”.
Por ello, considera que “debe volverse a la postura anterior” del Supremo que “permitía la pérdida de la competencia en cualquier momento anterior al juicio oral en el sentido estricto”.
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