Los cuatro últimos pactos de gobierno de PP y Vox en las comunidades donde se han celebrado elecciones comparten un mismo punto. “No más menores no acompañados”. Así lo acordaron ambas formaciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. En el resto de territorios donde los populares mandan en solitario, además, la resistencia a acoger más niños y jóvenes extranjeros es total bajo el pretexto de que los recursos están ya desbordados, y también con los ultras presionando desde la derecha.
Los líderes del Partido Popular aseguran que cumplirán la ley pese a estar en contra y a los acuerdos firmados; los niños y jóvenes extranjeros han seguido llegando a la Península al menos hasta mediados de julio
Los cuatro últimos pactos de gobierno de PP y Vox en las comunidades donde se han celebrado elecciones comparten un mismo punto. “No más menores no acompañados”. Así lo acordaron ambas formaciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. En el resto de territorios donde los populares mandan en solitario, además, la resistencia a acoger más niños y jóvenes extranjeros es total bajo el pretexto de que los recursos están ya desbordados, y también con los ultras presionando desde la derecha.
Sin embargo, pese a las declaraciones políticas en público, la derivación de los menores migrantes desde Ceuta a la Península ha seguido funcionando fuera de los focos mediáticos hasta mediados de julio. Días después, se desató la gran crisis humanitaria en la ciudad autónoma con la entrada de 72.000 personas y la consiguiente llegada de más de un millar de menores, que ha excedido con creces los medios del Ejecutivo ceutí. Su presidente, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, clama “socorro” mientras, enfrente, Santiago Abascal aprieta exigiendo no destinar ni un euro para estos chicos. Todos esos elementos nacidos de la emergencia ponen a prueba el segundo matrimonio de conveniencia de PP y Vox en los recientes gobiernos autonómicos, tras un primero que acabó abruptamente en verano de 2024 cuando el líder de Vox dio la orden de romper todos los acuerdos con la excusa de que los populares aceptaban el reparto no obligatorio de 345 menores migrantes.
Hoy Ceuta está atendiendo en este momento a 1.200 menores migrantes, según su presidente Vivas, muy por encima de sus 29 plazas disponibles de ordinario. Presidentes autonómicos del PP reconocen en privado que cumplirán la ley que les obliga a la acogida de los menores, aunque peleen contra la norma con uñas y dientes en la línea de los pactos suscritos con Vox. “Cumpliremos la ley y los acuerdos firmados”, señala un presidente autonómico. “Los decretos se impugnan y se pueden parar”, añade otro. En público, portavoces del Partido Popular de otros territorios han recibido con todo el recelo la noticia de nuevas derivaciones, pero tampoco se han opuesto de plano. “Lo valoraremos todo”, dijo este miércoles la consejera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana, Elena Albalat. “Eso lo hablaremos”, expresó el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, que asumió que “habrá que atenderlos”.
En cuanto a la posición de Génova, Alberto Núñez Feijóo evitó responder cuando fue preguntado el sábado, durante su visita a Ceuta. También su secretario general, Miguel Tellado, este martes. “No tiene nada que ver con situaciones anteriores, no es una crisis migratoria, es una crisis de seguridad”, afirmó el número dos de Feijóo. Sin embargo, con el paso de los días, la dirección nacional ha pasado del silencio oficial a clarificar su posición, y además en el mismo sentido al que apuntan los dirigentes territoriales: asumirán el acogimiento, aunque lo combatan. “Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Lo que no van a hacer es aceptar las consecuencias de la irresponsabilidad de un Gobierno que ha llevado a miles de niños a jugarse la vida”, resumió Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, “Ese reparto, en caso de producirse, tendrá que ser justo, con datos, bien dotado, planificado y con el Gobierno de España asumiendo la responsabilidad”, añadió Ezcurra al día siguiente.
El mecanismo de derivación de menores extranjeros no acompañados se reguló en marzo del año pasado a través del decreto 2/2025 de “medidas urgentes para la protección de la infancia y la adolescencia migrante, modificando la ley de extranjería y estableciendo criterios de reubicación”. En él se establece una tabla de datos que adjudica a cada comunidad un determinado número de plazas y que entró en funcionamiento el pasado agosto. La lista se estableció en función de las capacidades de cada territorio, que estableció el Ministerio de Juventud y que se tradujo en un número determinado de estos niños y adolescentes, cuya tutela compete a las autonomías como cualquier otro menor de edad que esté en suelo español. Desde que el mecanismo empezó a funcionar y hasta mediados del mes pasado, más de 1.750 menores han sido realojados en comunidades de la península o Baleares desde Canarias, Ceuta y Melilla, según fuentes del gobierno ceutí. Por tanto, y pese a las declaraciones de muchos cargos públicos, el sistema ha estado funcionando.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará a Ceuta el viernes con “el objetivo de activar todos los mecanismos disponibles para dar una acogida digna a todos estos niños, niñas y adolescentes”. A su vez, la responsable de Migración, Elma Saiz, ha anunciado 25 millones de euros salidos del Gobierno central para dar respuesta a la situación extraordinaria de los menores en la ciudad autónoma. La Moncloa informó este miércoles de que 528 menores que llegaron el pasado jueves ya han sido identificados por la policía y trasladados a centros de la ciudad autónoma, pero que todavía hay menores que permanecen en las calles. “Vamos a reforzar la oficina de extranjería de la delegación del Gobierno para poder tramitar cuanto antes los expedientes”, avanzó el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
Tras los últimos pactos, los ultras tienen las competencias sobre los menores migrantes en tres comunidades: Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde sus consejeros están al frente de esa cartera. Y desde donde han ido aprobando medidas muy controvertidas, como la supresión de la asignación personal de 17 euros que recibían los menores extranjeros no acompañados residentes en Aragón. La dirección nacional de Vox ha salido en tromba contra los anuncios de La Moncloa sobre Ceuta. “Los ha enviado Marruecos en un acto de guerra sin precedentes, con la sumisión de Sánchez, que no protege nuestras fronteras. Los falsos menas, deportados; y los niños, a casa con sus padres. ¡El dinero de los españoles, para los españoles!“, proclama la formación Vox en un comunicado. ”Ni un euro de los españoles para menas, para ilegales, para invasores, para mafias del tráfico de personas, para Marruecos. Para NADA que no sea el bienestar de los españoles», proclamó Abascal.
En la memoria reciente está la mencionada ruptura de hace dos años de Vox con el PP en cinco gobiernos autonómicos después de que los populares aceptaran el reparto no obligatorio de menores migrantes. Pero el de ahora es un momento político muy distinto, y también lo son las circunstancias que rodean a esta crisis humanitaria de Ceuta, por lo que, según fuentes consultadas, Vox no se plantea llegar a ese escenario por más que la coyuntura pueda generar tensiones y sobre todo servir a la extrema derecha para amplificar su mensaje. De hecho, en la Junta de Extremadura —que el martes pasado ya anunció que irá a los tribunales contra el mecanismo legal de reparto—, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox, cargó este martes contra el Gobierno por asegurar que en Extremadura hay 257 plazas disponibles y alegó que son muchas menos (12). Pese a ello, no dijo que esas 12 no fueran a ponerse a disposición de los menores.
