El PP ha aprovechado este jueves el último pleno en la Asamblea de Madrid antes de las elecciones del 29 de noviembre para sacar adelante la ley del suelo con el apoyo de Vox, una norma con la que pretende agilizar el cambio de uso de suelo y fomentar la construcción como solución a la crisis de vivienda que, en última instancia, ha sido lo que ha desencadenado la convocatoria a las urnas. Más Madrid y PSOE, por su parte, la rechazan por abrir una puerta todavía más grande, según ellos, a los pelotazos urbanísticos.
Ayuso, con el apoyo de Vox, saca adelante una norma con la que pretenden agilizar los cambios de uso de suelo. La oposición cree que se abre la puerta a la especulación

Mariscal (EFE)
El PP ha aprovechado este jueves el último pleno en la Asamblea de Madrid antes de las elecciones del 29 de noviembre para sacar adelante la ley del suelo con el apoyo de Vox, una norma con la que pretende agilizar el cambio de uso de suelo y fomentar la construcción como solución a la crisis de vivienda que, en última instancia, ha sido lo que ha desencadenado la convocatoria a las urnas. Más Madrid y PSOE, por su parte, la rechazan por abrir una puerta todavía más grande, según ellos, a los pelotazos urbanísticos.
El PP no necesitaba el apoyo de nadie, le bastaba con hacer valer su mayoría absoluta, pero el de Vox es un respaldo a semanas de que quizá sus líderes a nivel nacional se tengan que sentar en una mesa para formar Gobierno, en caso de que el bloque de derechas supere al de izquierdas. La intención de la ley es simplificar las categorías del suelo o la ampliación de la declaración responsable. Los tiempos de tramitación de un Plan General, por ejemplo, se reducen de 12 a 4 años. El Ministerio de Vivienda ha presentado alegaciones aduciendo que puede favorecer la especulación, ya que los planes, ahora, podrán ser tramitados por particulares, además de las administraciones.
Para Ayuso y los suyos, este es el camino para tratar de solucionar los graves problemas de acceso a la vivienda que hay en España y, especialmente, en ciudades grandes como Madrid. La normativa ha incorporado alegaciones de urbanistas, ecologistas y asociaciones de vecinos. Según el Gobierno de Ayuso, han añadido un 36% de las ideas que les han propuesto.
El equipo de Ayuso valora que también se simplifique la clasificación del suelo. Eran cinco y ahora quedan en tres: urbanizado, rural protegido y rural no protegido. A este nuevo reglamento se oponen diversos colectivos que han creado la Plataforma Madrid contra la ley Líder para advertir a la población de que esta ley “es otra vuelta de tuerca en desregulación y privatización de las políticas de suelo”.
Hay una tensión evidente entre la manera que propone el PP y la que le gustaría a la oposición y a varias asociaciones. El responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), Quique Villalobos, explica que se trata de “una versión 2.0 de la ley de 1998 de Aznar, la del todo urbanizable”. “Creo que ya sabemos las implicaciones tan negativas que tuvo aquella ley con la posterior burbuja y con no ofrecer vivienda a la gente que más lo necesita”, remacha.
En su momento, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, consideró que se trataba de una forma de “cambiar el paradigma del urbanismo madrileño”. Lo hace evolucionando desde “un modelo más rígido” a otro más flexible en el que se estudian más propuestas concretas. Los ecologistas lo ven como un subterfugio que permitirá que terreno protegido pase a urbanizable sin tantos controles.
