La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera judicial, ha expresado al Parlamento Europeo su “preocupación” por lo que considera un “deterioro del Estado de derecho en España” debido a un empeoramiento del “clima institucional” y de “la percepción pública sobre la independencia judicial”, según ha informado en un comunicado
La APM denuncia un empeoramiento del “clima institucional” y apunta a la condena del ex fiscal general del Estado
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera judicial, ha expresado al Parlamento Europeo su “preocupación” por lo que considera un “deterioro del Estado de derecho en España” debido a un empeoramiento del “clima institucional” y de “la percepción pública sobre la independencia judicial”, según ha informado en un comunicado
La asociación judicial, de corte conservador, ha comparecido ante el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales de la Eurocámara, “para exponer su valoración sobre la situación de la Justicia española en 2025”, en el marco de los contactos habituales con eurodiputados con los principales actores del sector para elaborar el informe anual sobre España.
Entre otras cuestiones, la APM ha mencionado “el impacto institucional” de la condena a dos años de inhabilitación para el cargo y al pago de 17.200 euros que el Tribunal Supremo impuso al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Además, la APM ha indicado que los eurodiputados se han interesado por “el papel y los límites funcionales del Tribunal Constitucional en relación con la jurisdicción ordinaria”, en cuya cúspide se sitúa el Supremo, y el Derecho de la UE, por cuyo cumplimiento vela el Tribunal de Justicia de la UE.
También les han preguntado sobre “el modelo de acceso a la carrera judicial”, que el Gobierno pretende reformar. La APM les ha transmitido su “preocupación” por dicha reforma, que afectará igualmente al acceso a la carrera fiscal. Esta y otras asociaciones (la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente) recelan de dicha reforma porque creen que supondrá rebajar la exigencia en el proceso de oposiciones, así como por la regularización de jueces sustitutos, al considerar que abre una “puerta de atrás”. Juezas y Jueces para la Democracia, por su parte, ve en la reforma un paso adelante, si bien también observó deficiencias en el proceso de regularización de jueces sustitutos.
En la misma línea, la APM ha advertido sobre “los riesgos derivados de reformas organizativas sin inversión proporcional”, poniendo el foco en “las serias disfunciones que está generando la implantación de los tribunales de instancia”. Sobre esto, ha subrayado que, “sin una inversión adecuada y una planificación suficiente, están provocando problemas organizativos, sobrecarga y un deterioro del servicio al ciudadano”. Para la APM, “pese a las numerosas reformas aprobadas en los últimos años, no se han consolidado mejoras estructurales”.
JJpD denuncia ataques políticos
En el marco de estos mismos contactos, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se ha reunido con representantes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. En su caso, ha denunciado “los distintos ataques de responsables políticos que no constituyen crítica a la labor judicial, sino intento de desacreditar al Poder Judicial, como es el significativo caso de los que sufre la jueza de instrucción que trata de determinar responsabilidades por las inundaciones que produjo la Dana en Valencia o la persistente campaña de desprestigio contra el Tribunal Constitucional”.
Además, en su propio comunicado, la asociación progresista ha puesto de relieve que “aún están pendientes de aplicación algunas medidas que distintos organismos internacionales han sugerido, como la reducción de los casos de aforamiento”.
Por otro lado, ha asegurado a los eurodiputados que “la independencia judicial está garantizada en España, sin que se encuentre en peligro, como demuestran las múltiples investigaciones que se realizan sin novedad en ámbitos diversos, como el político, económico o social”.
JJpD ha sostenido que se han hecho “algunos avances” para reforzarla, como la presentación del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que plantea que las investigaciones penales pasen de los jueces a los fiscales, porque “separa con claridad la función de investigación y las de garantía”; “la previsible mejora de la carga trabajo de la judicatura con la creación este año de 500 nuevas plazas nuevas en los tribunales, y otras tantas en 2027; o el proyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para evitar la coincidencia del mandato del fiscal general del Estado con la del Gobierno que lo designa”.
