El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que acumula tres sentencias a un total de 24 años de prisión, esquiva una nueva condena de cárcel. La Audiencia Nacional ha absuelto al antiguo agente de la Policía de otros tres delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción por ejecutar el llamado Proyecto Saving, un encargo de espionaje financiado en 2011 por el fallecido empresario José Moya, expresidente de la compañía Persan.
El tribunal concluye que no se ha demostrado que el comisario se valiese de su cargo para acceder a datos confidenciales por encargo del presidente de la empresa Persan
El tribunal concluye que no se ha demostrado que el comisario se valiese de su cargo para acceder a datos confidenciales por encargo del presidente de la empresa Persan
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que acumula tres sentencias a un total de 24 años de prisión, esquiva una nueva condena de cárcel. La Audiencia Nacional ha absuelto al antiguo agente de la Policía de otros tres delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción por ejecutar el llamado Proyecto Saving, un encargo de espionaje financiado en 2011 por el fallecido empresario José Moya, expresidente de la compañía Persan.
El tribunal considera acreditado que Moya pagó medio millón de euros a Villarejo para que, junto a su socio y abogado Rafael Redondo, recopilara información para resolver el conflicto que mantenía con la inmobiliaria Martinsa Fadesa, encabezada por el constructor Fernando Martín. Los magistrados dan por probado, incluso, que la trama se hizo con el tráfico de llamadas de varias víctimas. Pero, sin embargo, la Audiencia Nacional exculpa al comisario al concluir que su actuación no tenía relación con su cargo de funcionario y que no se ha demostrado que se valió de él para obtener datos confidenciales.
En su sentencia, de 124 páginas y fechada este martes, el tribunal descarta los delitos de cohecho, falsedad documental y descubrimiento y revelación de secretos. Por todos ellos, la Fiscalía pedía para Villarejo otra pena de 23 años y medio de prisión; y de 19 años para Redondo.
Para descartar el delito de cohecho, los magistrados exponen que la actuación de Villarejo solo perseguía obtener “unos intereses particulares lucrativos, mediante la realización de una investigación privada”, ajena a su puesto de comisario. Según ellos, ese encargo no guarda relación con las funciones públicas del agente, ni causó “menoscabo” a la Administración: “Todos los pagos respondieron a la prestación de servicios de carácter privado […] Estamos ante una actuación absolutamente privada”, reza la sentencia, firmada por los jueces Juan Francisco Martel, Javier Mariano Ballesteros y Francisco Segura.
Por su parte, para rechazar imponer una condena por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, la resolución argumenta que no ha quedado acreditado, “con el rigor que exige el proceso penal”, que Villarejo se valiera de su cargo para acceder al tráfico de llamadas de las personas a las que estaban investigando. “No se ha probado cómo se accedió a dichos tráficos de llamadas. No se puede presumir, en contra del reo, que el comisario acusado, por su condición de alto cargo policial, se prevaliera de su específica función pública para tal fin”, abunda el dictamen de la Audiencia Nacional, que añade que tampoco se ha demostrado que esos datos sensibles se cedieran a terceras personas.
En cuanto al delito de falsedad de documento mercantil por las facturas emitidas por los trabajos realizados por Villarejo, el tribunal considera que, aunque se alteraron los conceptos “por motivos de reserva o confidencialidad”, estas obedecen a “servicios privados realmente prestados”.
La sentencia explica que José Moya contrató a Villarejo para que investigara posibles irregularidades en el procedimiento concursal de Martinsa Fadesa, “cuyo conocimiento podría utilizar en una eventual negociación con Fernando Martín para recuperar la inversión que había realizado [en 2007] mediante la compra de acciones de la compañía” por valor de 100 millones de euros.
El caso Villarejo, que estalló en 2017, constituye una enrevesada madeja con decenas de líneas de investigación. La Audiencia Nacional ha celebrado ya cinco juicios contra el comisario jubilado. El primero (centrado en los proyectos de espionaje para empresas y particulares bautizados como Iron, Land y Pintor) se saldó con una pena inicial de 19 años de cárcel para el policía, rebajada el pasado septiembre a 13 años de reclusión. El tribunal le ha sentenciado igualmente a tres años y un día de prisión por haber ejecutado a principios de 2014 un encargo del Grupo Planeta para espiar a uno de los árbitros del laudo que tenía abierto con Kiss FM; y a otros ocho años por espiar para Repsol y Caixabank con el objetivo de actuar contra Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr, que pretendía hacerse en 2011 con el control de la petrolera tras un pacto con la mexicana Pemex. El cuarto juicio trató sobre el Proyecto Saving; y el quinto, cuya sentencia aún está pendiente de conocerse, versó sobre otro encargo que Villarejo recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico.
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Sobre la firma
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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