La convocatoria electoral anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, implica que decaen automáticamente todas las leyes que estuvieran en tramitación en las Cortes. Si la Cámara que surja de los comicios quiere retomarlas, tendría que partir de cero. Estas son las principales normas del área social cuya tramitación va a quedar sin efecto.
El anuncio de los comicios deja en suspenso medidas como la penalización de las terapias de conversión, la ley de trata o el freno al ‘greenwashing’
La convocatoria electoral anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, implica que decaen automáticamente todas las leyes que estuvieran en tramitación en las Cortes. Si la Cámara que surja de los comicios quiere retomarlas, tendría que partir de cero. Estas son las principales normas del área social cuya tramitación va a quedar sin efecto.
Ministerio de Educación
Ley de bajada de ratios. Una de las medidas centrales del Ejecutivo para mejorar la situación del profesorado era la bajada de las ratios, que el Gobierno llevó como proyecto de ley al Congreso hace un año, y con la que quería reducir de 30 a 25 el número máximo de alumnos por clase en la ESO, y de 25 a 22 en Primaria. El texto también contemplaba que los estudiantes con necesidades educativas especiales, como discapacidad o trastorno del espectro autista, pasaran a contar doble a efectos de calcular las ratios, entre otras medidas.
Educación también anunció en junio bajadas en el resto de etapas preuniversitarias, que en el caso de Infantil suponían un vuelco. El máximo de niños por docente en el aula de 0 años pasaba de 8 a 4; en la clase de 1 año se reducía de 13 a 6, y en la de 2 años, de 20 a 8. En el segundo ciclo de Infantil (el 3-6 años), la ratio bajaba de 25 a 20 niños. Y en Bachillerato, de 35 a 30 estudiantes. El Gobierno tenía previsto introducir el cambio en estas etapas no obligatorias a través de un decreto, aprovechando que no están reguladas ―como las de Primaria y la ESO― en la ley de educación. Este periódico ha preguntado este lunes al ministerio si espera que le dé tiempo a aprobar el decreto, y de momento no ha obtenido respuesta.
Ministerio de Igualdad
Ley de violencia vicaria machista. La más avanzada es la ley de violencia vicaria machista, “una de las formas más crueles y devastadoras de violencia de género, en la que se instrumentaliza a los hijos e hijas, u otras personas del entorno afectivo de la víctima, con el objetivo de causarle el mayor daño posible”, según la definió del último texto conocido, que salió el pasado julio en segunda vuelta del Consejo de Ministros para pasar a trámite parlamentario.
Ley de trata. Aún había posibilidades, por tiempos, de ser aprobada. Aunque la ley de trata lleva lleva cinco años entrando y saliendo de cajones y esta es la segunda vez que decae por convocatoria de elecciones. La última vez que el Gobierno anunció que la recuperaba fue en marzo de 2024 y durante estos más de dos años ha estado teniendo cambios. No se conoce aún el último texto que maneja el Ejecutivo, pero los detalles que adelantaron incluían el derecho de las víctimas a percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o ser consideradas como colectivo prioritario para acceder a una vivienda pública.
La penalización de las falsas terapias de conversión. En junio, el Congreso aprobó introducir un nuevo artículo en el Código Penal (el 173.bis), para castigar con prisión estas prácticas que buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género, descritas como tortura por la ONU. Esa modificación fue enviada al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, de tal manera que si es rechazada, debería regresar al Congreso.
Pacto de Estado contra los discursos de odio. Desde 2024 se está trabajando en la aprobación de este acuerdo, que busca atajar la base de la violencia contra las personas LGTBIQ+ así como otros colectivos en situación de vulnerabilidad. El PSOE se había propuesto sacarlo adelante este curso político ―en marzo contaban con una versión bastante avanzada del texto, rechazada de plano por la extrema derecha y mirada con reticencias por parte del PP―, pero ahora queda aplazado hasta después de las elecciones.
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
La ley de Familias. Fue aprobada la legislatura pasada y este Gobierno de coalición volvió a enviarla al Parlamento hace ya más de dos años. Y allí ha estado todo este tiempo, bloqueada, debido a la falta de apoyos. Es una norma que reconoce la diversidad de hogares que hay en España y mejora su protección. Entre otras medidas, crea un registro estatal de parejas de hecho y equipara a las familias monoparentales con dos hijos con las numerosas, por lo que podrían acceder al mismo nivel de ayudas.
Ley de Consumo Sostenible. Esta norma clave para el ministerio pretendía prohibir la publicidad de combustibles fósiles (como se hizo con el tabaco) y poner freno al ecopostureo —greenwashing, en inglés— eliminando eslóganes como “respetuoso con el medio ambiente”, “amigo del medio ambiente”, “verde”, “ecológico”. Recogía también la prohibición de la “publicidad del miedo” que suelen emplear empresas de seguridad o alarmas, favorece la reparación de electrodomésticos y veta la reduflación (reducir la cantidad de producto manteniendo el mismo precio) o que la reventa incremente el precio de las entradas más allá del IPC.
La legislación se encuentra ahora mismo en el Technical Regulation Information System (TRIS), el canal a través del que los Estados notifican a la Comisión Europea sus proyectos de leyes antes de aprobarlos. Cuando pase ese proceso, la deberá retomar el siguiente Gobierno, dado que es obligatorio para trasponer dos directivas europeas —aunque las medidas podrían cambiar— .
Ministerio de Sanidad
Ley de Pacientes. Es la norma que este ministerio tenía más esperanzas en aprobar por su consenso en un Congreso muy fragmentado. La legislación pretendía dar reconocimiento jurídico específico a las asociaciones de pacientes para garantizar su participación estable en órganos de gobernanza sanitaria.
Estatuto marco de los trabajadores sanitarios. Más complicada era la aprobación en el Congreso del estatuto marco de los trabajadores sanitarios, que pretendía sustituir a una ley en vigor desde 2003. Introducía diversas mejoras laborales apoyadas por los sindicatos mayoritarios, incluida una reducción de las guardias obligatorias de 24 a 17 horas. Los sindicatos médicos se oponían frontalmente a esta nueva norma y tenían convocado un paro para el próximo 23 de octubre. El comité de huelga se tendrá que reunir estos días para decidir si sigue adelante con la protesta.
Ley del Tabaco. Tampoco estaba claro que la Ley del Tabaco que actualizaba la vigente superara la tramitación parlamentaria. La norma prohibía el consumo de cualquier producto del tabaco a los menores, impedía hacerlo en terrazas y playas y equiparaba los vapeadores a los cigarrillos tradicionales. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de julio.
Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta ley también fue aprobada ese 21 de julio en Consejo de Ministros, y su objetivo era garantizar el acceso equitativo a los fármacos innovadores, asegurar el abastecimiento de medicamentos críticos y fortalecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre otras medidas, el texto preveía que dos medicamentos iguales pudieran competir por precio en las farmacias para fomentar el uso de los genéricos.
La Ley de gestión pública e integridad del SNS. Esta norma era una de las más simbólicas. Pretendía acabar con los conciertos sanitarios que no fueran imprescindibles, una medida que tenía muy difícil su aprobación.
Menores y alcohol. Otro proyecto de ley que queda en el tintero es el que prohibía el consumo de alcohol a menores y prohibía la publicidad de los destilados sin alcohol.
Ministerio de Juventud e Infancia
La ley de protección de los menores en el entorno digital. Se encontraba en plena tramitación parlamentaria, ya en fase de ponencia (cuando los grupos se reúnen a puerta cerrada para estudiar las enmiendas que se han presentado). Esta norma introducía medidas como la incorporación en el Código Penal de delitos como los deepfakes o ultrafalsificaciones (manipulación de imágenes o voces para que parezcan reales) y la prohibición de las redes para todos los menores de 16 años (a excepción de las que no provoquen efectos nocivos), algo que el Gobierno pretendía incorporar vía enmienda a esta normativa.
La reforma de la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Esta norma estaba pendiente de pasar por Consejo de Ministros en segunda lectura y tenía como objetivo ampliar la obligación de escuchar a los niños, independientemente de su edad, en cualquier procedimiento que les ataña, incluidos los judiciales (ahora mismo se garantiza que sean oídos si tienen la “suficiente madurez”, que en todo caso se considerará que han alcanzado ya al cumplir los 12).
Con información de Pablo León, Pablo Linde, Miguel Ángel Medina, María Sosa Troya, Isabel Valdés e Ignacio Zafra.
