Obtener un crédito para comprarse un coche, renovar la cocina o pagarse unas vacaciones será más difícil de conseguir por culpa de la regulación del Gobierno sobre los préstamos al consumo . Así lo aseguran las entidades financieras en la última edición de la Encuesta de Préstamos Bancarios , hecha pública por el Banco de España. En dicha encuesta, que rellenan más de una decena de los principales bancos españoles, se pregunta por el impacto de nuevas normativas en la política crediticia . Entre ellas, el anteproyecto de ley que regulará los créditos al consumo en España, que aunque no se menciona expresamente, es a la legislación a la que se está refiriendo, según las fuentes consultadas. La conclusión es que las entidades avisan de que la norma provocará restricciones a la hora de conceder este tipo de préstamos: «Las entidades anticipan que la normativa que se implementará este año podría propiciar un moderado endurecimiento de los criterios de concesión en el segmento de crédito al consumo». Los puntos espinosos de la legislación, que pasó por Consejo de Ministros a principios de enero, son varios pero en concreto destaca uno: el límite máximo al interés que puede cobrar el sector financiero en los créditos al consumo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo , explicó que habrá dos regímenes: uno general y otro para los microcréditos rápidos o de alto coste. Estos últimos son los más problemáticos y el Ejecutivo ha establecido cifras y condiciones más estrictas para tratar de ponerles coto.Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno limitará al 4% mensual el interés de los créditos rápidos Daniel Caballero Establece también que todos los prestamistas habrán de estar regulados y autorizados, para controlar mejor los microcréditosEn estos últimos, la normativa establece que el periodo mínimo de reembolso de estos créditos rápidos será de al menos tres cuotas mensuales, salvo que el consumidor decida amortizarlo antes; y además se limita el coste a un tipo de interés mensual del 4% (con otro límite relativo si el préstamo se alarga varios meses, para que la TAE no se dispare) y una comisión máxima del 5% sujeta a un tope de 30 euros. Aquí, además, se establecen normas de conducta estrictas para los prestamistas. En el caso del régimen general, es decir, todos aquellos créditos al consumo que no se consideran préstamos rápidos o de alto coste, también se establecen topes máximos, aunque en este caso el sistema es diferente. El límite general se fijará a partir del tipo de interés medio del crédito al consumo en un determinado periodo, al que se le añade un margen extra que se establece por tramos de importe del crédito. Por ejemplo, en términos prácticos, si el interés medio de los créditos superiores a 6.000 euros a un plazo de más de ocho años está en el 12%, el tipo de interés máximo al que se puede firmar un préstamo con estas características será del 18%.La nueva regulación establece dos regímenes distintos de créditos al consumo con topes máximos de interesesEl anteproyecto también contempla otras medidas para «proteger al consumidor» en términos de transparencia, publicidad, evaluación de solvencia o créditos vinculados a otros productos financieros como seguros. Más de 116.000 millones de eurosTodo ello genera un cóctel cuya consecuencia será un menor flujo de crédito hacia las familias para consumir, justo en el momento en que este tipo de financiación está creciendo de forma más relevante en los últimos años. A cierre de diciembre, los créditos al consumo suponían 116.067 millones de euros , habiendo crecido un 11,9% en términos interanuales. De hecho, venimos de cuatro meses consecutivos de crecimiento a doble dígito, algo que no se veía desde antes de la pandemia. Fuentes financieras critican la excesiva intervención del Gobierno con esta norma en la actividad de crédito del sector, precisamente en un gremio que ya está ampliamente regulado y supervisado . Otras fuentes bancarias replican al Ejecutivo que en lo que tiene que ver con la evaluación de solvencia, el apoyo a consumidores en apuros o políticas de renegociación, que se endurecen, el sector «ya cuenta con firmes políticas y procedimientos para facilitar la renegociación/refinanciación de los consumidores (y de los consumidores con dificultades) y la concesión del crédito desde el sector siempre se ha basado en una evaluación rigurosa de la capacidad de pago del consumidor». Al mismo tiempo, añaden que los bancos ya cumplen «medidas estrictas y normativa sectorial» sobre conducta y préstamos responsables.Los bancos creen que hay puntos de la normativa, que proviene de una directiva europea, que serán positivos. El anteproyecto impone la reserva de actividad para conceder créditos, lo que significa que todo aquel que quiera ser prestamista deberá estar regulado, autorizado e inscrito en los registros del Banco de España . El sector financiero destaca que esto conllevará «una mayor protección al consumidor e iguala el tratamiento de todo aquel que concede crédito al consumo». La banca sí celebra que todos los prestamistas deban estar regulados y autorizados por el Banco de EspañaMás allá de la banca tradicional, algunas patronales financieras también han mostrado dudas sobre cómo se ha elaborado el anteproyecto de ley. La Asociación Española de Micropréstamos , cuya actividad es la que se ve más acotada, advierte de que «una sobrerregulación puede ser contraproducente» y provocar que haya consumidores que vayan a mercados más oscuros en busca de crédito. «La asociación considera que si se tensiona en exceso el marco regulatorio existe el riesgo de reducir la oferta formal y desplazar a parte de los consumidores hacia operadores no supervisados», alertan. Por su parte, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) ha transmitido a Economía que es necesario «refinar» los límites a los intereses. «Para que el sistema funcione y no genere exclusión financiera, es vital que los límites se basen en una categorización granular de productos que eviten topes rígidos que no reflejarían el coste real del riesgo por cada producto, además de una importante labor de educación financiera», apuntan desde organización, al tiempo que reclaman «seguridad jurídica».Otras organizaciones como la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) se han pronunciado en una línea similar al resto de patronales. En su caso, manifiestan «preocupación» por elementos del anteproyecto como «el establecimiento de determinados topes que podrían resultar incompatibles con muchos modelos de negocio». Con esto se refieren a que podrían afectar a la viabilidad de ciertas pequeñas entidades del ámbito de las fintech, ante lo que reclaman un análisis más riguroso del problema. Obtener un crédito para comprarse un coche, renovar la cocina o pagarse unas vacaciones será más difícil de conseguir por culpa de la regulación del Gobierno sobre los préstamos al consumo . Así lo aseguran las entidades financieras en la última edición de la Encuesta de Préstamos Bancarios , hecha pública por el Banco de España. En dicha encuesta, que rellenan más de una decena de los principales bancos españoles, se pregunta por el impacto de nuevas normativas en la política crediticia . Entre ellas, el anteproyecto de ley que regulará los créditos al consumo en España, que aunque no se menciona expresamente, es a la legislación a la que se está refiriendo, según las fuentes consultadas. La conclusión es que las entidades avisan de que la norma provocará restricciones a la hora de conceder este tipo de préstamos: «Las entidades anticipan que la normativa que se implementará este año podría propiciar un moderado endurecimiento de los criterios de concesión en el segmento de crédito al consumo». Los puntos espinosos de la legislación, que pasó por Consejo de Ministros a principios de enero, son varios pero en concreto destaca uno: el límite máximo al interés que puede cobrar el sector financiero en los créditos al consumo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo , explicó que habrá dos regímenes: uno general y otro para los microcréditos rápidos o de alto coste. Estos últimos son los más problemáticos y el Ejecutivo ha establecido cifras y condiciones más estrictas para tratar de ponerles coto.Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno limitará al 4% mensual el interés de los créditos rápidos Daniel Caballero Establece también que todos los prestamistas habrán de estar regulados y autorizados, para controlar mejor los microcréditosEn estos últimos, la normativa establece que el periodo mínimo de reembolso de estos créditos rápidos será de al menos tres cuotas mensuales, salvo que el consumidor decida amortizarlo antes; y además se limita el coste a un tipo de interés mensual del 4% (con otro límite relativo si el préstamo se alarga varios meses, para que la TAE no se dispare) y una comisión máxima del 5% sujeta a un tope de 30 euros. Aquí, además, se establecen normas de conducta estrictas para los prestamistas. En el caso del régimen general, es decir, todos aquellos créditos al consumo que no se consideran préstamos rápidos o de alto coste, también se establecen topes máximos, aunque en este caso el sistema es diferente. El límite general se fijará a partir del tipo de interés medio del crédito al consumo en un determinado periodo, al que se le añade un margen extra que se establece por tramos de importe del crédito. Por ejemplo, en términos prácticos, si el interés medio de los créditos superiores a 6.000 euros a un plazo de más de ocho años está en el 12%, el tipo de interés máximo al que se puede firmar un préstamo con estas características será del 18%.La nueva regulación establece dos regímenes distintos de créditos al consumo con topes máximos de interesesEl anteproyecto también contempla otras medidas para «proteger al consumidor» en términos de transparencia, publicidad, evaluación de solvencia o créditos vinculados a otros productos financieros como seguros. Más de 116.000 millones de eurosTodo ello genera un cóctel cuya consecuencia será un menor flujo de crédito hacia las familias para consumir, justo en el momento en que este tipo de financiación está creciendo de forma más relevante en los últimos años. A cierre de diciembre, los créditos al consumo suponían 116.067 millones de euros , habiendo crecido un 11,9% en términos interanuales. De hecho, venimos de cuatro meses consecutivos de crecimiento a doble dígito, algo que no se veía desde antes de la pandemia. Fuentes financieras critican la excesiva intervención del Gobierno con esta norma en la actividad de crédito del sector, precisamente en un gremio que ya está ampliamente regulado y supervisado . Otras fuentes bancarias replican al Ejecutivo que en lo que tiene que ver con la evaluación de solvencia, el apoyo a consumidores en apuros o políticas de renegociación, que se endurecen, el sector «ya cuenta con firmes políticas y procedimientos para facilitar la renegociación/refinanciación de los consumidores (y de los consumidores con dificultades) y la concesión del crédito desde el sector siempre se ha basado en una evaluación rigurosa de la capacidad de pago del consumidor». Al mismo tiempo, añaden que los bancos ya cumplen «medidas estrictas y normativa sectorial» sobre conducta y préstamos responsables.Los bancos creen que hay puntos de la normativa, que proviene de una directiva europea, que serán positivos. El anteproyecto impone la reserva de actividad para conceder créditos, lo que significa que todo aquel que quiera ser prestamista deberá estar regulado, autorizado e inscrito en los registros del Banco de España . El sector financiero destaca que esto conllevará «una mayor protección al consumidor e iguala el tratamiento de todo aquel que concede crédito al consumo». La banca sí celebra que todos los prestamistas deban estar regulados y autorizados por el Banco de EspañaMás allá de la banca tradicional, algunas patronales financieras también han mostrado dudas sobre cómo se ha elaborado el anteproyecto de ley. La Asociación Española de Micropréstamos , cuya actividad es la que se ve más acotada, advierte de que «una sobrerregulación puede ser contraproducente» y provocar que haya consumidores que vayan a mercados más oscuros en busca de crédito. «La asociación considera que si se tensiona en exceso el marco regulatorio existe el riesgo de reducir la oferta formal y desplazar a parte de los consumidores hacia operadores no supervisados», alertan. Por su parte, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) ha transmitido a Economía que es necesario «refinar» los límites a los intereses. «Para que el sistema funcione y no genere exclusión financiera, es vital que los límites se basen en una categorización granular de productos que eviten topes rígidos que no reflejarían el coste real del riesgo por cada producto, además de una importante labor de educación financiera», apuntan desde organización, al tiempo que reclaman «seguridad jurídica».Otras organizaciones como la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) se han pronunciado en una línea similar al resto de patronales. En su caso, manifiestan «preocupación» por elementos del anteproyecto como «el establecimiento de determinados topes que podrían resultar incompatibles con muchos modelos de negocio». Con esto se refieren a que podrían afectar a la viabilidad de ciertas pequeñas entidades del ámbito de las fintech, ante lo que reclaman un análisis más riguroso del problema.
Obtener un crédito para comprarse un coche, renovar la cocina o pagarse unas vacaciones será más difícil de conseguir por culpa de la regulación del Gobierno sobre los préstamos al consumo. Así lo aseguran las entidades financieras en la última edición de la Encuesta … de Préstamos Bancarios, hecha pública por el Banco de España.
En dicha encuesta, que rellenan más de una decena de los principales bancos españoles, se pregunta por el impacto de nuevas normativas en la política crediticia. Entre ellas, el anteproyecto de ley que regulará los créditos al consumo en España, que aunque no se menciona expresamente, es a la legislación a la que se está refiriendo, según las fuentes consultadas. La conclusión es que las entidades avisan de que la norma provocará restricciones a la hora de conceder este tipo de préstamos: «Las entidades anticipan que la normativa que se implementará este año podría propiciar un moderado endurecimiento de los criterios de concesión en el segmento de crédito al consumo».
Los puntos espinosos de la legislación, que pasó por Consejo de Ministros a principios de enero, son varios pero en concreto destaca uno: el límite máximo al interés que puede cobrar el sector financiero en los créditos al consumo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó que habrá dos regímenes: uno general y otro para los microcréditos rápidos o de alto coste. Estos últimos son los más problemáticos y el Ejecutivo ha establecido cifras y condiciones más estrictas para tratar de ponerles coto.
En estos últimos, la normativa establece que el periodo mínimo de reembolso de estos créditos rápidos será de al menos tres cuotas mensuales, salvo que el consumidor decida amortizarlo antes; y además se limita el coste a un tipo de interés mensual del 4% (con otro límite relativo si el préstamo se alarga varios meses, para que la TAE no se dispare) y una comisión máxima del 5% sujeta a un tope de 30 euros. Aquí, además, se establecen normas de conducta estrictas para los prestamistas.
En el caso del régimen general, es decir, todos aquellos créditos al consumo que no se consideran préstamos rápidos o de alto coste, también se establecen topes máximos, aunque en este caso el sistema es diferente. El límite general se fijará a partir del tipo de interés medio del crédito al consumo en un determinado periodo, al que se le añade un margen extra que se establece por tramos de importe del crédito. Por ejemplo, en términos prácticos, si el interés medio de los créditos superiores a 6.000 euros a un plazo de más de ocho años está en el 12%, el tipo de interés máximo al que se puede firmar un préstamo con estas características será del 18%.
La nueva regulación establece dos regímenes distintos de créditos al consumo con topes máximos de intereses
El anteproyecto también contempla otras medidas para «proteger al consumidor» en términos de transparencia, publicidad, evaluación de solvencia o créditos vinculados a otros productos financieros como seguros.
Más de 116.000 millones de euros
Todo ello genera un cóctel cuya consecuencia será un menor flujo de crédito hacia las familias para consumir, justo en el momento en que este tipo de financiación está creciendo de forma más relevante en los últimos años. A cierre de diciembre, los créditos al consumo suponían 116.067 millones de euros, habiendo crecido un 11,9% en términos interanuales. De hecho, venimos de cuatro meses consecutivos de crecimiento a doble dígito, algo que no se veía desde antes de la pandemia.
Evolución del crédito
al consumo en España
Préstamos de entidades de crédito
para consumo
116.067
Saldo
(millones €)
106.251
102.954
98.760
Tasa
interanual
(%)
Fuente: Banco de España / ABC
Evolución del crédito al consumo en España
Préstamos de entidades de crédito para consumo
Saldo
(millones €)
120.000
116.067
106.251
102.954
98.760
100.000
Tasa interanual (%)
80.000
Fuente: Banco de España / ABC
Fuentes financieras critican la excesiva intervención del Gobierno con esta norma en la actividad de crédito del sector, precisamente en un gremio que ya está ampliamente regulado y supervisado. Otras fuentes bancarias replican al Ejecutivo que en lo que tiene que ver con la evaluación de solvencia, el apoyo a consumidores en apuros o políticas de renegociación, que se endurecen, el sector «ya cuenta con firmes políticas y procedimientos para facilitar la renegociación/refinanciación de los consumidores (y de los consumidores con dificultades) y la concesión del crédito desde el sector siempre se ha basado en una evaluación rigurosa de la capacidad de pago del consumidor». Al mismo tiempo, añaden que los bancos ya cumplen «medidas estrictas y normativa sectorial» sobre conducta y préstamos responsables.
Los bancos creen que hay puntos de la normativa, que proviene de una directiva europea, que serán positivos. El anteproyecto impone la reserva de actividad para conceder créditos, lo que significa que todo aquel que quiera ser prestamista deberá estar regulado, autorizado e inscrito en los registros del Banco de España. El sector financiero destaca que esto conllevará «una mayor protección al consumidor e iguala el tratamiento de todo aquel que concede crédito al consumo».
La banca sí celebra que todos los prestamistas deban estar regulados y autorizados por el Banco de España
Más allá de la banca tradicional, algunas patronales financieras también han mostrado dudas sobre cómo se ha elaborado el anteproyecto de ley. La Asociación Española de Micropréstamos, cuya actividad es la que se ve más acotada, advierte de que «una sobrerregulación puede ser contraproducente» y provocar que haya consumidores que vayan a mercados más oscuros en busca de crédito. «La asociación considera que si se tensiona en exceso el marco regulatorio existe el riesgo de reducir la oferta formal y desplazar a parte de los consumidores hacia operadores no supervisados», alertan.
Por su parte, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) ha transmitido a Economía que es necesario «refinar» los límites a los intereses. «Para que el sistema funcione y no genere exclusión financiera, es vital que los límites se basen en una categorización granular de productos que eviten topes rígidos que no reflejarían el coste real del riesgo por cada producto, además de una importante labor de educación financiera», apuntan desde organización, al tiempo que reclaman «seguridad jurídica».
Otras organizaciones como la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) se han pronunciado en una línea similar al resto de patronales. En su caso, manifiestan «preocupación» por elementos del anteproyecto como «el establecimiento de determinados topes que podrían resultar incompatibles con muchos modelos de negocio». Con esto se refieren a que podrían afectar a la viabilidad de ciertas pequeñas entidades del ámbito de las fintech, ante lo que reclaman un análisis más riguroso del problema.
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