José María Sánchez, el diputado ultra de Vox que la semana pasada increpó en la tribuna principal de las Cortes al en ese momento presidente en funciones del Congreso, volverá este martes a su escaño en el pleno sin más sanciones, según distintas fuentes parlamentarias consultadas. El PSOE pretendía que la Mesa del Congreso alargara la suspensión de sus funciones como diputado al menos un mes, pero esa pretensión quedará en nada porque ni el Reglamento interno contiene un apartado preciso que contemple el castigo para su actitud y porque hay precedentes, con sentencias del Tribunal Constitucional, que protegen más los derechos de diputados autonómicos en esa situación que la mala educación, que no se considera de la “máxima gravedad”.
La Mesa no encuentra en el Reglamento y en precedentes que llegaron al Constitucional cómo ampliar la sanción al parlamentario de Vox que faltó el respeto a la Presidencia de las Cortes
José María Sánchez, el diputado ultra de Vox que la semana pasada increpó en la tribuna principal de las Cortes al en ese momento presidente en funciones del Congreso, volverá este martes a su escaño en el pleno sin más sanciones, según distintas fuentes parlamentarias consultadas. El PSOE pretendía que la Mesa del Congreso alargara la suspensión de sus funciones como diputado al menos un mes, pero esa pretensión quedará en nada porque ni el Reglamento interno contiene un apartado preciso que contemple el castigo para su actitud y porque hay precedentes, con sentencias del Tribunal Constitucional, que protegen más los derechos de diputados autonómicos en esa situación que la mala educación, que no se considera de la “máxima gravedad”.
Distintos cargos del grupo parlamentario socialista y ministros del Gobierno denunciaron la semana pasada la inédita actitud violenta y amenazante del diputado ultra José María Sánchez, que llegó a acceder a la tribuna principal del Congreso para increpar al en ese momento presidente en funciones de la Cámara baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la tercera autoridad del Estado. Gómez de Celis llegó a manifestar públicamente que creyó, por momentos, que el parlamentario de Vox le iba a agredir.
José María Sánchez accedió durante el pleno del martes pasado hasta esa zona del hemiciclo, sin tener el uso de la palabra ni estar interviniendo, para protestar airadamente por haber recibido insultos en su escaño de un diputado de ERC y para reclamar alguna actuación de la Presidencia. El presidente en funciones, que no había escuchado nada, requirió a Sánchez, primero, que no molestase a la letrada que coordinaba jurídicamente la sesión y luego le exigió hasta en tres ocasiones que abandonase esa zona hasta su expulsión, como prevé el Reglamento del Congreso.
La escena fue de tal gravedad que rápidamente concitó un debate sobre si la sanción aplicada había sido suficiente. Vox echó la culpa de todo a la Presidencia, en el PP en público se optó por pasar página y restarle importancia, aunque algunos diputados sí respaldaron al socialista Gómez de Celis y deploraron la actitud del parlamentario ultra, con el que han tenido trifulcas en el pasado. El PSOE anunció que reclamaría un castigo mayor y la Mesa postergó su estudio hasta este martes, pero fuentes parlamentarias apuntan a que no habrá posibilidad de aplicarle las sanciones más graves previstas en la norma.
La Presidencia ha consultado con los letrados del Congreso y ha constatado que los precedentes de diputados autonómicos, expulsados y sancionados con un mes de suspensión de sus funciones, por situaciones similares, han recibido el amparo en sus recursos hasta del Tribunal Constitucional. El caso más mencionado lo protagonizó en el Parlamento de Galicia el histórico dirigente del BNG, Xosé Manuel Beiras, que acaba de cumplir 90 años.
Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 1993 durante una reunión de la comisión de Modificación del Reglamento del Parlamento gallego. Beiras se extendió en el uso de la palabra, el presidente de la comisión se lo advirtió sucesivamente y a la tercera ocasión, tras no atender sus avisos, le expulsó y hasta le amenazó con suspender durante un mes en razón del artículo 108 de ese Parlamento. Beiras recurrió, pidió amparo y el Constitucional sentenció el 20 de noviembre de 1995 dándole la razón, con algunos matices, en lo fundamental y estableciendo un precedente que se ha revisado estos días.
El Constitucional no cuestionó la expulsión de Beiras por su negativa a dejar de hablar, tras ser alertado tres veces, ni consideró relevante que el presidente de aquella comisión fuera también el que presidiera luego la reunión para castigarle, pero sí que no hubiera tomado la decisión de ampliar el castigo un mes en aquel momento y también que le aplicara la pena prevista para casos de indisciplina graves. El tribunal acepta que la rebeldía de Beiras causó “desorden” y trastorno en el debate pero le parece “claro” que los desórdenes graves que figuran en el Reglamento deberían ser “de otra naturaleza: manifestaciones en el recinto parlamentario, agresiones, etcétera”.
En la Asamblea de Cantabria, durante un pleno que se celebró el 25 de febrero de 1988, un diputado se dirigió al presidente de la Cámara para denunciar que le habían llamado “chulo” pero el presidente no lo escuchó y expulsó a los afectados, un consejero y el presidente regional entonces, unos días más tarde.
Otro supuesto parecido ocurrió en la Asamblea de Madrid, durante un pleno el 9 de mayo de 2013, en el que intervenía la socialista Menéndez González-Palenzuela, que llamó “corrupto” al presidente regional y lo vinculó a la trama Gürtel. Fue llamada al orden y no se retractó. Fue expulsada y se marchó, acompañada de todo el grupo socialista. La ampliación de la sanción se aprobó más tarde. El Constitucional, en abril de 2016, la amparó y concluyó de nuevo que la reconvención no se aplicó en el momento adecuado, fue excesiva por no catalogar el hecho como algo tan grave y, además, no equitativa, porque otros diputados habían usado esos términos y no habían recibido ese castigo.
El exdiputado de Podemos en Murcia, Victor Egío, ha refrescado estos días su caso. Fue expulsado un mes por negarse a dejar su escaño cuando se defendía de los insultos que recibió de un diputado de Vox por haberse tomado seis semanas de baja tras el nacimiento de su hijo. El Constitucional no le dio la razón y lo ha llevado hasta el tribunal europeo.
Antonio Lucio, letrado y secretario general de la Asamblea de Madrid, está realizando un trabajo sobre las carencias de los reglamentos en las sanciones parlamentarias y corrobora que “las herramientas formales que se diseñaron al inicio de la transición y que se basaban en las buenas formas funcionaron durante décadas porque no se vieron sometidas a las tensiones y desbordamientos de los últimos años”, pero ratifica que no están ya adaptadas a estos tiempos. Lucio aboga por figuras de arbitraje como el sargento de armas del Parlamento británico.
