El 87% de los españoles se declara preocupado por la crisis de la vivienda, aunque solo el 41,6% afirma sufrir personalmente sus consecuencias, según el primer barómetro del CIS dedicado al asunto desde 2018. Pero lo más revelador de este sondeo cuyos datos habrían acompañado la decisión del adelanto electoral no es la magnitud de la inquietud, sino la distancia entre las soluciones que respaldan los ciudadanos y el relato político que quiere fijar el Gobierno . El estudio muestra una aparente paradoja: el 79% antepone el derecho constitucional a la vivienda a su consideración como bien de mercado y el 76,3% reclama la intervención del Estado. Sin embargo, las tres medidas que suscitan mayor respaldo responden a una lógica muy distinta de la que inspira el actual intervencionismo gubernamental : reducir impuestos para comprar la primera vivienda (95,4%), ofrecer garantías a los propietarios frente a impagos (85,7%) y sacar suelo urbanizable al mercado (84,3%).El dato políticamente más significativo aparece al cruzar estas preferencias con el recuerdo de voto de 2023. El 86,3% de los electores socialistas respalda liberar suelo y el 85,1%, reforzar las garantías de los arrendadores. Incluso entre los votantes de Sumar ambas propuestas obtienen mayorías del 68% y el 73,1%, respectivamente. La rebaja fiscal para adquirir la primera vivienda supera el 94% de apoyo en los cuatro principales electorados .Estos resultados cuestionan la pretensión de presentar cualquier reforma favorable a la oferta o a la seguridad jurídica como una concesión ideológica a la derecha. Los propios votantes del PSOE parecen bastante menos dogmáticos que sus dirigentes.Es verdad que los españoles también respaldan medidas intervencionistas que van contra la propiedad privada. El 70,6% apoya congelar alquileres durante dos años y el 76,3%, crear una empresa pública de vivienda. Pero el consenso empieza a quebrarse cuando la intervención adquiere carácter expropiatorio . Solo el 40% respalda expropiar viviendas vacías, porcentaje que cae al 17,2% entre los votantes populares y al 17,1% entre los de Vox.Hay otra cifra que debería orientar cualquier política: el 93,5% preferiría vivir en propiedad. España no ha abandonado su aspiración patrimonial. Lo que ha perdido es la capacidad de satisfacerla, especialmente entre quienes carecen de ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca y eso se debe a la enorme brecha entre nuestras rentas salariales y el precio de la vivienda.El CIS mide preferencias, no demuestra la eficacia económica de cada propuesta. Tampoco obliga a los encuestados a ponderar sus costes. Pero permite extraer una conclusión política relevante: la sociedad española no reclama necesariamente más controles, sino mejores resultados . El desafío consiste en ampliar la oferta, desbloquear suelo, acelerar la construcción y proporcionar estabilidad regulatoria. Sin olvidar que las ayudas a la demanda, cuando la oferta permanece rígida, pueden terminar encareciendo aquello que pretenden facilitar. La vivienda se ha convertido en un problema nacional. Persistir en convertirla en una batalla ideológica puede ser rentable electoralmente. Resolverla exige algo bastante menos vistoso: comprender cómo funciona el mercado y dejar de obstaculizarlo. El 87% de los españoles se declara preocupado por la crisis de la vivienda, aunque solo el 41,6% afirma sufrir personalmente sus consecuencias, según el primer barómetro del CIS dedicado al asunto desde 2018. Pero lo más revelador de este sondeo cuyos datos habrían acompañado la decisión del adelanto electoral no es la magnitud de la inquietud, sino la distancia entre las soluciones que respaldan los ciudadanos y el relato político que quiere fijar el Gobierno . El estudio muestra una aparente paradoja: el 79% antepone el derecho constitucional a la vivienda a su consideración como bien de mercado y el 76,3% reclama la intervención del Estado. Sin embargo, las tres medidas que suscitan mayor respaldo responden a una lógica muy distinta de la que inspira el actual intervencionismo gubernamental : reducir impuestos para comprar la primera vivienda (95,4%), ofrecer garantías a los propietarios frente a impagos (85,7%) y sacar suelo urbanizable al mercado (84,3%).El dato políticamente más significativo aparece al cruzar estas preferencias con el recuerdo de voto de 2023. El 86,3% de los electores socialistas respalda liberar suelo y el 85,1%, reforzar las garantías de los arrendadores. Incluso entre los votantes de Sumar ambas propuestas obtienen mayorías del 68% y el 73,1%, respectivamente. La rebaja fiscal para adquirir la primera vivienda supera el 94% de apoyo en los cuatro principales electorados .Estos resultados cuestionan la pretensión de presentar cualquier reforma favorable a la oferta o a la seguridad jurídica como una concesión ideológica a la derecha. Los propios votantes del PSOE parecen bastante menos dogmáticos que sus dirigentes.Es verdad que los españoles también respaldan medidas intervencionistas que van contra la propiedad privada. El 70,6% apoya congelar alquileres durante dos años y el 76,3%, crear una empresa pública de vivienda. Pero el consenso empieza a quebrarse cuando la intervención adquiere carácter expropiatorio . Solo el 40% respalda expropiar viviendas vacías, porcentaje que cae al 17,2% entre los votantes populares y al 17,1% entre los de Vox.Hay otra cifra que debería orientar cualquier política: el 93,5% preferiría vivir en propiedad. España no ha abandonado su aspiración patrimonial. Lo que ha perdido es la capacidad de satisfacerla, especialmente entre quienes carecen de ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca y eso se debe a la enorme brecha entre nuestras rentas salariales y el precio de la vivienda.El CIS mide preferencias, no demuestra la eficacia económica de cada propuesta. Tampoco obliga a los encuestados a ponderar sus costes. Pero permite extraer una conclusión política relevante: la sociedad española no reclama necesariamente más controles, sino mejores resultados . El desafío consiste en ampliar la oferta, desbloquear suelo, acelerar la construcción y proporcionar estabilidad regulatoria. Sin olvidar que las ayudas a la demanda, cuando la oferta permanece rígida, pueden terminar encareciendo aquello que pretenden facilitar. La vivienda se ha convertido en un problema nacional. Persistir en convertirla en una batalla ideológica puede ser rentable electoralmente. Resolverla exige algo bastante menos vistoso: comprender cómo funciona el mercado y dejar de obstaculizarlo.
El 87% de los españoles se declara preocupado por la crisis de la vivienda, aunque solo el 41,6% afirma sufrir personalmente sus consecuencias, según el primer barómetro del CIS dedicado al asunto desde 2018. Pero lo más revelador de este sondeo cuyos datos … habrían acompañado la decisión del adelanto electoral no es la magnitud de la inquietud, sino la distancia entre las soluciones que respaldan los ciudadanos y el relato político que quiere fijar el Gobierno.
El estudio muestra una aparente paradoja: el 79% antepone el derecho constitucional a la vivienda a su consideración como bien de mercado y el 76,3% reclama la intervención del Estado. Sin embargo, las tres medidas que suscitan mayor respaldo responden a una lógica muy distinta de la que inspira el actual intervencionismo gubernamental: reducir impuestos para comprar la primera vivienda (95,4%), ofrecer garantías a los propietarios frente a impagos (85,7%) y sacar suelo urbanizable al mercado (84,3%).
El dato políticamente más significativo aparece al cruzar estas preferencias con el recuerdo de voto de 2023. El 86,3% de los electores socialistas respalda liberar suelo y el 85,1%, reforzar las garantías de los arrendadores. Incluso entre los votantes de Sumar ambas propuestas obtienen mayorías del 68% y el 73,1%, respectivamente. La rebaja fiscal para adquirir la primera vivienda supera el 94% de apoyo en los cuatro principales electorados.
Estos resultados cuestionan la pretensión de presentar cualquier reforma favorable a la oferta o a la seguridad jurídica como una concesión ideológica a la derecha. Los propios votantes del PSOE parecen bastante menos dogmáticos que sus dirigentes.
Es verdad que los españoles también respaldan medidas intervencionistas que van contra la propiedad privada. El 70,6% apoya congelar alquileres durante dos años y el 76,3%, crear una empresa pública de vivienda. Pero el consenso empieza a quebrarse cuando la intervención adquiere carácter expropiatorio. Solo el 40% respalda expropiar viviendas vacías, porcentaje que cae al 17,2% entre los votantes populares y al 17,1% entre los de Vox.
Hay otra cifra que debería orientar cualquier política: el 93,5% preferiría vivir en propiedad. España no ha abandonado su aspiración patrimonial. Lo que ha perdido es la capacidad de satisfacerla, especialmente entre quienes carecen de ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca y eso se debe a la enorme brecha entre nuestras rentas salariales y el precio de la vivienda.
El CIS mide preferencias, no demuestra la eficacia económica de cada propuesta. Tampoco obliga a los encuestados a ponderar sus costes. Pero permite extraer una conclusión política relevante: la sociedad española no reclama necesariamente más controles, sino mejores resultados.
El desafío consiste en ampliar la oferta, desbloquear suelo, acelerar la construcción y proporcionar estabilidad regulatoria. Sin olvidar que las ayudas a la demanda, cuando la oferta permanece rígida, pueden terminar encareciendo aquello que pretenden facilitar. La vivienda se ha convertido en un problema nacional. Persistir en convertirla en una batalla ideológica puede ser rentable electoralmente. Resolverla exige algo bastante menos vistoso: comprender cómo funciona el mercado y dejar de obstaculizarlo.
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