Vox comenzará en septiembre el último curso político antes de las elecciones municipales de 2027 más débil que nunca en el Ayuntamiento de Madrid. De los cinco concejales que obtuvo en las urnas hace tres años, solo Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal continúan dentro del grupo municipal. Fuera quedan Javier Ortega Smith, expulsado tras meses de enfrentamiento con la dirección nacional, y ahora los dos ediles que le apoyaron, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo. La Presidencia del Pleno cerró el 7 de agosto el proceso administrativo y acordó “tomar razón de la expulsión” de ambos, que pasan a tener “la condición de concejales no adscritos”, según la resolución publicada el pasado viernes, 14 de agosto, en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM).
Carla Toscano e Ignacio Ansaldo se suman a Javier Ortega Smith como no adscritos y dejan a la formación ultra con solo dos ediles
Vox comenzará en septiembre el último curso político antes de las elecciones municipales de 2027 más débil que nunca en el Ayuntamiento de Madrid. De los cinco concejales que obtuvo en las urnas hace tres años, solo Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal continúan dentro del grupo municipal. Fuera quedan Javier Ortega Smith, expulsado tras meses de enfrentamiento con la dirección nacional, y ahora los dos ediles que le apoyaron, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo. La Presidencia del Pleno cerró el 7 de agosto el proceso administrativo y acordó “tomar razón de la expulsión” de ambos, que pasan a tener “la condición de concejales no adscritos”, según la resolución publicada el pasado viernes, 14 de agosto, en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM).
El partido de extrema derecha se queda así justo en el límite para conservar grupo propio. El Reglamento Orgánico del Pleno exige un mínimo de dos concejales para conservar las ventajas organizativas, políticas y presupuestarias de esa agrupación. Aunque Ortega Smith, Toscano y Ansaldo son mayoría entre los cinco elegidos en 2023, la norma establece que, cuando la mayoría abandona la formación o es expulsada, quienes permanecen en ella son “los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos”.
Vox arrastrará su crisis en la capital durante todo el último curso político antes de los comicios de mayo de 2027. El origen del conflicto está en el enfrentamiento entre Ortega Smith y la dirección nacional. El que fuera secretario general y vicepresidente de Vox había ido perdiendo peso dentro del partido hasta que la ruptura se trasladó también al Ayuntamiento de Madrid. La dirección trató de apartarlo de la portavocía municipal y sustituirlo por Cabello, una decisión que Ortega Smith rechazó. Toscano y Ansaldo se pusieron de su lado y la división terminó partiendo en dos al grupo.
El conflicto dio un nuevo paso en febrero. La dirección nacional comunicó al Ayuntamiento la suspensión de derechos de Toscano y Ansaldo, que se sumaba a la medida ya adoptada contra Ortega Smith, y pidió que Cabello fuera reconocida como nueva portavoz. El Consistorio rechazó la petición y mantuvo “inalterada la estructura y el número de miembros del Grupo Municipal Vox (cinco)”. El 15 de abril, el partido comunicó la expulsión firme de Ortega Smith, Toscano y Ansaldo y reclamó que los tres pasaran a ser no adscritos y que Cabello y Martínez Vidal quedaran como únicos integrantes del grupo.
Toscano y Ansaldo llevaron su expulsión a los tribunales y solicitaron como medida cautelar que se suspendiera su aplicación, lo que paralizó el procedimiento municipal. Ambos desistieron después de las cautelares y Vox reclamó el 22 de julio que se reactivara el expediente. Ansaldo presentó alegaciones el mismo 7 de agosto, pero la Secretaría General las desestimó. La resolución concluye ahora que Vox acreditó que la expulsión fue adoptada por “el órgano competente del partido político”, que “se ha seguido el procedimiento previsto” y que la decisión cumple las exigencias formales. El Ayuntamiento no entra “en el examen del fondo del acuerdo de expulsión ni de su legalidad sustantiva”, cuestiones que corresponden al propio partido y, en su caso, a los tribunales.
El paso a no adscritos no aparta a Ortega Smith, Toscano y Ansaldo de la actividad municipal. Los tres mantienen sus actas y podrán participar en los plenos y las comisiones, aunque ya no cuentan con los derechos asociados a pertenecer a un grupo. Vox, por su parte, tendrá que reorganizarse con dos concejales y menos recursos. La resolución ordena a los servicios técnicos iniciar “los trámites necesarios para adoptar las oportunas medidas de ajuste” derivadas de las expulsiones.
Ortega Smith dejó el Grupo Municipal Vox a comienzos de julio y, dos semanas después, abandonó también el grupo parlamentario de la formación en el Congreso para pasar al Mixto. En una carta dirigida a Abascal, explicó su ruptura con la dirección: “He llegado a la conclusión definitiva de que no hay ninguna posibilidad de cambiar las cosas desde dentro”. También acusó a la cúpula de haber “traicionado” los valores y las ideas fundacionales del partido. “Hasta aquí hemos llegado, presidente”, zanjó. Tampoco ha cerrado la puerta a impulsar un nuevo proyecto político.
No es la primera vez que una crisis interna rompe un grupo municipal en Cibeles. El precedente más reciente fue incluso más dramático. Ciudadanos, que gobernaba Madrid la pasada legislatura en coalición con el PP y tenía 11 concejales, llegó a abril de 2023 en los huesos: seis de sus ediles habían decidido no continuar en el partido de Begoña Villacís a solo 48 días de las elecciones municipales. Cuatro abandonaron finalmente el grupo municipal y terminaron el mandato como no adscritos.
Dos años antes se había producido otra ruptura, aunque con un recorrido diferente. Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas abandonaron Más Madrid tras sus diferencias con el sector encabezado por Rita Maestre y crearon el movimiento Recupera Madrid. La Secretaría General del Pleno les permitió constituir el Grupo Mixto, pero la justicia anuló después esa decisión. En febrero de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificó la nulidad y determinó que los ediles debían ser considerados no adscritos.
