Gustavo Muñoz murió de un tiro en la espalda en la calle Ferran de Barcelona el 11 de septiembre de 1978 tras una manifestación convocada por el PCE-I, el partido en el que militaba. La Brigada Regional de la Policía reconoció en sus diligencias que había sido alcanzado por los disparos de uno de sus policías, pero el juez instructor no interrogó a nadie como investigado ni hizo nada que permitiera formular un escrito de acusación y la Audiencia, cuando le llegó el sumario del caso, archivó el asunto. Hasta hoy, que la familia de aquel joven de 16 años ha solicitado la reapertura del caso advirtiendo la existencia de nuevas pruebas y dirigiendo la acusación hacia dos individuos: Francisco Martínez Menéndez, miembro entonces de la Dirección General de Seguridad, y José Luis Varela Miras, inspector de Policía.
El escrito apunta a dos policías como responsables de un crimen de lesa humanidad en el homicidio que se produjo tras una manifestación del PCE-I en Barcelona
El escrito apunta a dos policías como responsables de un crimen de lesa humanidad en el homicidio que se produjo tras una manifestación del PCE-I en Barcelona
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Gustavo Muñoz murió de un tiro en la espalda en la calle Ferran de Barcelona el 11 de septiembre de 1978 tras una manifestación convocada por el PCE-I, el partido en el que militaba. La Brigada Regional de la Policía reconoció en sus diligencias que había sido alcanzado por los disparos de uno de sus policías, pero el juez instructor no interrogó a nadie como investigado ni hizo nada que permitiera formular un escrito de acusación y la Audiencia, cuando le llegó el sumario del caso, archivó el asunto. Hasta hoy, que la familia de aquel joven de 16 años ha solicitado la reapertura del caso advirtiendo la existencia de nuevas pruebas y dirigiendo la acusación hacia dos individuos: Francisco Martínez Menéndez, miembro entonces de la Dirección General de Seguridad, y José Luis Varela Miras, inspector de Policía.
El hecho de que el sobreseimiento de la causa fuera provisional permite la petición de la reapertura de la investigación en el caso de que existan nuevos datos y la Ley de Memoria Histórica permite reabrirlo siempre que los hechos ocurrieran antes de la aprobación de la actual Constitución. El escrito que firma el abogado Benet Salellas fundamenta esas dos cuestiones y sostiene sin duda que “el asesinato” de Muñoz fue cuestión “de las fuerzas represivas del franquismo” en un contexto “de represión sistemática contra la oposición al régimen”, afirmación que bien vale para definir un crimen de lesa humanidad, justamente lo que quiere la acusación que se acabe sentenciando.
Una de las descripciones de lo ocurrido en el escrito presentado al juzgado relata cómo uno de los agentes se acercó al cuerpo ya sin vida del joven, que otros manifestantes habían introducido en el portal, pidió un bolígrafo Bic y con el tapón hurgó en el orificio de entrada hasta retirar la bala. La falta del proyectil no solo permitió la destrucción de prueba, sino falsear el informe forense asegurando que había agujero de entrada y de salida resolviendo el enigma de la falta del proyectil, impidiendo que se pudiera hallar rastros de la pistola de la que salió.
En 2017, la madre del chaval, Rosa Gallego, decidió interponer una querella ante las autoridades argentinas que investigaban diferentes crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades franquistas para que incorporan el caso de la causa. La Fiscalía, y siguendo sus pasos la Abogacía del Estado, rechazó la comisión rogatoria 5 años después, mientras que Francisco Martínez adujo que el caso era competencia de la jurisdicción española.
No obstante, la justicia argentina contó con el caso de Muñoz y logró declaraciones de testigos de los hechos que en España nunca explicaron ante la autoridad lo sucedido. A esa prueba se añade el documental de Gustau, la Transició al descobert y el Informe del Gobierno Civil fechado el 6 de octubre de 1978, que no se había incorporado a las actuaciones iniciales, quizás porque afloraba las contradicciones entre la versión policial y la de los testigos y los periodistas. “Estas tres fuentes de información no estaban disponibles durante la instrucción de esta causa”, argumenta el escrito, que defiende que son importantes para “averiguar” los hechos.
La solicitud de reapertura del caso persigue que el juez llame a declarar como investigados a Varela, que vive en Santiago de Compostela, y a Martínez Menéndez, también vivo y residente en Madrid. Además llama a declarar a seis personas como testigos.
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