La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias que había abierto para analizar el contenido del pendrive que la exmilitante del PSOE Leire Díez entregó en Ferraz en junio de 2025 cuando solicitó la baja voluntaria del partido. La formación de Gobierno había puesto este dispositivo a disposición del ministerio público que, a su vez, había encargo un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que estudiara el material y esclareciera si había algo desconocido de relevancia penal. Con el informe entregado, los fiscales no ven novedades y han decidido archivar el asunto sin judicializarlo, según avanzan fuentes de la investigación a EL PAÍS.
Tras recibir un informe de la UCO, el ministerio público no ve novedades en la información aportada por la exmilitante socialista y decide no judicializar nada nuevo
Tras recibir un informe de la UCO, el ministerio público no ve novedades en la información aportada por la exmilitante socialista y decide no judicializar nada nuevo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias que había abierto para analizar el contenido del pendrive que la exmilitante del PSOE Leire Díez entregó en Ferraz en junio de 2025 cuando solicitó la baja voluntaria del partido. La formación de Gobierno había puesto este dispositivo a disposición del ministerio público que, a su vez, había encargo un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que estudiara el material y esclareciera si había algo desconocido de relevancia penal. Con el informe entregado, los fiscales no ven novedades y han decidido archivar el asunto sin judicializarlo, según avanzan fuentes de la investigación a EL PAÍS.
Fue el pasado 3 de junio, días después de que aflorara una grabación de Leire Díez con un investigado por un caso de hidrocarburos al que ofrecía un pacto de la Fiscalía. Fue cuando la exconcejal socialista en una localidad cántabra acudió a la sede del PSOE. La actuación de Díez, que hasta entonces había sido una militante sin relevancia pública, se vio envuelta en polémica y decidió darse de baja de la formación socialista. Pidió comunicarle directamente al secretario de Organización entonces, Santos Cerdán, su renuncia y ambos estuvieron juntos un rato en Ferraz, según confirmaron luego. Ella, que asegura que en su labor como periodista llevaba años investigando junto al empresario Javier Pérez-Dolset las llamadas ‘cloacas del Estado’, entregó un pendrive al partido con algunos hallazgos que entendía que podían interesarles.
Del contenido del dispositivo se ha especulado sobre si había información relevante de seguimientos al teniente coronel de la benemérita Antonio Balas o al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, entre otros investigadores y actores judiciales. El PSOE remitió este pendrive con 140 archivos de audio y texto a la Fiscalía General del Estado para que valoraran si se impulsaba una nueva causa penal, si el material se podía ir derivando a distintas investigaciones que ya estuvieran en marcha o si, por el contrario, no había ninguna novedad relevante.
Desde la sede central del ministerio público se encargó este análisis pormenorizado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras el verano, la UCO comenzó a escrutar el contenido del pendrive para entregar un informe que ha llegado a los fiscales hace unos días. Según fuentes de la investigación, este dosier detalla uno a uno los elementos del dispositivo y si estos forman parte ya de alguna causa en curso o no. En caso negativo, si estos tienen algún tipo de trascendencia penal como para iniciar una nueva investigación. Las fuentes consultadas explican que había muchos “recortes de prensa” y poca novedad con la suficiente entidad como para emprender un nuevo recorrido judicial. La decisión final ha sido, por tanto, archivar estas diligencias preprocesales sin que lo entregado por Díez vaya a ver la luz.
La exmilitante socialista figura ahora mismo como investigada en dos procedimientos distintos. Después de abandonar su militancia en el PSOE, el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid la imputó junto al empresario Pérez-Dolset por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de cohecho. Esto ocurrió al hacerse públicas otras reuniones en las que ambos trataban de conseguir información y ofrecían acuerdos y pactos con la Fiscalía.
Además, Díez está implicada en otro procedimiento en la Audiencia Nacional que se mantiene bajo secreto y tiene que ver con supuestas comisiones irregulares por conseguir ayudas y contratos con la administración pública. En el marco de esta causa fue detenida junto al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Vicente Fernández Guerrero por presuntos amaños de contratos por valor de 132 millones de euros. El juez Pedraz, que dirige esta investigación, ordenó a la UCO que realizara el expurgo del material incautado a la exmilitante socialista en su vivienda para que no se entregara nada que no tuviera que ver estrictamente con la causa.
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