La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para analizar si en las obras de las vías de Adamuz (Córdoba), donde el pasado domingo 18 de enero ocurrió el accidente ferroviario que terminó con la vida de 46 personas, se pudieron malversar fondos de los 111 millones de euros que concedió la Comisión Europea para renovar ese tramo Madrid – Sevilla. La Audiencia Nacional ha designado ya al juez José Luis Calama como magistrado de garantías para supervisar esta causa que transcurre, de momento, en paralelo a la que ya había iniciado un juzgado de Montoro y que busca determinar el motivo del descarrilamiento del tren Iryo que chocó con un Alvia que viajaba en sentido contrario.
La Audiencia Nacional ha designado un juez de garantías para esta investigación que transcurre en paralelo a la de un juzgado en Montoro (Córdoba)
La Audiencia Nacional ha designado un juez de garantías para esta investigación que transcurre en paralelo a la de un juzgado en Montoro (Córdoba)
La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para analizar si en las obras de las vías de Adamuz (Córdoba), donde el pasado domingo 18 de enero ocurrió el accidente ferroviario que terminó con la vida de 46 personas, se pudieron malversar fondos de los 111 millones de euros que concedió la Comisión Europea para renovar ese tramo Madrid – Sevilla. La Audiencia Nacional ha designado ya al juez José Luis Calama como magistrado de garantías para supervisar esta causa que transcurre, de momento, en paralelo a la que ya había iniciado un juzgado de Montoro y que busca determinar el motivo del descarrilamiento del tren Iryo que chocó con un Alvia que viajaba en sentido contrario.
Los fiscales europeos han trabajado durante semanas en la fase inicial de verificación, como ha avanzado El Mundo y ha confirmado EL PAÍS, para determinar si en las obras ferroviarias de ese tramo estuvieron comprometidos fondos de la Unión Europea y si pudo haber delito en su utilización. Bruselas concedió a España una subvención exactamente de 111.646.340 euros en junio de 2024 para renovar a fondo esta línea ferroviaria de conexión entre Madrid y Sevilla que databa de 1992 y era la más antigua de alta velocidad en España. El paquete de financiación anunciaba “la sustitución de raíles y traviesas” con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder).
Esta Fiscalía con sede en Luxemburgo solo se encarga de analizar la corrupción que tenga relación con dinero comunitario, por lo que, una vez comprobado que en Adamuz se produjo una inversión de fondos de los Veintisiete, los fiscales han puesto a caminar la investigación.
Para ello, han dado traslado a la Audiencia Nacional de la apertura de la causa y en este órgano se ha designado por reparto al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama. La Fiscalía Europea tiene un modelo de instrucción muy similar al del resto de países de la Unión, en el que los fiscales llevan la batuta de las diligencias, así que Calama únicamente se encargará de supervisar que el procedimiento avanza con garantías determinando, por ejemplo, medidas restrictivas de derechos como entradas y registros o pinchazos telefónicos.
Por su parte, el juzgado de Montoro —plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad cordobesa— indaga desde el mismo día del accidente cuáles fueron las causas del siniestro. De momento, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha ido esclareciendo algunos puntos y la principal teoría es que se rompió la soldadura entre dos carriles de distintos años (uno con fecha de producción de 2023 y otro de 1989) y distintos grados de dureza.
Un informe sobre el mantenimiento del sistema de señalización, tarea que lleva a cabo Hitachi para el gestor de la infraestructura Adif, muestra una caída de tensión en el circuito de vía 22 horas antes de que a las 19.43 de ese domingo descarrilara el tren de Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid. La jueza de Montoro está a la espera de recibir la información de las cajas negras y el análisis pericial del carril. A pesar de que ha tenido algún rifirrafe con los técnicos del Ministerio de Transporte a la hora de levantar el material del área, la jueza no ha dejado por escrito en ninguna resolución que exista sospecha alguna de corrupción de momento. La investigación de la Fiscalía Europea abre, en este sentido, un escenario distinto.
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