La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado este viernes un decreto en el que recoge una serie de “pautas de actuación” para “asegurar” la “protección” de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta y “garantizar” su “adecuada acogida” y “atención inmediata”. Y ha dado la orden a los fiscales delegados de menores de actuar si las comunidades autónomas rechazan el reparto. La jefa del ministerio público ha dado este paso una semana después de que unas 72.000 personas, según datos del Ministerio del Interior, entraran de forma irregular a la ciudad autónoma. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha precisado que hay 1.342 niños que ya han sido registrados en el sistema de acogida, aunque ha admitido que hay muchos más que aún no han sido identificados.
El ministerio público dicta un decreto una semana después de la entrada irregular de más de 72.000 personas a la ciudad autónoma
El ministerio público dicta un decreto una semana después de la entrada irregular de más de 72.000 personas a la ciudad autónoma
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado este viernes un decreto en el que recoge una serie de “pautas de actuación” para “asegurar” la “protección” de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta y “garantizar” su “adecuada acogida” y “atención inmediata”. La jefa del ministerio público ha dado la orden a los fiscales delegados de menores de actuar si las comunidades autónomas rechazan el reparto. El órgano ha dado este paso una semana después de que unas 72.000 personas, según datos del Ministerio del Interior, entraran de forma irregular a la ciudad autónoma.
La Fiscalía ha difundido una nota informativa en la red social X en la que explica que Peramato ha establecido esta serie de pautas para los fiscales de menores que estén en zonas que se vean “afectadas” por la reubicación de niños y jóvenes extranjeros no acompañados. La fiscal general ha fijado que el fiscal delegado del lugar de origen (Ceuta) deberá informar al fiscal delegado del lugar de destino sobre los menores que serán trasladados. Y deberá a su vez avisar si el expediente de determinación de edad del menor ha concluido o está en trámite.
Peramato también establece que, desde el momento en que la sección de menores del lugar de destino tenga conocimiento de que se va a efectuar un traslado, en la Fiscalía se deberán adoptar las “medidas necesarias” ―en el marco de las “oportunas diligencias preprocesales o expediente gubernativo”― para que por parte de la entidad pública autonómica de protección de menores se procure una “adecuada acogida” y se dé cumplimiento a “su deber de garantizar la atención inmediata necesaria”. La fiscal general recuerda que son los fiscales competentes los que tendrán que vigilar que se proteja a los menores.
De igual forma, la jefa del ministerio público avisa a los fiscales de que deberán actuar “en caso de que la entidad pública de la comunidad autónoma de destino rechace o muestre reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva de las y los menores que por reparto le correspondan” una vez que tengan conocimiento de la resolución de reubicación o traslado. También deberán actuar en el caso de que dichas comunidades autónomas se nieguen a informar a Ceuta sobre su negativa. En concreto, indica que el fiscal delegado del lugar de “traslado/origen” tendrá que informar de ello al fiscal delegado del lugar de destino y hacerle llegar la resolución de reubicación, así como las alegaciones por las que se rechaza el traslado.
La fiscal general precisa que, una vez recibida esta información —tanto si procediese de la Fiscalía de origen como de la propia comunidad autónoma—, el fiscal delegado de menores del lugar de destino reclamará a la comunidad autónoma que rechaza el reparto que “designe el recurso que entienda más idóneo para ejercer una adecuada protección de los menores afectados por el traslado una vez lleguen a su territorio”. La Sección de Menores deberá informar al respecto para proceder al control y supervisión de la protección de los niños y jóvenes migrantes no acompañados, así como a la consejería u organismo competente de la comunidad autónoma de destino, con anterioridad a la fecha del traslado. Dicha información deberá ser puesta en conocimiento del fiscal delegado de menores de Ceuta por parte del fiscal delegado de menores del lugar de destino, quien deberá incluir en su requerimiento “la advertencia recogida en el artículo 6.4 del Real Decreto 658/2025, de 22 de julio”, de que el rechazo de la comunidad autónoma puede conllevar “posibles responsabilidades”. La fiscal general insta a los fiscales delegados a “ejercer las acciones que correspondan”.
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