La policía judicial se encarga de investigar los hechos y custodiar las pruebas a las órdenes del juez instructor en cualquier investigación penal. De la jefa de la policía judicial de Pamplona, Nuria Mazo, dependían las pruebas de dos denuncias por violación mediante sumisión química —en un caso por el que España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos—; y de las pruebas, la posibilidad de enjuiciar los hechos y, llegado el caso, condenar a sus autores. Tras la desaparición de un informe forense sobre los teléfonos móviles de los encausados, la comisaria Mazo recibió un requerimiento judicial pidiéndole “una copia íntegra” del disco duro en el que se había almacenado toda la información, así como que certificara “la invariabilidad e inmodificación” del contenido del dispositivo de almacenamiento informático. Además, la jueza del caso y la responsable policial se reunieron cinco días después de que esta recibiera esa orden. Al día siguiente de este encuentro con la magistrada, la comisaria Mazo borró los archivos del disco que tenía encomendado custodiar.
La comisaria Nuria Mazo había recibido seis días antes un requerimiento para que se preservara el dispositivo y certificara la “inmodificación” del contenido. El tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por este caso
La policía judicial se encarga de investigar los hechos y custodiar las pruebas a las órdenes del juez instructor en cualquier investigación penal. De la jefa de la policía judicial de Pamplona, Nuria Mazo, dependían las pruebas de dos denuncias por violación mediante sumisión química —en un caso por el que España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos—; y de las pruebas, la posibilidad de enjuiciar los hechos y, llegado el caso, condenar a sus autores. Tras la desaparición de un informe forense sobre los teléfonos móviles de los encausados, la comisaria Mazo recibió un requerimiento judicial pidiéndole “una copia íntegra” del disco duro en el que se había almacenado toda la información, así como que certificara “la invariabilidad e inmodificación” del contenido del dispositivo de almacenamiento informático. Además, la jueza del caso y la responsable policial se reunieron cinco días después de que esta recibiera esa orden. Al día siguiente de este encuentro con la magistrada, la comisaria Mazo borró los archivos del disco que tenía encomendado custodiar.
El tribunal de Estrasburgo, al condenar a España por no investigar adecuadamente las denuncias de agresión sexual interpuestas en diciembre de 2016 por Marina L., que entonces tenía 30 años, y su amiga, que tenía 19, sentenció que con las irregularidades en la investigación el Estado vulneró el derecho a la vida privada y a no sufrir trato degradante de ambas denunciantes y considera especialmente grave ese borrado.
“Suscita especial preocupación porque todavía estaba en vigor una orden judicial de conservación”, señala la sentencia, del pasado 23 de octubre, dictada por unanimidad. Y la desaparición de las pruebas, dado que eran “decisivas para probar o refutar las afirmaciones de las denunciantes”, supone “un incumplimiento especialmente grave”.
¿De qué hablaron, la jueza Inés Hualde y la comisaria Mazo, un día antes? Contactada por este diario, la jueza no ha respondido a esta respuesta en concreto. En un primer correo había ya dicho que no pensaba responder a “ninguna”. Fuentes policiales con acceso a la versión de la comisaria Mazo, a la que la Policía Nacional no autoriza a responder, afirman que borró el disco duro “por accidente”, y que la nota interna pretendía dejar constancia del “error”, aunque se incorporó como anexo de un informe meses después del borrado. Sobre la reunión, aseguran que entra dentro de las rutinas de trabajo entre la policía y los jueces.
El gabinete de prensa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado a este periódico una respuesta parlamentaria de octubre del ministro: “En este caso intervinieron dos juzgados —uno en relación con las agresiones sexuales y otro por la infidelidad en la custodia de las pruebas— con un resultado definitivo de archivo”, respondió. En verdad, el segundo investigó un presunto chivatazo policial. El director general de la policía, Francisco Pardo, no ha atendido a este diario.
Nuria Mazo llegó a Pamplona en enero de 2018, cuando la instrucción del caso llevaba un año en marcha. Las denunciantes habían declarado en comisaría el día de Nochebuena de 2016, dos semanas después de despertar en un piso desconocido junto a dos hombres a los que no recordaban haber conocido la noche anterior. La investigación inicial —la única verdaderamente efectiva en esta causa— la había dirigido la entonces inspectora jefa de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), María Mallén, y permitió la detención de los sospechosos y descubrir que uno de ellos era cuñado de un agente de la propia UFAM, Borja Vázquez Fernández, quien llevaba días callándose este parentesco.
Antes de Pamplona, Mazo había sido comisaria en la Brigada de Revisión y Análisis de Casos (BARC), una de las herramientas que el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, el condenado Eugenio Pino, había creado en la época de su célebre policía patriótica, y llegó a la capital navarra después de la disolución de dicha brigada tras el relevo de Jorge Fernández Díaz (PP) como ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy. Desde 2018 es la comisaria jefa de la policía judicial de la capital navarra.
Los tres actos en torno al disco duro —requerimiento, reunión y borrado— están documentados.
El 31 de enero de 2019 se envió el requerimiento de la jueza Hualde y el mismo día, la comisaria Mazo acusó recibo. Gracias a una conversación de WhatsApp que la inspectora Mallén incorporó como elemento de prueba en una respuesta al juzgado —redactado cuando ya había dejado la UFAM—, se sabe que Mazo y Hualde se reunieron cinco días después, el 5 de febrero. Y a través de una nota interna de la propia policía, aportada al sumario meses después, consta que Mazo borró “los archivos” del disco “a fin de dejarlo vacío” al día siguiente. EL PAÍS ha accedido a los tres documentos.
La jueza Hualde no imputó a ningún funcionario policial por la desaparición y “manipulación sistemática” —en palabras de la sentencia del TEDH— de las pruebas del caso. De hecho, lo primero que intentó fue separar los procedimientos: que la agresión sexual se investigara, por un lado; y por otro, la destrucción de las pruebas del delito. La Audiencia Provincial, tras el recurso del abogado de las denunciantes, José Luis Beaumont, obligó a investigarlos conjuntamente, dada la evidente conexión entre el delito original —las presuntas agresiones— y los delitos para encubrirlo —la manipulación de las pruebas.
La instructora acató la orden y abrió tres piezas separadas. Y acabó archivando las tres sin imputar a nadie: las dos primeras, sobre la desaparición de las grabaciones del bar donde se habían conocido los acusados y las dos mujeres, y del informe forense sobre los móviles de los acusados, por falta de autor conocido. La tercera, a pesar de que Mazo había firmado de su puño y letra la nota del borrado, también.
El papel de la fiscal, Pilar Larrayoz, no resulta menos sorprendente. A lo largo de los seis años que se alargó el proceso, nunca pidió ninguna diligencia para aclarar los hechos —ni siquiera acudió a las declaraciones de las denunciantes— y menos aún una que favoreciera la corroboración de la denuncia.
Contra la decisión de la Audiencia Provincial de ordenar a la jueza que investigara en el mismo procedimiento la agresión y la manipulación de las pruebas, la fiscal Larrayoz presentó un inaudito recurso de súplica para oponerse, a pesar de que el auto era firme. “No cabe recurso alguno”, le respondió escuetamente la Audiencia el 20 de enero de 2020. La fiscal también pidió la absolución del policía, Borja Vázquez Fernández, cuñado de uno de los acusados, que estuvo trabajando en el caso a pesar del parentesco y sin advertir a sus superiores.
Si quiere contactar con el autor de este artículo, escriba a bgarcia@elpais.es
