Con más de tres años de retraso, la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado se aplicará ya en abril. Función Pública y los sindicatos han llegado a un acuerdo que se firmará el viernes y a partir de ahí se fijará un plazo de unos días para que el departamento que dirige Óscar López elabore una instrucción que generalice el recorte de la semana laboral, ahora en 37,5 horas. La norma incluirá también al personal de instituciones penitenciarias, sanitario y educativo . «La aplicación de las 35 horas, en todo caso, se tendrá que negociar en cada ámbito en particular, teniendo en cuenta que tienen mesas de negociación específica», ha asegurado el sindicato que dirige Miguel Borra . Afirma también que «continuará defendiendo la adaptación de las 35 horas en aquellos ámbitos de la Administración que tienen jornadas especiales de 40 horas, así como en verano».Junto a la implantación de la nueva semana laboral, el Ejecutivo también ha dado los pasos para desbloquear miles de jubilaciones parciales en la Administración, paralizadas desde hace un año por la exigencia legal de que el trabajador relevista tenga un contrato indefinido. Tras el acuerdo con los sindicatos, que permitirá un cambio en la norma, el Ejecutivo podrá salvar esta exigencia de estabilidad y habilitar la contratación de personal de forma temporal, dado que la situación generada requiere ya de una solución urgente. El pasado abril la ley que mejora la compatibilidad de salario y pensión cambió las reglas del juego, pero en la práctica ha generado un tapón en los retiros parciales, teniendo en cuenta que realizar una contratación fija para un relevista supone poner en marcha un proceso complejo por los tiempos, que está ligado a las ofertas de empleo público, que llegan a demorarse en el tiempo desde meses hasta un año. Noticia relacionada No No La Administración se quedará sin la mitad de sus funcionarios en diez años Susana Alcelay Función Pública y los sindicatos también han comenzado la negociación de la Oferta de Empleo Público (OEP) de este 2026. Aunque aún no se han puesto números sobre la mesa, el Gobierno ha informado de que será similar a la de 2025, que incluyó 26.889 plazas de nueva creación. Tanto CSIF como UGT han insistido en que los empleos públicos que se oferten deben diseñarse teniendo en cuenta la jornada de 35 horas.Refuerzos para el SEPE y la Seguridad Social El sindicato de funcionarios insiste en que se produzcan mejoras tanto en el turno libre como en la promoción interna, con el objetivo de reforzar los servicios «especialmente deficitarios» de personal, como ocurre en el servicio público de empleo (SEPE), la Seguridad Social, instituciones penitenciarias y en aquellos implicados en la regularización de personas extranjeras.Ante la falta de Presupuestos, CSIF también ha exigido a Función Pública que habilite alguna vía para suprimir la tasa de reposición , el límite que impide a las administraciones cubrir todas las bajas y jubilaciones, y así permitir que cada departamento planifique sus recursos humanos según las necesidades reales de plazas. «En la oferta de este año se deben aplicar los criterios del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público para agilizar y mejorar los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, así como para el refuerzo de la atención directa a la ciudadanía», sostiene. Con más de tres años de retraso, la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado se aplicará ya en abril. Función Pública y los sindicatos han llegado a un acuerdo que se firmará el viernes y a partir de ahí se fijará un plazo de unos días para que el departamento que dirige Óscar López elabore una instrucción que generalice el recorte de la semana laboral, ahora en 37,5 horas. La norma incluirá también al personal de instituciones penitenciarias, sanitario y educativo . «La aplicación de las 35 horas, en todo caso, se tendrá que negociar en cada ámbito en particular, teniendo en cuenta que tienen mesas de negociación específica», ha asegurado el sindicato que dirige Miguel Borra . Afirma también que «continuará defendiendo la adaptación de las 35 horas en aquellos ámbitos de la Administración que tienen jornadas especiales de 40 horas, así como en verano».Junto a la implantación de la nueva semana laboral, el Ejecutivo también ha dado los pasos para desbloquear miles de jubilaciones parciales en la Administración, paralizadas desde hace un año por la exigencia legal de que el trabajador relevista tenga un contrato indefinido. Tras el acuerdo con los sindicatos, que permitirá un cambio en la norma, el Ejecutivo podrá salvar esta exigencia de estabilidad y habilitar la contratación de personal de forma temporal, dado que la situación generada requiere ya de una solución urgente. El pasado abril la ley que mejora la compatibilidad de salario y pensión cambió las reglas del juego, pero en la práctica ha generado un tapón en los retiros parciales, teniendo en cuenta que realizar una contratación fija para un relevista supone poner en marcha un proceso complejo por los tiempos, que está ligado a las ofertas de empleo público, que llegan a demorarse en el tiempo desde meses hasta un año. Noticia relacionada No No La Administración se quedará sin la mitad de sus funcionarios en diez años Susana Alcelay Función Pública y los sindicatos también han comenzado la negociación de la Oferta de Empleo Público (OEP) de este 2026. Aunque aún no se han puesto números sobre la mesa, el Gobierno ha informado de que será similar a la de 2025, que incluyó 26.889 plazas de nueva creación. Tanto CSIF como UGT han insistido en que los empleos públicos que se oferten deben diseñarse teniendo en cuenta la jornada de 35 horas.Refuerzos para el SEPE y la Seguridad Social El sindicato de funcionarios insiste en que se produzcan mejoras tanto en el turno libre como en la promoción interna, con el objetivo de reforzar los servicios «especialmente deficitarios» de personal, como ocurre en el servicio público de empleo (SEPE), la Seguridad Social, instituciones penitenciarias y en aquellos implicados en la regularización de personas extranjeras.Ante la falta de Presupuestos, CSIF también ha exigido a Función Pública que habilite alguna vía para suprimir la tasa de reposición , el límite que impide a las administraciones cubrir todas las bajas y jubilaciones, y así permitir que cada departamento planifique sus recursos humanos según las necesidades reales de plazas. «En la oferta de este año se deben aplicar los criterios del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público para agilizar y mejorar los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, así como para el refuerzo de la atención directa a la ciudadanía», sostiene.
Con más de tres años de retraso, la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado se aplicará ya en abril. Función Pública y los sindicatos han llegado a un acuerdo que se firmará el viernes y a partir de ahí … se fijará un plazo de unos días para que el departamento que dirige Óscar López elabore una instrucción que generalice el recorte de la semana laboral, ahora en 37,5 horas. La norma incluirá también al personal de instituciones penitenciarias, sanitario y educativo.
«La aplicación de las 35 horas, en todo caso, se tendrá que negociar en cada ámbito en particular, teniendo en cuenta que tienen mesas de negociación específica«, ha asegurado el sindicato que dirige Miguel Borra. Asegura también que »continuará defendiendo la adaptación de las 35 horas en aquellos ámbitos de la Administración que tienen jornadas especiales de 40 horas, así como en verano».
Junto a la implantación de la nueva semana laboral, el Ejecutivo también ha dado los pasos para desbloquear miles de jubilaciones parciales en la Administración, paralizadas desde hace un año por la exigencia legal de que el trabajador relevista tenga un contrato indefinido. Tras el acuerdo con los sindicatos, que permitirá un cambio en la norma, el Ejecutivo podrá salvar esta exigencia de estabilidad y habilitar la contratación de personal de forma temporal, dado que la situación generada requiere ya de una solución urgente. El pasado abril la ley que mejora la compatibilidad de salario y pensión cambió las reglas del juego, pero en la práctica ha generado un tapón en los retiros parciales, teniendo en cuenta que realizar una contratación fija para un relevista supone poner en marcha un proceso complejo por los tiempos, que está ligado a las ofertas de empleo público, que llegan a demorarse en el tiempo desde meses hasta un año.
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Susana Alcelay
Función Pública y los sindicatos también ha comenzado la negociación para la Oferta de Empleo Público (OEP) de este 2026. Aunque aún no se han puesto números sobre la mesa, el Gobierno ha informado de que será similar a la de 2025, que incluyó 26.889 plazas de nueva creación. Tanto CSIF como UGT han insistido en que los empleos públicos que se oferten deben diseñarse teniendo en cuenta la jornada de 35 horas.
Refuerzos para el SEPE y la Seguridad Social
El sindicato de funcionarios insiste en que se produzcan mejoras tanto en el turno libre como en la promoción interna, con el objetivo de reforzar los servicios «especialmente deficitarios» de personal, como ocurre en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias y aquellos implicados en la regularización de personas extranjeras.
Ante la falta de Presupuestos, CSIF también ha exigido a Función Pública que habilite alguna vía para suprimir la tasa de reposición, el límite que impide a las administraciones cubrir todas las bajas y jubilaciones, y así permitir que cada departamento planifique sus recursos humanos según las necesidades reales de plazas. «En la oferta de este año se deben aplicar los criterios del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público para agilizar y mejorar los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, así como para el refuerzo de la atención directa a la ciudadanía», sostiene.
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