La jueza de Barcelona que investiga un caso de espionaje en teléfonos móviles con los programas Pegasus y Candiru ha dejado fuera del procedimiento al exdirector de la Guardia Civil Félix Azón. Y lo ha hecho, a petición de la Fiscalía, tras haber confirmado que desde febrero de 2025 es magistrado del Tribunal Supremo, por lo que goza de la condición de aforado y solo puede ser investigado por el alto tribunal, no por un juzgado de Barcelona. También ha fijado dos nuevas fechas de citaciones —15 y 20 de abril— para tomar declaración a los cinco querellantes.
La instructora cita a los cinco querellantes para tomarles declaración los días 15 y 20 de abril
La instructora cita a los cinco querellantes para tomarles declaración los días 15 y 20 de abril
La jueza de Barcelona que investiga un caso de espionaje con los programas Pegasus y Candiru ha dejado fuera del procedimiento al exdirector de la Guardia Civil Félix Azón. Y lo ha hecho, a petición de la Fiscalía, tras haber confirmado que desde febrero de 2025 es magistrado del Tribunal Supremo, por lo que goza de la condición de aforado y solo puede ser investigado por el alto tribunal, no por un juzgado de Barcelona. También ha fijado dos nuevas fechas de citaciones —15 y 20 de abril— para tomar declaración a los cinco querellantes.
Así consta en dos resoluciones, adelantadas por la Cadena SER y a las que ha tenido acceso EL PAÍS, que ha firmado la instructora Julia Tortosa García-Vaso en el marco de la causa que abrió a raíz de una querella que presentó un grupo de afectados denominado Sentinel Alliance, conformado por cinco hombres de perfil ejecutivo y desarrolladores de protocolos de código abierto: Joan Matamala, hermano del exsenador de Junts, Jordi Baylina, Joan Arús, Pau Escrich y Xavier Vives. A todos les escuchará entre los días 15 y 20 de abril.
Los firmantes aseguran que fueron espiados de forma ilegal entre 2019 y 2020. Según el análisis efectuado por el centro canadiense Citizen Lab, sufrieron 78 ataques sobre sus dispositivos. Esa infección permitía extraer todos los archivos existentes incluidos chats y activar cámaras y micrófonos. En su relato, sostienen que la información que se les sustrajo fue filtrada a medios de comunicación para perjudicar a sus empresas tecnológicas y socavar su reputación. La Guardia Civil ha admitido el espionaje y seguimientos sobre algunos de ellos, especialistas en votación digital e identidad digital soberana, pero la motivación hasta ahora se desconoce.
Los cinco querellantes pidieron al Gobierno que desclasificara documentos sobre el uso de Pegasus y Candiru, software que únicamente pueden ser adquiridos por Estados y centros de inteligencia. También reclamaron informes periciales independientes sobre sus teléfonos y tener acceso a las investigaciones previas de las causas Tsunami Democràtic y Judas.
El pasado 9 de septiembre, la titular de la plaza 2 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona admitió la querella dirigida contra la exjefa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y contra los exdirectores de la Guardia Civil María Gámez y Félix Azón. En esta causa también figuran como investigados directivos de las empresas que desarrollaron Pegasus y Candiru.
En febrero, sin embargo, la Fiscalía presentó un escrito en el pidió a la jueza que dejara fuera a Azón porque es magistrado del Supremo desde febrero de 2025, por lo que no puede ser investigado en un juzgado sino en el alto tribunal. La instructora ha estimado la petición del ministerio público al entender que no es competente.
La jueza ha explicado que aunque los hechos de la querella se remontan al periodo 2019-2020 —cuando Azón no era magistrado del Supremo y, por ende, no estaba aforado ante dicho tribunal— la ley “no establece distinciones ni exige que el delito se haya cometido con ocasión del cargo”.
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