La jueza que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan de Alicante, ha citado como investigadas a 15 personas para los meses de mayo y junio. Entre ellas, se encuentra la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, un arquitecto municipal y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, al administrador único.
La magistrada imputa también al funcionario de la Generalitat que visó las adjudicaciones y al administrador único de la promotora
La magistrada imputa también al funcionario de la Generalitat que visó las adjudicaciones y al administrador único de la promotora
La jueza que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan de Alicante, ha citado como investigados a 15 personas para los meses de mayo y junio. Entre ellas, se encuentra la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, un arquitecto municipal y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, al administrador único.
También al jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, es decir, el funcionario al que la Generalitat expedientó -suspendió de empleo y sueldo- por los visados de esta promoción y que adjudió una vivienda a su pareja, funcionaria municipal de Alicante.
Igualmente, están llamadas en calidad de investigadas otras diez personas que son beneficiarias de la adjudicación de nueve viviendas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Además, la magistrada ha acordado citar a siete testigos. Son, por parte de la consejería de Vivienda, el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, la jefa de sección de Emergencia Habitacional, una técnica de Arquitectura y otra de gestión de Administración General. Y, por parte del Ayuntamiento de Alicante, la jefa de servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de ese servicio y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras. Todas estas citaciones han sido acordadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción. En la providencia, la magistrada rechaza la solicitud de la acusación popular que ejerce Ciudadanos de recibir declaración como testigo, y no como investigado, al jefe de Sección de Vivienda Protegida, porque el Ministerio Público considera que este funcionario está presuntamente implicado en los hechos objeto de investigación.
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