La Audiencia Provincial de León ha absuelto a los empresarios mineros leoneses acusados de desfalcar unos 2,1 millones de euros haciendo pasar carbón de exterior por el de interior, subvencionado por dinero europeo. La Justicia ha considerado ilícitos los registros que abrieron paso a la investigación por lo sucedido entre 2011 y 2013, cuando la Agencia Tributaria recibió documentos de un informante que alertaba de que la Hullera Vasco Leonesa, empresa mítica del carbón asturiano y leonés, urdía esta trama para lucrarse irregularmente con ayudas a su actividad en el Pozo Santa Lucía. La Audiencia tampoco valida los informes derivados de estas advertencias, a las que accedió EL PAÍS y que desgranaban cómo los acusados “disfrazaban” carbón extraído en yacimientos al aire libre por mineral procedente de vetas interiores, subvencionado. Esos documentos ampliaban a 14 millones la suma defraudada y ampliaban el periodo de actos ilegales hasta 2015. Todo ello en años críticos para el sector, con cierre de minas y notable desempleo. Los empresarios estaban acusados de delitos contra la hacienda pública y de falsedad documental. La Fiscalía les pedía hasta 12 años de cárcel a cada uno de los implicados.
La Audiencia Provincial ve inválidos los registros que propiciaron la investigación sobre un fraude al hacer pasar carbón de exterior por mineral de interior
La Audiencia Provincial de León ha absuelto a los empresarios mineros leoneses acusados de desfalcar unos 2,1 millones de euros haciendo pasar carbón de exterior por el de interior, subvencionado por dinero europeo. La Justicia ha considerado ilícitos los registros que abrieron paso a la investigación por lo sucedido entre 2011 y 2013, cuando la Agencia Tributaria recibió documentos de un informante que alertaba de que la Hullera Vasco Leonesa, empresa mítica del carbón asturiano y leonés, urdía esta trama para lucrarse irregularmente con ayudas a su actividad en el Pozo Santa Lucía. La Audiencia tampoco valida los informes derivados de estas advertencias, a las que accedió EL PAÍS y que desgranaban cómo los acusados “disfrazaban” carbón extraído en yacimientos al aire libre por mineral procedente de vetas interiores, subvencionado. Esos documentos ampliaban a 14 millones la suma defraudada y ampliaban el periodo de actos ilegales hasta 2015. Todo ello en años críticos para el sector, con cierre de minas y notable desempleo. Los empresarios estaban acusados de delitos contra la hacienda pública y de falsedad documental. La Fiscalía les pedía hasta 12 años de cárcel a cada uno de los implicados.
