En una decisión sin precedentes, un tribunal de Ankara ha depuesto a la actual dirección del Partido Republicano del Pueblo (CHP), el principal de la oposición y el más antiguo de Turquía, al anular el congreso que eligió a su líder, Özgür Özel. En su lugar, el tribunal ha reinstaurado como líder provisional a su antecesor en el cargo, Kemal Kiliçdaroglu, que dirigió el CHP entre 2010 y 2023 sin ser capaz de ganar una sola elección al partido del actual presidente, Recep Tayyip Erdogan.
El dirigente denuncia un “golpe judicial” que considera motivado por el triunfo socialdemócrata frente a la formación de Erdogan en las elecciones de 2024
En una decisión sin precedentes, un tribunal de Ankara ha depuesto a la actual dirección del Partido Republicano del Pueblo (CHP), el principal de la oposición y el más antiguo de Turquía, al anular el congreso que eligió a su líder, Özgür Özel. En su lugar, el tribunal ha reinstaurado como líder provisional a su antecesor en el cargo, Kemal Kiliçdaroglu, que dirigió el CHP entre 2010 y 2023 sin ser capaz de ganar una sola elección al partido del actual presidente, Recep Tayyip Erdogan.
“Se están vengando por nuestro éxito en [las elecciones de] marzo de 2024”, denunció Özel en una rueda de prensa en la noche del jueves, en la que cargó contra el Gobierno turco, al que acusa de orquestar este “golpe judicial”, y afirmó que se resiste a aceptar la decisión. Añadió que no permitirá que el CHP se convierta en “la oposición al servicio de sus majestades”, en referencia al creciente autoritarismo de Erdogan.
Desde esas elecciones en 2024 en las que los socialdemócratas se hicieron con las principales alcaldías del país y fueron el primer partido en votos, se ha desatado la represión sobre la formación: 15 alcaldes del CHP han sido encarcelados bajo acusaciones de corrupción y terrorismo —y varios cientos de cargos municipales y miembros del partido permanecen entre rejas—, incluido el de Estambul, Ekrem Imamoglu, al que el partido había elegido candidato a las próximas elecciones presidenciales y al que las encuestas muestran con posibilidades de derrotar a Erdogan. En total una treintena de ayuntamientos han sido intervenidos, y otros tres alcaldes tránsfugas se han pasado de los socialdemócratas al AKP de Erdogan, según denuncia el CHP, tras ser amenazados con investigaciones similares a las que han llevado a otros primeros ediles a prisión.
El 38º congreso del CHP, anulado ahora por la Justicia, tuvo lugar en otoño de 2023. Ese año, Kiliçdaroglu había perdido las elecciones presidenciales frente a Erdogan en unos comicios en los que insistió en ser el candidato pese a que las encuestas —y los partidos aliados del CHP— favorecían la candidatura de Imamoglu o del alcalde de Ankara, Mansur Yavas. Pese a su derrota, que sumió a la oposición en el desanimo, Kiliçdaroglu insistió en seguir liderando el CHP, pero Özel, con el apoyo de Imamoglu, presentó una lista alternativa y se hizo con la presidencia del partido en una reñida votación. Los perdedores nunca terminaron de asumir la derrota, y miembros del CHP cercanos a la anterior dirección recurrieron a la Justicia alegando que, durante el congreso, los vencedores manipularon el voto y sobornaron a delegados.
Este proceso judicial ha pendido desde entonces sobre el CHP como una espada de Damocles, por lo que el partido ha convocado varios congresos extraordinarios y uno ordinario en los que se ha revalidado el liderazgo de Özel y su equipo. Sin embargo, la decisión judicial anula, además del 38º Congreso, todos los celebrados posteriormente. Algo que los abogados del partido consideran que sobrepasa las funciones del tribunal ya que, según la Constitución turca, no son los tribunales ordinarios sino la Junta Electoral Suprema quien tiene la última palabra en las elecciones internas de los partidos y esta institución había certificado los últimos congresos del CHP.
Este viernes, la dirección del partido ha presentado recursos de apelación ante el Tribunal Supremo y la Junta Electoral. Özel también ha anunciado que la actual dirección “no se moverá” de la sede del CHP en Ankara, y ha llamado a los manifestantes a protegerla, lo que podría provocar encontronazos en caso de que Kiliçdaroglu trate de tomar posesión del partido con ayuda de la policía, como ya ocurrió cuando la Justicia depuso a la dirección provincial del CHP en Estambul.
Kiliçdaroglu, por su parte, ha pedido “calma” y “unidad” en varios mensajes en las redes sociales en los que ha criticado que el partido “no puede convertirse en un santuario de la corrupción” y que debe emprender un proceso de “limpieza”. Sus mensajes han provocado una fuerte reacción, con decenas de miles de comentarios en las redes sociales acusándole de haberse vendido al Gobierno.
“Entramos en una era oscura en Turquía. Es un plan bien preparado para eliminar al principal partido de oposición. Establece las bases de un sistema totalmente autoritario. La UE no puede seguir ciega ni en silencio”, ha denunciado el eurodiputado español Nacho Sánchez Amor, relator del Parlamento Europeo para Turquía, en un comentario en la red social X en el que acusó a las autoridades turcas de “instrumentalizar la Justicia”. La Internacional Socialista, liderada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de la que Özel es vicepresidente, mostró su solidaridad con el CHP y acusó a la Justicia turca de llevar a cabo un “acto ilegal”.
La decisión judicial ha tenido también consecuencias económicas, con fuertes caídas en la Bolsa que llevaron a detener su cotización el jueves. Además, para prevenir una devaluación descontrolada de la lira —como ya ocurrió cuando Imamoglu fue detenido el año pasado— los bancos públicos turcos vendieron reservas en divisa por valor de al menos 6.000 millones de dólares (unos 5.100 euros) a fin de mantener el valor de la moneda nacional, según cálculos de Bloomberg citados por la prensa turca.
El ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, convocó una reunión de emergencia del Comité de Estabilidad Financiera tras el que dijo que “se adoptarán todas las medidas necesarias para mantener la estabilidad macrofinanciera, garantizar la continuidad ininterrumpida del proceso de desinflación y asegurar el buen funcionamiento del sistema financiero”.
Por otro lado, mediante un decreto presidencial publicado la pasada noche, el presidente Erdogan ordenó el cierre de la Universidad Bilgi de Estambul, una de las instituciones de enseñanza privada más prestigiosas del país. La decisión llega después de que el grupo empresarial que la controlaba desde hace unos años fuera intervenido en el marco de una investigación contra el lavado de dinero.
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