La inflación interanual en España ha saltado del 2,3% en febrero al 3,3% en marzo, su nivel más alto en casi dos años, empujada por el encarecimiento energético derivado de la guerra en Irán. Un punto porcentual en apenas un mes es, sin duda, un dato llamativo. Pero, paradójicamente, el dato es menos malo de lo que pudiera parecer a primera vista.Y es que, por ahora, todo el repunte inflacionista se ha concentrado en el componente energético del IPC. La inflación subyacente —aquella que excluye justamente la energía— se ha mantenido estable en el 2,7%, exactamente igual que en febrero. Es decir, todavía no estamos ante una inflación generalizada, sino ante un alza sectorial vinculada al conflicto bélico. Lo cual, sin embargo, invita más a la prudencia que al optimismo: no solo porque los precios de la energía puedan seguir escalando si la guerra se prolonga, sino sobre todo porque aún no hemos comenzado a ver los temidos efectos de segunda ronda , esto es, el traslado del encarecimiento energético al resto de bienes y servicios.Precisamente, el propio Banco de España acaba de publicar un informe con tres escenarios para la inflación media en 2026: 3% (central); 3,9% (adverso) y 5,9% (severo). Y la institución reconoce que ese escenario depende de dos factores concatenados: la prolongación del conflicto militar y la adopción de políticas monetarias y fiscales acomodaticias que alimenten los efectos de segunda ronda en lugar de contenerlos.Ahora bien, lo más dañino de este potencial fogonazo inflacionista para la economía española no será la mera alza de precios, sino una consecuencia fiscal que se irá acumulando estructuralmente cada año: la indexación automática de todas las pensiones al IPC, una medida aprobada por el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cuando era ministro de Seguridad Social bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Si la inflación media de 2026 alcanzara el 5,9% del escenario severo, el gasto anual en pensiones se incrementaría a partir de 2027 en unos 13.500 millones de euros, sobre una base de gasto que ya ronda los 230.000 millones. Esa cifra equivale aproximadamente a todo lo que España destina cada año a defensa, a la construcción de 50.000 viviendas públicas anuales, o a una rebaja del IRPF del 10% (unos 600 euros de ahorro medio por trabajador).La extrema izquierda argumentó durante meses —y con razón— que lo gastado en defensa no podía gastarse en estado de bienestar; pues por idéntica lógica, lo gastado en revalorizar automáticamente todas las pensiones al IPC no puede dedicarse a otras partidas probablemente prioritarias. Así pues, aunque el actual repunte inflacionista no sea en absoluto responsabilidad del gobierno de Sánchez, sus peores y más permanentes consecuencias fiscales sí serán enteramente atribuibles a la irresponsable decisión adoptada por Escrivá y Sánchez . La inflación interanual en España ha saltado del 2,3% en febrero al 3,3% en marzo, su nivel más alto en casi dos años, empujada por el encarecimiento energético derivado de la guerra en Irán. Un punto porcentual en apenas un mes es, sin duda, un dato llamativo. Pero, paradójicamente, el dato es menos malo de lo que pudiera parecer a primera vista.Y es que, por ahora, todo el repunte inflacionista se ha concentrado en el componente energético del IPC. La inflación subyacente —aquella que excluye justamente la energía— se ha mantenido estable en el 2,7%, exactamente igual que en febrero. Es decir, todavía no estamos ante una inflación generalizada, sino ante un alza sectorial vinculada al conflicto bélico. Lo cual, sin embargo, invita más a la prudencia que al optimismo: no solo porque los precios de la energía puedan seguir escalando si la guerra se prolonga, sino sobre todo porque aún no hemos comenzado a ver los temidos efectos de segunda ronda , esto es, el traslado del encarecimiento energético al resto de bienes y servicios.Precisamente, el propio Banco de España acaba de publicar un informe con tres escenarios para la inflación media en 2026: 3% (central); 3,9% (adverso) y 5,9% (severo). Y la institución reconoce que ese escenario depende de dos factores concatenados: la prolongación del conflicto militar y la adopción de políticas monetarias y fiscales acomodaticias que alimenten los efectos de segunda ronda en lugar de contenerlos.Ahora bien, lo más dañino de este potencial fogonazo inflacionista para la economía española no será la mera alza de precios, sino una consecuencia fiscal que se irá acumulando estructuralmente cada año: la indexación automática de todas las pensiones al IPC, una medida aprobada por el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cuando era ministro de Seguridad Social bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Si la inflación media de 2026 alcanzara el 5,9% del escenario severo, el gasto anual en pensiones se incrementaría a partir de 2027 en unos 13.500 millones de euros, sobre una base de gasto que ya ronda los 230.000 millones. Esa cifra equivale aproximadamente a todo lo que España destina cada año a defensa, a la construcción de 50.000 viviendas públicas anuales, o a una rebaja del IRPF del 10% (unos 600 euros de ahorro medio por trabajador).La extrema izquierda argumentó durante meses —y con razón— que lo gastado en defensa no podía gastarse en estado de bienestar; pues por idéntica lógica, lo gastado en revalorizar automáticamente todas las pensiones al IPC no puede dedicarse a otras partidas probablemente prioritarias. Así pues, aunque el actual repunte inflacionista no sea en absoluto responsabilidad del gobierno de Sánchez, sus peores y más permanentes consecuencias fiscales sí serán enteramente atribuibles a la irresponsable decisión adoptada por Escrivá y Sánchez .
La inflación interanual en España ha saltado del 2,3% en febrero al 3,3% en marzo, su nivel más alto en casi dos años, empujada por el encarecimiento energético derivado de la guerra en Irán. Un punto porcentual en apenas un mes es, sin duda, … un dato llamativo. Pero, paradójicamente, el dato es menos malo de lo que pudiera parecer a primera vista.
Y es que, por ahora, todo el repunte inflacionista se ha concentrado en el componente energético del IPC. La inflación subyacente —aquella que excluye justamente la energía— se ha mantenido estable en el 2,7%, exactamente igual que en febrero. Es decir, todavía no estamos ante una inflación generalizada, sino ante un alza sectorial vinculada al conflicto bélico. Lo cual, sin embargo, invita más a la prudencia que al optimismo: no solo porque los precios de la energía puedan seguir escalando si la guerra se prolonga, sino sobre todo porque aún no hemos comenzado a ver los temidos efectos de segunda ronda, esto es, el traslado del encarecimiento energético al resto de bienes y servicios.
Precisamente, el propio Banco de España acaba de publicar un informe con tres escenarios para la inflación media en 2026: 3% (central); 3,9% (adverso) y 5,9% (severo). Y la institución reconoce que ese escenario depende de dos factores concatenados: la prolongación del conflicto militar y la adopción de políticas monetarias y fiscales acomodaticias que alimenten los efectos de segunda ronda en lugar de contenerlos.
Ahora bien, lo más dañino de este potencial fogonazo inflacionista para la economía española no será la mera alza de precios, sino una consecuencia fiscal que se irá acumulando estructuralmente cada año: la indexación automática de todas las pensiones al IPC, una medida aprobada por el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cuando era ministro de Seguridad Social bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Si la inflación media de 2026 alcanzara el 5,9% del escenario severo, el gasto anual en pensiones se incrementaría a partir de 2027 en unos 13.500 millones de euros, sobre una base de gasto que ya ronda los 230.000 millones. Esa cifra equivale aproximadamente a todo lo que España destina cada año a defensa, a la construcción de 50.000 viviendas públicas anuales, o a una rebaja del IRPF del 10% (unos 600 euros de ahorro medio por trabajador).
La extrema izquierda argumentó durante meses —y con razón— que lo gastado en defensa no podía gastarse en estado de bienestar; pues por idéntica lógica, lo gastado en revalorizar automáticamente todas las pensiones al IPC no puede dedicarse a otras partidas probablemente prioritarias. Así pues, aunque el actual repunte inflacionista no sea en absoluto responsabilidad del gobierno de Sánchez, sus peores y más permanentes consecuencias fiscales sí serán enteramente atribuibles a la irresponsable decisión adoptada por Escrivá y Sánchez.
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