La tormenta perfecta contra el Gobierno no parece amainar en ningún momento. El Ejecutivo creía haber logrado un pequeño respiro con lo que considera un pinchazo del PP en la manifestación en Madrid del domingo, pero rápidamente el juez del Supremo Ángel Hurtado devolvió la agenda política a los juzgados con una decisión que mete mucha presión al Gobierno, al poner al borde del banquillo al fiscal general, Álvaro García Ortiz. Ante lo que considera un claro acoso de algunos jueces —el ministro Óscar Puente ha llegado a decir que son “la verdadera oposición”— y en este caso del fiscal un law fare muy claro, aunque nadie se anime a pronunciar la palabra en público, el Gobierno ha decidido salir a la ofensiva contra un juez del Supremo, algo que no había hecho hasta ahora, y calentar así motores ante un momento clave de este miércoles: la última sesión de control de la temporada. Ya no habrá más en junio por varios viajes del presidente. Y en julio, aunque habrá algún pleno y al menos una comparecencia extensa de Sánchez, no hay sesiones de control. Así que será una de las últimas oportunidades hasta septiembre para que la oposición intente aprovechar la situación, en la que el Ejecutivo no levanta cabeza desde el apagón del 27 de abril, para desgastar al presidente.
Feijóo intentará forzar a Sánchez a hablar de las cloacas pero el presidente insiste en vivienda y la agenda positiva del Gobierno
La tormenta perfecta contra el Gobierno no parece amainar en ningún momento. El Ejecutivo creía haber logrado un pequeño respiro con lo que considera un pinchazo del PP en la manifestación en Madrid del domingo, pero rápidamente el juez del Supremo Ángel Hurtado devolvió la agenda política a los juzgados con una decisión que mete mucha presión al Gobierno, al poner al borde del banquillo al fiscal general, Álvaro García Ortiz. Ante lo que considera un claro acoso de algunos jueces —el ministro Óscar Puente ha llegado a decir que son “la verdadera oposición”— y en este caso del fiscal un law fare muy claro, aunque nadie se anime a pronunciar la palabra en público, el Gobierno ha decidido salir a la ofensiva contra un juez del Supremo, algo que no había hecho hasta ahora, y calentar así motores ante un momento clave de este miércoles: la última sesión de control de la temporada. Ya no habrá más en junio por varios viajes del presidente. Y en julio, aunque habrá algún pleno y al menos una comparecencia extensa de Sánchez, no hay sesiones de control. Así que será una de las últimas oportunidades hasta septiembre para que la oposición intente aprovechar la situación, en la que el Ejecutivo no levanta cabeza desde el apagón del 27 de abril, para desgastar al presidente.
Alberto Núñez Feijóo intentará apretar al presidente con los escándalos de las últimas semanas y la última decisión de este miércoles, que cierra la tormenta perfecta, con la entrada de la UCO en casa de José Luis Ábalos en Valencia tras hallar indicios del cobro de mordidas por amaño de obra pública. Los investigadores aseguran haber hallado conversaciones en la que supuestamente admite haber recibido comisiones.
Sobre Ábalos la línea de defensa del Gobierno está más clara: le pidieron el acta e iniciaron el proceso de expulsión menos de una semana después de la detención de Koldo García. Con el caso Leire Díez, la exmilitante del PSOE que maniobró contra la cúpula de la UCO, todo ha sido mucho más difuso, la reacción más lenta y las explicaciones prácticamente inexistentes. Sánchez y su equipo estaban este martes ultimando los mensajes de respuesta en la sesión de control, pero todo indica que el presidente tratará de pasar de puntillas sobre todo por el caso de Díez, un asunto sobre el que no ha dicho aún una palabra porque lleva un mes y medio si responder a ninguna pregunta de la prensa. La pregunta de Feijóo es muy abierta —¿cree que España se merece tener a un presidente del Gobierno como usted?—, pero es seguro que tratará de explotar todos los escándalos recientes.
En La Moncloa creen que Sánchez no debe hablar de Díez, que ya ni siquiera es miembro del PSOE, porque sería darle una entidad que ellos creen que no tiene, ya que no se trata de una fontanera ni de nadie importante dentro del partido, como sí lo fue Ábalos, y sus maniobras no se hacían en nombre de la dirección ni de Sánchez, por lo que no debe dar explicaciones sobre algo que no le atañe. Pero Feijóo y Abascal insistirán en intentar que conteste, así que Sánchez estaba este martes ultimando su respuesta, pero con una idea similar a la de la última sesión de control a la que asistió, entonces con el escándalo por sus mensajes de WhatsApp con Ábalos en primer plano, en la que dijo que mientras la oposición se dedica a “la casquería” el Gobierno está con la gestión y los buenos datos económicos.
El Ejecutivo está desesperado porque no logra que las buenas noticias económicas de las últimas semanas, con cifras de empleo récord, niveles de la bolsa que no se veían en 17 años, beneficios récord de las empresas y una temporada turística también sin precedentes, quedan completamente opacadas por las polémicas judiciales y mediáticas. Sánchez intentará hablar de vivienda, como hizo en la Conferencia de Presidentes, pero la oposición tratará de llevarle a su terreno.
Lo que sí ha decidido ya con absoluta claridad el Gobierno es dar un salto sin posible marcha atrás en su ofensiva para trasladar la idea, que según las encuestas tiene cada vez más aceptación entre los votantes progresistas, de que un grupo de jueces está trabajando al límite de lo legal, bordeando la prevaricación, para perjudicar al Gobierno e incluso para tratar de tumbarlo. En privado, los ministros hablan abiertamente de este intento destituyente de algunos jueces y repiten la frase de José María Aznar “el que pueda hacer que haga” como si fuera el origen de toda esta operación. En público las formas se cuidan algo más, pero ya se ha dado el salto inédito hasta ahora de criticar directamente un auto del Tribunal Supremo desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, lo que da idea de hasta dónde llega el enfado del Gobierno y sobre todo su convicción de que una parte importante de la ciudadanía está tan indignada como ellos por el auto del juez Hurtado. “Es evidente que a estas alturas algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”, dijo Pilar Alegría, la portavoz, desde esa mesa, la que traslada la opinión más meditada del Gobierno sobre los asuntos de actualidad.
El sector socialista cuenta además con el respaldo de todos sus socios en este asunto. De hecho algunos, como Podemos, le piden que sea más contundente con las reformas para impedir que los jueces puedan tomar este tipo de decisiones que consideran arbitrarias. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue muy tajante en su apoyo al fiscal, al que respalda de forma “absoluta, completa y radical”. Díaz fue muy dura con el juez, en línea con muchos juristas tras leer el auto. “Me dedico a la abogacía en mi vida privada. No he visto un auto semejante como lo que estamos conociendo en estos días. Por tanto, muestro mi perplejidad por lo que estamos asistiendo y lo que sí que desde luego hemos de hacer es respetar el resultado de las urnas el 23 de julio. Y digo a los poderes fácticos y para el Partido Popular que está en la oposición, tiene una herramienta en democracia a su disposición que se llama moción de censura. Pero basta ya de torpedear todas las instituciones en nuestro país”, señaló en los pasillos del Senado.
Otra ministra de Sumar, Mónica García, de Sanidad, también defendió al fiscal y sobre todo que no dimita a pesar de sentarse en el banquillo porque se le está acusando sin pruebas. García recordó el caso del primer ministro portugués António Costa, que dimitió por una investigación de la fiscalía que después quedó en nada. Costa ha sido rehabilitado políticamente y ahora preside nada menos que el Consejo Europeo, la reunión de primeros ministros en Bruselas, pero su salida del Gobierno provocó una crisis fuerte en la izquierda y el PSP no resolvió bien la sucesión, y pasó de tener una mayoría absoluta a perder las elecciones y ahora ha vuelto a bajar, por lo que el líder que sucedió a Costa ha dimitido. Esto es, para García, una prueba de que si se cede ante una acusación injusta, las consecuencias políticas pueden ser irreparables. A pesar de la presión, el Gobierno insiste en que si no aparece ninguna prueba de que el fiscal general fue el filtrador, y creen que el auto demuestra que el juez no ha encontrado ninguna, va a mantener el apoyo a García “hasta el final”, esto es hasta una condena que ven totalmente imposible.
