La pesadilla de la testigo 777 para escapar de una red de explotación sexual en Mallorca

La pesadilla de la testigo protegida 777 comenzó en 2019 en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Allí vivía esta joven de 21 años que, con una hija de cuatro años a su cargo, trabajaba cuidando a los hijos de otros para ganarse la vida. Había emigrado a Ecuador huyendo de la situación política y social de su Venezuela natal y después de haber superado un cáncer de matriz. A través de una amiga, conoció a K.F.R, un chico de 30 años que después de varios encuentros y de muchas charlas telefónicas, le ofreció viajar a España para trabajar en el sector de la hostelería. Ella consiguió reunir los 1.300 euros que costaba el billete y que entregó en metálico en el aeropuerto de Caracas a un amigo de K.F.R, que le prometió alojarla en su casa y ayudarle a conseguir el permiso de residencia y un trabajo en Mallorca. Algo que nunca pasó.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a K.F.R a una pena de ocho años de cárcel como autor de un delito de trata de seres humanos en concurso con un delito de prostitución coactiva. El condenado también tendrá que pagar una multa de 4.500 euros, una indemnización de 15.000 euros y no podrá acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante diez años. La sentencia considera probado que K.F.R. engañó a la testigo protegida 777 para viajar a España, le obligó a ejercer la prostitución en varias viviendas bajo amenazas, le quitó el pasaporte y le robó el dinero que obtenía ejerciendo la prostitución de forma obligada. Junto a este hombre, también ha sido condenada a dos años y medio de cárcel por un delito de proxenetismo una mujer que se encargaba de dirigir uno de los prostíbulos en los que la víctima fue explotada.

Según el relato de la sentencia, la testigo 777 llegó a Palma el 23 de noviembre de 2019. En el aeropuerto le recogió el condenado junto a un amigo quienes, durante el trayecto hasta un piso situado al norte de la isla, comenzaron a hablar entre ellos diciendo que trabajaban para una mafia y que mataban a quien no hacía lo que le decían. Durante el viaje en coche, el condenado le dijo que tendría que trabajar como prostituta en una casa porque de lo contrario harían daño a su hija y al resto de su familia. “Si no trabajas como prostituta, no podrás comer”, asegura que le dijeron. K.F.R. también le informó de que su deuda con la organización era de 4.000 euros y que tendría que pagar una cuota mensual de las ganancias de su trabajo para poder pagar el montante total y ser libre. La joven declaró en el juicio que tuvo que ejercer la prostitución porque tenía miedo de las amenazas, no tenía dinero ni alternativas y se encontraba en un país extranjero sin conocer a nadie y sin posibilidades de huir.

La testigo 777 se vio obligada a prostituirse en un piso regentado por la mujer condenada D.M.G., que acordó repartirse todas las ganancias de la víctima con K.F.R. Con el pasaporte retirado, los proxenetas le dijeron que tenía que estar disponible para los clientes las 24 horas del día y que no podía salir libremente de la casa. Mientras las chicas que trabajaban en el piso se quedaban con el 60% de las ganancias y tenían que entregar el 40% a la propiedad, la víctima no recibía ni un solo euro. Solo en una ocasión, cuando D.M.G. no estaba en el piso, el hombre que la sustituyó como encargado le entregó el 60% del importe por un encuentro con un cliente.

La joven estuvo varias semanas en el piso ejerciendo la prostitución y el proxeneta le advirtió de que le enviarían a trabajar a la República Checa en dos semanas para que ganara más dinero, a pesar de que la deuda que tenía con la organización se incrementaría por los gastos de transporte. Un día, la encargada de un chalé del mismo dueño donde también se ejercía la prostitución fue al piso en el que se encontraba la víctima y pidió a la encargada trasladarla al suyo para trabajar allí. A pesar de la negativa de D.M.G. de trasladar la joven, el propietario del negocio lo autorizó y la víctima fue trasladada al chalé. La víctima explicó durante el juicio que con esta encargada logró tener una relación de confianza, ya que le trataba mejor, y por eso se decidió a contarle todo lo que había pasado.

La encargada de esta vivienda llamó a una amiga que conocía a un guardia civil y ambas le animaron a denunciar todo lo ocurrido para poner fin a su situación. Tras la denuncia, la víctima siguió recibiendo amenazas e incluso afirmó que una persona se había puesto en contacto con sus familiares en Venezuela para amenazarles. La joven ha estado en tratamiento psicológico por estrés postraumático. “Examinado el relato de hechos probados, resulta difícil imaginarse lo que sufrió la víctima” dicen los jueces, que subrayan que la víctima fue separada de su familia bajo la promesa de un futuro mejor y ya en España fue obligada a ejercer la prostitución “en un contexto de absoluta vulnerabilidad, sin capacidad real de autodeterminación”.