La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Castellón un entramado empresarial que habría defraudado unos 162.000 euros en prestaciones de la Seguridad Social a través de empresas ficticias que simulaban relaciones laborales mediante contratos fantasma. Para ello contaba con una red de sociedades sin actividad real y administradores ilocalizables, con el apoyo clave de una asesoría que gestionaba altas, bajas y documentación falsa.
12 personas han sido detenidas por estar involucradas en una trama con sociedades sin actividad real, apoyada por una asesoría que gestionaba altas, bajas y facturas falsas, que luego les permitían a los supuestos empleados cobrar dichos beneficios
La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Castellón un entramado empresarial que habría defraudado más de 160.000 euros en prestaciones de la Seguridad Social a través de empresas ficticias que simulaban relaciones laborales mediante contratos fantasma.
Para ello contaba con una red de sociedades sin actividad real y administradores ilocalizables, con el apoyo clave de una asesoría que gestionaba altas, bajas y documentación falsa. A yravés de ese entramado contrató a al menos 30 trabajadores, en su mayoría de origen pakistaní, quienes obtenían derechos de cotización para, posteriormente, beneficiarse de las mencionadas prestaciones que, en algunos casos, seguían cobrando tras abandonar España, ha informado el cuerpo policial. Los beneficiarios llegaron a figurar contratados simultáneamente el mismo día en distintas provincias.
La operación se ha saldado con 36 investigados y 12 detenidos ―que han pasado a disposición judicial― por presuntos delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y usurpación del estado civil. Dos de ellos han sido arrestados en sendas oficinas de Benicarló (Castellón), intervenidas por la policía.
La investigación se inició a raíz de la información remitida por la Tesorería General de la Seguridad Social, que alertó sobre posibles irregularidades en varias empresas vinculadas entre sí y gestionadas a través de una misma gestoría. Las primeras pesquisas permitieron detectar un patrón común, basado en la creación de sociedades sin actividad económica verificable, pero dadas de alta en la Seguridad Social.
Uno de los primeros indicios se localizó en la empresa principal, cuyo domicilio social correspondía a una vivienda particular en la que no se desarrollaba ninguna actividad económica. Los responsables, tanto de esta como de otras mercantiles, resultaron ilocalizables pese a figurar formalmente como administradores.
Las sociedades investigadas compartían características similares tales como administradores extranjeros sin arraigo en España, domicilios ficticios ―en ocasiones ubicados en espacios de coworking―, cambios frecuentes de titularidad y ausencia de actividad económica. Dificultaban así el control por parte de las autoridades, favoreciendo la continuidad del fraude, han informado desde el cuerpo de seguridad.
Tras estas empresas se ocultaban terceros que dirigían realmente la operativa, utilizando a los administradores como testaferros y coordinando la contratación de trabajadores sin que existiera una relación laboral real.
Avanzada la investigación se detectó la existencia de trabajadores dados de alta simultáneamente en varias empresas situadas en provincias no limítrofes, llegando incluso a figurar prestando servicios el mismo día en diferentes puntos del territorio nacional permitiendo generar derechos de cotización que posteriormente eran utilizados para solicitar prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.
La investigación policial ha logrado acreditar que al menos 30 supuestos trabajadores llegaron a percibir dichas prestaciones tras cesar su actividad en las empresas investigadas. El fraude al sistema público asciende a 162.030 euros. En muchos casos, los beneficiarios abandonaban posteriormente el territorio nacional mientras continuaban percibiendo las ayudas.
Paralelamente, los agentes detectaron una red de sociedades interconectadas que emitían facturas por servicios poco definidos, sin concreción sobre los trabajos realizados ni los periodos de ejecución. Todas han sido investigadas por posibles delitos relacionados por defraudación del IVA y el Impuesto de Sociedades.
“El análisis realizado reveló discrepancias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios, así como la existencia de intermediarios que suministraban mano de obra a explotaciones agrícolas sin que los contratantes conocieran la identidad real de los responsables”, han indicado las mismas fuentes.
En este entramado, una asesoría desempeñaba un papel relevante al encargarse de la gestión administrativa de las sociedades, incluyendo la tramitación de altas y bajas en la Seguridad Social, así como la elaboración de contratos, nóminas y documentación tributaria. Según las investigaciones, estas gestiones se realizaban mediante el uso de certificados digitales de los administradores formales sin su intervención directa.
Como resultado de la operación, se ha determinado la responsabilidad penal de 36 personas, de las cuales 12 han sido detenidas y puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, delito de falsedad documental y usurpación del estado civil.
