El compromiso de recortar la temporalidad desbocada en el sector público viene de lejos, pero los incumplimientos reiterados abocan a España a multas millonarias tras años de avisos de las autoridades comunitarias sin atender. Hoy, la Administración sigue abusando de contrataciones de corta duración y la eventualidad está desbocada , en el 30%, aunque el porcentaje se queda corto cuando se mira a las empresas públicas, donde pueden llegar a alcanzar en 60%. Es el caso de Tragsatec, firma de ingeniería filial de Tragsa, con más temporalidad en el empleo, seguida de Paradores, que registra un 35% y de Correos, con un 25%, según los datos del sindicato de funcionarios. El resto de empresas públicas cumple con el máximo legal fijado en el 8%, aunque la externalización de tareas impide conocer el alcance real de los trabajos de duración determinada, explica el sindicato de funcionarios. Los datos de CSIF apuntan a que Tragsatec tiene previsto consolidar este año sus puestos de trabajo para reducir la temporalidad, pero Paradores y Correos, por el contrario, aún no han publicado sus respectivas ofertas de empleo público. En el caso de la filial de Tragsa, a lo largo de 2026 tiene previsto convertir en fijos 2.154 puestos de trabajo, pero aun así, de los 14.416 empleados actuales con los que cuenta, 6.560 seguirán siendo temporales, lo que afectará al 45,51% de la plantilla . Noticia Relacionada estandar No El sueldo de los funcionarios subirá un 11,4% entre 2025 y 2028 tras el pacto entre el Gobierno y los sindicatos Susana Alcelay En diciembre los empleados públicos verán aumentar sus nóminas un 2,5% y recibirán una paga con los atrasos desde eneroLa vía para recortar la eventualidad pública es la convocatoria de oferta de empleo, de oposiciones, para convertir esas plantillas en fijas, además de suprimir al tasa de reposición, avisa el sindicato. Recuerda que el acuerdo marco sobre condiciones laborales que sellaron con el Gobierno a final del pasado año elimina esos topes para que las distintas administraciones puedan ofertar plazas necesarias para la prestación de los servicios. CSIF reclama la convocatoria de todas las plazas cubiertas de manera temporal; agilizar los procesos selectivos para que se ejecuten en el plazo máximo de tres años como fija la ley, y «sanciones ejemplares» disciplinarias, de responsabilidad civil y penal para los gestores que incumplan la norma. 8% Es la tasa de temporalidad que España debería tener desde hace un año, según lo pactado en el Plan de RecuperaciónRecortar la temporalidad en el sector público tiene difícil solución, teniendo en cuenta las necesidades de personal que tiene sectores como el sanitario o el educativo , la demora en las oposiciones y las limitaciones para las contrataciones que impone la tasa de reposición. La central que dirige Miguel Borra explica a ABC que elevará una queja sobre la inestabilidad de de las plantillas a la comisión de seguimiento de la temporalidad, que se constituyó tras el pacto alcanzado a finales de noviembre entre Función Pública y los sindicatos para que «se adopten medidas específicas». Avisa de que la central no esperará de brazos cruzados: «Nos reservamos el derecho a adoptar las medidas legales que consideremos oportunas».Las promesas de Montero En 2021 el Gobierno impulsó por la vía exprés un plan de choque para reducir la temporalidad, entonces ya en el 30%, para situarla en el 8% a final de 2024, y este compromiso se incluyó en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas. «Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público», dijo entonces la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda , María Jesús Montero, justificando la puesta en marcha de la ley de estabilización de las plantillas en el hecho de que «no es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal». El problema no se ha solucionado y la tasa pública dobla la del sector privado. Y el problema no ha hecho más que empeorar. Cuando en 2018 Pedro Sánchez llegó a La Moncloa prometió ya una cruzada contra los trabajos de corta duración. Este fue el espíritu también de la reforma laboral de 2022, un objetivo que a golpe de legislación ha tenido que cumplir el sector privado mientras que en el público miles de trabajadores llevan años prestando servicio al Estado sin puesto fijo y encadenando contratos eventuales durante décadas, incluso durante toda su vida laboral.1,4 millones de trabajadores tienen un contrato eventual en la Administración, lo que ha motivado varios avisos de EuropaCasi 1,4 millones de trabajadores del sector público tienen trabajo de duración determinada, 700.000 interinos y otros casi 650.000 con un contrato temporal, indefinido e indefinido no fijo. Llevan años de lucha sin respuesta. A finales del pasado año el Abogado General de la UE presentó sus conclusiones sobre la situación laboral de los afectados, y aunque fue sólo una opinión, no una sentencia, los jueces europeos lo tienen muy en cuenta y sus pronunciamientos suelen ser coincidentes. El Abogado rechazó la conversión de interinos en funcionarios pero reclamó indemnizaciones más altas, respaldó que tengan que realizar oposiciones para ser fijos, pero también exigió medidas que frenen el abuso en los contratos y estimó que la compensación de 33 días por año trabajado no resarce el daño causado.Con este pronunciamiento, el abogado respondía al Supremo, que en marzo de 2024 elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE sobre cómo hacer fijos a los empleados públicos tras el fallo del tribunal europeo en el que denunciaba que la legislación española no disuade adecuadamente a las administraciones del abuso de la inestabilidad y planteaba, como solución, hacer fijos a los afectados. Un mes antes, el 22 de febrero de 2024, una sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo, en respuesta a una cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consideró que la normativa española en este terreno contravenía la europea. La justicia europea tiene todavía la última palabra. El compromiso de recortar la temporalidad desbocada en el sector público viene de lejos, pero los incumplimientos reiterados abocan a España a multas millonarias tras años de avisos de las autoridades comunitarias sin atender. Hoy, la Administración sigue abusando de contrataciones de corta duración y la eventualidad está desbocada , en el 30%, aunque el porcentaje se queda corto cuando se mira a las empresas públicas, donde pueden llegar a alcanzar en 60%. Es el caso de Tragsatec, firma de ingeniería filial de Tragsa, con más temporalidad en el empleo, seguida de Paradores, que registra un 35% y de Correos, con un 25%, según los datos del sindicato de funcionarios. El resto de empresas públicas cumple con el máximo legal fijado en el 8%, aunque la externalización de tareas impide conocer el alcance real de los trabajos de duración determinada, explica el sindicato de funcionarios. Los datos de CSIF apuntan a que Tragsatec tiene previsto consolidar este año sus puestos de trabajo para reducir la temporalidad, pero Paradores y Correos, por el contrario, aún no han publicado sus respectivas ofertas de empleo público. En el caso de la filial de Tragsa, a lo largo de 2026 tiene previsto convertir en fijos 2.154 puestos de trabajo, pero aun así, de los 14.416 empleados actuales con los que cuenta, 6.560 seguirán siendo temporales, lo que afectará al 45,51% de la plantilla . Noticia Relacionada estandar No El sueldo de los funcionarios subirá un 11,4% entre 2025 y 2028 tras el pacto entre el Gobierno y los sindicatos Susana Alcelay En diciembre los empleados públicos verán aumentar sus nóminas un 2,5% y recibirán una paga con los atrasos desde eneroLa vía para recortar la eventualidad pública es la convocatoria de oferta de empleo, de oposiciones, para convertir esas plantillas en fijas, además de suprimir al tasa de reposición, avisa el sindicato. Recuerda que el acuerdo marco sobre condiciones laborales que sellaron con el Gobierno a final del pasado año elimina esos topes para que las distintas administraciones puedan ofertar plazas necesarias para la prestación de los servicios. CSIF reclama la convocatoria de todas las plazas cubiertas de manera temporal; agilizar los procesos selectivos para que se ejecuten en el plazo máximo de tres años como fija la ley, y «sanciones ejemplares» disciplinarias, de responsabilidad civil y penal para los gestores que incumplan la norma. 8% Es la tasa de temporalidad que España debería tener desde hace un año, según lo pactado en el Plan de RecuperaciónRecortar la temporalidad en el sector público tiene difícil solución, teniendo en cuenta las necesidades de personal que tiene sectores como el sanitario o el educativo , la demora en las oposiciones y las limitaciones para las contrataciones que impone la tasa de reposición. La central que dirige Miguel Borra explica a ABC que elevará una queja sobre la inestabilidad de de las plantillas a la comisión de seguimiento de la temporalidad, que se constituyó tras el pacto alcanzado a finales de noviembre entre Función Pública y los sindicatos para que «se adopten medidas específicas». Avisa de que la central no esperará de brazos cruzados: «Nos reservamos el derecho a adoptar las medidas legales que consideremos oportunas».Las promesas de Montero En 2021 el Gobierno impulsó por la vía exprés un plan de choque para reducir la temporalidad, entonces ya en el 30%, para situarla en el 8% a final de 2024, y este compromiso se incluyó en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas. «Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público», dijo entonces la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda , María Jesús Montero, justificando la puesta en marcha de la ley de estabilización de las plantillas en el hecho de que «no es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal». El problema no se ha solucionado y la tasa pública dobla la del sector privado. Y el problema no ha hecho más que empeorar. Cuando en 2018 Pedro Sánchez llegó a La Moncloa prometió ya una cruzada contra los trabajos de corta duración. Este fue el espíritu también de la reforma laboral de 2022, un objetivo que a golpe de legislación ha tenido que cumplir el sector privado mientras que en el público miles de trabajadores llevan años prestando servicio al Estado sin puesto fijo y encadenando contratos eventuales durante décadas, incluso durante toda su vida laboral.1,4 millones de trabajadores tienen un contrato eventual en la Administración, lo que ha motivado varios avisos de EuropaCasi 1,4 millones de trabajadores del sector público tienen trabajo de duración determinada, 700.000 interinos y otros casi 650.000 con un contrato temporal, indefinido e indefinido no fijo. Llevan años de lucha sin respuesta. A finales del pasado año el Abogado General de la UE presentó sus conclusiones sobre la situación laboral de los afectados, y aunque fue sólo una opinión, no una sentencia, los jueces europeos lo tienen muy en cuenta y sus pronunciamientos suelen ser coincidentes. El Abogado rechazó la conversión de interinos en funcionarios pero reclamó indemnizaciones más altas, respaldó que tengan que realizar oposiciones para ser fijos, pero también exigió medidas que frenen el abuso en los contratos y estimó que la compensación de 33 días por año trabajado no resarce el daño causado.Con este pronunciamiento, el abogado respondía al Supremo, que en marzo de 2024 elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE sobre cómo hacer fijos a los empleados públicos tras el fallo del tribunal europeo en el que denunciaba que la legislación española no disuade adecuadamente a las administraciones del abuso de la inestabilidad y planteaba, como solución, hacer fijos a los afectados. Un mes antes, el 22 de febrero de 2024, una sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo, en respuesta a una cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consideró que la normativa española en este terreno contravenía la europea. La justicia europea tiene todavía la última palabra.
El compromiso de recortar la temporalidad desbocada en el sector público viene de lejos, pero los incumplimientos reiterados abocan a España a multas millonarias tras años de avisos de las autoridades comunitarias sin atender. Hoy, la Administración sigue abusando de contrataciones de corta duración … y la eventualidad está desbocada, en el 30%, aunque el porcentaje se queda corto cuando se mira a las empresas públicas, donde pueden llegar a alcanzar en 60%. Es el caso de Tragsatec, firma de ingeniería filial de Tragsa, con más temporalidad en el empleo, seguida de Paradores, que registra un 35% y de Correos, con un 25%, según los datos del sindicato de funcionarios. El resto de empresas públicas cumple con el máximo legal fijado en el 8%, aunque la externalización de tareas impide conocer el alcance real de los trabajos de duración determinada, explica el sindicato de funcionarios.
Los datos de CSIF apuntan a que Tragsatec tiene previsto consolidar este año sus puestos de trabajo para reducir la temporalidad, pero Paradores y Correos, por el contrario, aún no han publicado sus respectivas ofertas de empleo público. En el caso de la filial de Tragsa, a lo largo de 2026 tiene previsto convertir en fijos 2.154 puestos de trabajo, pero aun así, de los 14.416 empleados actuales con los que cuenta, 6.560 seguirán siendo temporales, lo que afectará al 45,51% de la plantilla.
La vía para recortar la eventualidad pública es la convocatoria de oferta de empleo, de oposiciones, para convertir esas plantillas en fijas, además de suprimir al tasa de reposición, avisa el sindicato. Recuerda que el acuerdo marco sobre condiciones laborales que sellaron con el Gobierno a final del pasado año elimina esos topes para que las distintas administraciones puedan ofertar plazas necesarias para la prestación de los servicios. CSIF reclama la convocatoria de todas las plazas cubiertas de manera temporal; agilizar los procesos selectivos para que se ejecuten en el plazo máximo de tres años como fija la ley, y «sanciones ejemplares» disciplinarias, de responsabilidad civil y penal para los gestores que incumplan la norma.
8%
Es la tasa de temporalidad que España debería tener desde hace un año, según lo pactado en el Plan de Recuperación
Recortar la temporalidad en el sector público tiene difícil solución, teniendo en cuenta las necesidades de personal que tiene sectores como el sanitario o el educativo, la demora en las oposiciones y las limitaciones para las contrataciones que impone la tasa de reposición. La central que dirige Miguel Borra explica a ABC que elevará una queja sobre la inestabilidad de de las plantillas a la comisión de seguimiento de la temporalidad, que se constituyó tras el pacto alcanzado a finales de noviembre entre Función Pública y los sindicatos para que «se adopten medidas específicas». Avisa de que la central no esperará de brazos cruzados: «Nos reservamos el derecho a adoptar las medidas legales que consideremos oportunas».
Las promesas de Montero
En 2021 el Gobierno impulsó por la vía exprés un plan de choque para reducir la temporalidad, entonces ya en el 30%, para situarla en el 8% a final de 2024, y este compromiso se incluyó en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas. «Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público», dijo entonces la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificando la puesta en marcha de la ley de estabilización de las plantillas en el hecho de que «no es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal». El problema no se ha solucionado y la tasa pública dobla la del sector privado.
Y el problema no ha hecho más que empeorar. Cuando en 2018 Pedro Sánchez llegó a La Moncloa prometió ya una cruzada contra los trabajos de corta duración. Este fue el espíritu también de la reforma laboral de 2022, un objetivo que a golpe de legislación ha tenido que cumplir el sector privado mientras que en el público miles de trabajadores llevan años prestando servicio al Estado sin puesto fijo y encadenando contratos eventuales durante décadas, incluso durante toda su vida laboral.
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millones de trabajadores tienen un contrato eventual en la Administración, lo que ha motivado varios avisos de Europa
Casi 1,4 millones de trabajadores del sector público tienen trabajo de duración determinada, 700.000 interinos y otros casi 650.000 con un contrato temporal, indefinido e indefinido no fijo. Llevan años de lucha sin respuesta. A finales del pasado año el Abogado General de la UE presentó sus conclusiones sobre la situación laboral de los afectados, y aunque fue sólo una opinión, no una sentencia, los jueces europeos lo tienen muy en cuenta y sus pronunciamientos suelen ser coincidentes. El Abogado rechazó la conversión de interinos en funcionarios pero reclamó indemnizaciones más altas, respaldó que tengan que realizar oposiciones para ser fijos, pero también exigió medidas que frenen el abuso en los contratos y estimó que la compensación de 33 días por año trabajado no resarce el daño causado.
Con este pronunciamiento, el abogado respondía al Supremo, que en marzo de 2024 elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE sobre cómo hacer fijos a los empleados públicos tras el fallo del tribunal europeo en el que denunciaba que la legislación española no disuade adecuadamente a las administraciones del abuso de la inestabilidad y planteaba, como solución, hacer fijos a los afectados. Un mes antes, el 22 de febrero de 2024, una sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo, en respuesta a una cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consideró que la normativa española en este terreno contravenía la europea. La justicia europea tiene todavía la última palabra.
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