A falta de cerrar el ejercicio, 2025 apunta a convertirse en el mejor año para el sector inmobiliario desde 2007, cuando se produjeron 775.000 operaciones. Solo en los nueve primeros meses del año se han registrado 470.000 compraventas de inmuebles . Además, mes tras mes comprobamos como los precios suben incluso a cifras de dos dígitos, en términos interanuales, en algunas comunidades autónomas. En el tercer trimestre, por ejemplo, se incrementó un 12,1% interanual hasta los 2.153,4 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica, por encima incluso de la burbuja, según datos facilitados esta misma semana por el Ministerio de Vivienda.La combinación de ambas cifras –más ventas y a precios más altos– tiene claros beneficiarios: las administraciones públicas. Y es que si los ayuntamientos reciben importantes cantidades de dinero con las recalificaciones de suelo, o las licencias de construcción; las autonomías también salen beneficiadas con los ingresos que obtienen por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que se aplica a las compraventas de segunda vivienda. Y el Estado central, otro tanto, ya que se beneficia del IVA del 10% que se cobra por la venta de vivienda nueva, así como del IRPF que se paga por las plusvalías que se generan cuando se venden estas casas.Lo vimos y lo vivimos en el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los ingresos ligados a la construcción y a la compraventa de vivienda llegaron a caer más del 70% entre 2007 y 2013, lo que nos indica que deberíamos aprender la lección y evitar ligar gastos estructurales a los ingresos que se están produciendo de manera extraordinaria por el aumento de la compraventa de vivienda y la construcción de la misma. Las cifras son elocuentes. Solo en los siete primeros meses del año los ingresos autonómicos ligados a la compraventa de vivienda se han disparado casi un 22% superando los 8.000 millones de euros. Quizás lo que deberían hacer las administraciones es bajar los tipos de estos impuestos, al menos para la compra de primera vivienda, para facilitar el acceso a la misma especialmente a los jóvenes, y no aprovechar estos mayores ingresos para gastar más en otras partidas. Hay que recordar que antes del estallido de la burbuja, en 2007, el tipo de IVA que se pagaba por la compra de vivienda libre era del 7%, y por la protegida, del 4%. Además, los compradores podían deducir en el IRPF un 15% de la hipoteca todos los años, hasta un máximo de 9.000 euros. Estos tipos se subieron tras la gran recesión para cubrir todo el agujero generado por el desplome de los ingresos ligado al sector inmobiliario, pero nunca han vuelto a bajarse. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank ligado a la CEOE, presentaba un informe hace unos meses en los que denunciaba la elevada fiscalidad que soporta la vivienda en España , una de las más elevadas en Europa. El IEE cifra en 52.200 millones anuales los ingresos que el conjunto de las administraciones reciben por la vivienda, un 3,5% del PIB español y un 18% de la recaudación tributaria total. Con el boom que estamos empezando a vivir, estas cifras están creciendo.En este entorno, la ministra Montero ha llevado esta semana al Consejo de Ministros su propuesta para incrementar un 8,5% el techo de gasto. Lo presentaba como un caramelo para los ciudadanos y las comunidades. Más valdría que ayuntamientos, autonomías y gobierno central, en lugar de disparar el gasto aprovecharan las vacas gordas para sanear sus cuentas y su deuda y estar bien preparados para cuando la economía no crezca tanto. A falta de cerrar el ejercicio, 2025 apunta a convertirse en el mejor año para el sector inmobiliario desde 2007, cuando se produjeron 775.000 operaciones. Solo en los nueve primeros meses del año se han registrado 470.000 compraventas de inmuebles . Además, mes tras mes comprobamos como los precios suben incluso a cifras de dos dígitos, en términos interanuales, en algunas comunidades autónomas. En el tercer trimestre, por ejemplo, se incrementó un 12,1% interanual hasta los 2.153,4 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica, por encima incluso de la burbuja, según datos facilitados esta misma semana por el Ministerio de Vivienda.La combinación de ambas cifras –más ventas y a precios más altos– tiene claros beneficiarios: las administraciones públicas. Y es que si los ayuntamientos reciben importantes cantidades de dinero con las recalificaciones de suelo, o las licencias de construcción; las autonomías también salen beneficiadas con los ingresos que obtienen por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que se aplica a las compraventas de segunda vivienda. Y el Estado central, otro tanto, ya que se beneficia del IVA del 10% que se cobra por la venta de vivienda nueva, así como del IRPF que se paga por las plusvalías que se generan cuando se venden estas casas.Lo vimos y lo vivimos en el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los ingresos ligados a la construcción y a la compraventa de vivienda llegaron a caer más del 70% entre 2007 y 2013, lo que nos indica que deberíamos aprender la lección y evitar ligar gastos estructurales a los ingresos que se están produciendo de manera extraordinaria por el aumento de la compraventa de vivienda y la construcción de la misma. Las cifras son elocuentes. Solo en los siete primeros meses del año los ingresos autonómicos ligados a la compraventa de vivienda se han disparado casi un 22% superando los 8.000 millones de euros. Quizás lo que deberían hacer las administraciones es bajar los tipos de estos impuestos, al menos para la compra de primera vivienda, para facilitar el acceso a la misma especialmente a los jóvenes, y no aprovechar estos mayores ingresos para gastar más en otras partidas. Hay que recordar que antes del estallido de la burbuja, en 2007, el tipo de IVA que se pagaba por la compra de vivienda libre era del 7%, y por la protegida, del 4%. Además, los compradores podían deducir en el IRPF un 15% de la hipoteca todos los años, hasta un máximo de 9.000 euros. Estos tipos se subieron tras la gran recesión para cubrir todo el agujero generado por el desplome de los ingresos ligado al sector inmobiliario, pero nunca han vuelto a bajarse. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank ligado a la CEOE, presentaba un informe hace unos meses en los que denunciaba la elevada fiscalidad que soporta la vivienda en España , una de las más elevadas en Europa. El IEE cifra en 52.200 millones anuales los ingresos que el conjunto de las administraciones reciben por la vivienda, un 3,5% del PIB español y un 18% de la recaudación tributaria total. Con el boom que estamos empezando a vivir, estas cifras están creciendo.En este entorno, la ministra Montero ha llevado esta semana al Consejo de Ministros su propuesta para incrementar un 8,5% el techo de gasto. Lo presentaba como un caramelo para los ciudadanos y las comunidades. Más valdría que ayuntamientos, autonomías y gobierno central, en lugar de disparar el gasto aprovecharan las vacas gordas para sanear sus cuentas y su deuda y estar bien preparados para cuando la economía no crezca tanto.
CUENTAS SIN CUENTOS
Las Administraciones vuelven a ser las grandes beneficiadas por el nuevo boom del mercado inmobiliario. Cuidado con fiarse de estos ingresos extra, que ya sabemos lo que pasa cuando desaparecen
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