La caravana terrestre de activistas llamada Global Sumud Land, que pretende llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza, ha informado este domingo de que las autoridades del este de Libia han retenido a diez de sus miembros, entre ellos la española Alicia Armesto Núñez, cuando negociaban el paso del convoy en un control de seguridad cercano a la ciudad de Sirte. Es la segunda vez que se les impide el tránsito a este grupo, que ya fue interceptado el pasado 18 de mayo también en los alrededores de Sirte.
La Global Sumud Land, que salió en paralelo a la flotilla marítima, ha sido interceptada en Sirte, en el este del país, cuando intentaban negociar el paso del convoy por un control de seguridad
La caravana terrestre de activistas llamada Global Sumud Land, que pretende llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza, ha informado este domingo de que las autoridades del este de Libia han retenido a diez de sus miembros, entre ellos la española Alicia Armesto Núñez, cuando negociaban el paso del convoy en un control de seguridad cercano a la ciudad de Sirte. Es la segunda vez que se les impide el tránsito a este grupo, que ya fue interceptado el pasado 18 de mayo también en los alrededores de Sirte.
En el grupo principal, de unas 200 personas, viajan cuatro ciudadanos españoles. Una de ellos, Armesto, se adelantó junto a las otras nueve para negociar el paso. “Los voluntarios de la Caravana Global Sumud Land se han acercado al puesto de control de Sirte para negociar el paso. Hace casi dos horas. No hemos sabido nada de ellos desde entonces”, había informado previamente el grupo en un mensaje difundido en redes sociales a media tarde de este domingo.
“Si eres ciudadano de uno de estos países, llama a tu Ministerio de Asuntos Exteriores. Pregunta qué están haciendo para proteger a sus ciudadanos que forman parte de un convoy humanitario en Libia”, concluye el comunicado de Global Sumud.
Los otros nueve retenidos son la ciudadana polaca Laura Kwoczala, la estadounidense Jenelle Jones, los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, el uruguayo Matías Álvarez Rodríguez, la portuguesa Ana Margarida França Santana Baptista, el tunecino Ashraf Joya y los italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos considera el este de Libia una zona de riesgo extremo y advierte de que la región se caracteriza por una profunda inestabilidad, la presencia de grupos armados, altas tasas de delincuencia, riesgo de terrorismo, secuestros y la amenaza constante de artefactos explosivos sin detonar.
La región está gobernada con puño de hierro por el mariscal Jalifa Hafter desde la caída del dictador Muamar el Gadafi en el año 2011, un hecho que desencadenó una inestabilidad tal que acabó convirtiendo al país norteafricano en un Estado fallido. En el oeste, con Trípoli como capital, existe un gobierno reconocido por la comunidad internacional. Jaftar controla los territorios del este del país, donde se ha impuesto por la fuerza frente a distintas facciones con el apoyo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y mercenarios rusos.
Los activistas pudieron atravesar sin problemas por el oeste de Libia, pero se les impidió el paso en un punto al oeste de Sirte, controlado por el llamado Ejército Nacional Libio bajo el mando de Hafter. Una fuente turca del convoy explicó que los soldados les aseguraron que no permitirían el paso de ningún activista extranjero.
Días después, el convoy informó de que las negociaciones emprendidas con las autoridades se habían estancado. “Las reiteradas peticiones de reunión para finalizar los detalles de la recepción y entrega de la ayuda humanitaria, junto a los especialistas que viajan a bordo, no han recibido ninguna respuesta concreta”, explicó el grupo. Consideran que “el genocidio y el bloqueo de Gaza continúan y el pueblo palestino no puede esperar a que se resuelva este absurdo burocrático para recibir socorro y ayuda”.
El convoy incluye 30 vehículos, entre ellos 10 camiones y dos ambulancias cargadas de medicinas, y porta 270 personas de 26 nacionalidades diferentes, incluidos expertos en medicina, ingeniería, logística y derecho humanitario. La iniciativa partió de Mauritania, Túnez y Argelia, entre otros países, hace aproximadamente un mes.
“Cada artículo a bordo está meticulosamente documentado. Todos los participantes están comprometidos con la acción civil y no violenta. Cada paso se da de acuerdo con el derecho internacional”, ha explicado la organización.
El grupo recuerda además la reciente intercepción de 50 barcos de la Global Sumud Flotilla y la “detención brutal e ilegal” de 328 participantes en aguas internacionales cuando se dirigían a Gaza. “El derecho del pueblo palestino a recibir ayuda y controlar sus propias fronteras no es una petición: es una obligación legal y moral de todos los estados e instituciones que afirman defender los derechos humanos”, remacha el comunicado.
De hecho, este convoy terrestre salió en paralelo a la flotilla marítima a principios de abril. En junio de 2025, una primera caravana ya intentó, sin éxito, llegar a Rafah desde El Cairo. A diferencia de la anterior, esta no solo está enfocada en ayuda y apoyo logístico a la flotilla desde tierra, sino que también transporta medicamentos, materiales de construcción y viviendas móviles que quieren introducir a través del paso de Rafah. Los activistas han pasado por Mauritania, Argelia, Túnez y Libia, donde se encuentran ahora, y pretenden entrar desde Egipto.
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