Las principales entidades sociales catalanas han reclamado este martes una “respuesta política urgente, contundente y coordinada” ante el aumento del sinhogarismo en Cataluña. Los colectivos han considerado “claramente insuficiente” la partida de 30 millones de euros prevista en los Presupuestos de la Generalitat para 2026, según han afirmado cubren solo el 30% de la financiación necesaria. El tercer sector exige que el Govern destine, como mínimo, 100 millones de euros el próximo año y que se comprometa a cuadruplicar esta inversión hasta 2030. Así lo ha compartido durante una rueda de prensa convocada en Barcelona, por la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, junto a ECAS, Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, Càritas Catalunya y Creu Roja Catalunya. Las entidades en conjunto han advertido de que el modelo de abordaje del fenómeno “ya existe y está consensuado”, pero su despliegue es todavía insuficiente.
Más inversión infantil
La Fundació Pere Tarrés también ha alertado este martes de que la vulnerabilidad infantil en Cataluña sigue creciendo y reclama más inversión pública para prevenir que niños y adolescentes en riesgo acaben bajo tutela de la Administración. Según los últimos datos, el 36,5% de los menores de 18 años (unos 490.000) están en riesgo de pobreza, y cerca de 8.800 tienen alguna medida de protección, de los cuales 5.237 viven en centros residenciales tras haber sido separados de sus familias por situación de desamparo.
Para revertir esta situación, la entidad impulsó el proyecto Som Veu, un modelo pedagógico preventivo testado en nueve comunidades autónomas con 549 menores y un centenar de profesionales. Los resultados apuntan a mejoras en el rendimiento académico y en las relaciones familiares, así como a una mayor implicación de las familias en la vida escolar y comunitaria. Sin embargo, la continuidad del programa está en riesgo por la falta de financiación estable, lo que ha llevado a la fundación a reclamar un compromiso presupuestario sostenido por parte de las administraciones.
Los colectivos consideran que los 30 millones previstos cubren solo el 30% de la financiación necesaria
Las principales entidades sociales catalanas han reclamado este martes una “respuesta política urgente, contundente y coordinada” ante el aumento del sinhogarismo en Cataluña. Los colectivos han considerado “claramente insuficiente” la partida de 30 millones de euros prevista en los Presupuestos de la Generalitat para 2026, según han afirmado cubren solo el 30% de la financiación necesaria. El tercer sector exige que el Govern destine, como mínimo, 100 millones de euros el próximo año y que se comprometa a cuadruplicar esta inversión hasta 2030. Así lo ha compartido durante una rueda de prensa convocada en Barcelona, por la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, junto a ECAS, Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, Càritas Catalunya y Creu Roja Catalunya. Las entidades en conjunto han advertido de que el modelo de abordaje del fenómeno “ya existe y está consensuado”, pero su despliegue es todavía insuficiente.
Los presupuestos de 2026 contemplan un plan contra el sinhogarismo y el chabolismo dotado con un mínimo de 30 millones de euros. Para las organizaciones, la cifra no responde a la dimensión del problema. “Las personas en situación de sinhogarismo no pueden esperar más a una respuesta política que debe ser urgente”, han señalado representantes de las entidades. Según han señalado, han pedido al Parlament que acelere la tramitación de la proposición de ley específica sobre la materia.
Las entidades recordaron que el sinhogarismo no se limita a dormir en la calle. También incluye a quienes viven en viviendas inseguras, inadecuadas, en viviendas de alquileres inaccesibles o en condiciones de hacinamiento, formas de exclusión residencial que a menudo “permanecen invisibles.” En un contexto de crisis de vivienda, han subrayado, el encarecimiento de los alquileres se ha convertido en “un factor estructural de empobrecimiento.”
Según datos del IDESCAT presentados por las entidades participantes, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en Cataluña es alrededor del 25% y cerca del 15% de la población acumula retrasos en pagos vinculados a la vivienda. El Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS) estima que más de 4.700 personas utilizaron recursos de atención al sinhogarismo en 2024, aunque muchas otras quedan fuera del radar estadístico.
El sinhogarismo en Cataluña se ha consolidado en los últimos años como un fenómeno estructural y al alza. Según un diagnóstico, publicado el pasado diciembre, encargado por el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas que viven en centros y servicios de atención ha aumentado un 40% en menos de dos años, hasta alcanzar las 4.726 plazas ocupadas en 2024. El informe, que por primera vez incorporo un apartado específico sobre Cataluña, también reflejó un cambio en el perfil de la población afectada: la presencia de mujeres ha crecido de forma sostenida en la última década, pasando del 12% al 42%.
El tercer sector reclama cumplir y reforzar el despliegue del Marco de Acción para el Abordaje del Sinhogarismo – documento estratégico impulsado por la Generalitat que fija las líneas de actuación – y aplicar de forma homogénea el modelo de acompañamiento en todo el territorio, de modo que “la atención no dependa del municipio en el que se encuentre la persona afectada.” También piden una mayor coordinación entre administraciones y financiación suficiente para los ayuntamientos, que asumen la primera línea de atención.
Entre las demandas los colectivos también han pedido la garantía del empadronamiento sin domicilio fijo como puerta de acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales, así como para acreditar la residencia de las personas migradas. Las entidades, además, alertaron contra las campañas de desinformación y los discursos de odio que, según han comentado, dificultan el acceso a una vivienda digna y la construcción de soluciones estructurales.
Más inversión infantil
La Fundació Pere Tarrés también ha alertado este martes de que la vulnerabilidad infantil en Cataluña sigue creciendo y reclama más inversión pública para prevenir que niños y adolescentes en riesgo acaben bajo tutela de la Administración. Según los últimos datos, el 36,5% de los menores de 18 años (unos 490.000) están en riesgo de pobreza, y cerca de 8.800 tienen alguna medida de protección, de los cuales 5.237 viven en centros residenciales tras haber sido separados de sus familias por situación de desamparo.
Para revertir esta situación, la entidad impulsó el proyecto Som Veu, un modelo pedagógico preventivo testado en nueve comunidades autónomas con 549 menores y un centenar de profesionales. Los resultados apuntan a mejoras en el rendimiento académico y en las relaciones familiares, así como a una mayor implicación de las familias en la vida escolar y comunitaria. Sin embargo, la continuidad del programa está en riesgo por la falta de financiación estable, lo que ha llevado a la fundación a reclamar un compromiso presupuestario sostenido por parte de las administraciones.
