Hace ya más de un año que los 78 municipios afectados por la Dana de 2024 disponen en sus cuentas corrientes de los 1.621 millones de euros en ayudas para la reconstrucción asignados por el Gobierno, pero todo indica que ese dinero ha estado criando telarañas una buena temporada. A 27 de abril de 2026, solo se han licitado proyectos equivalentes a un 1,2% de ese presupuesto, lo que implica que buena parte de las más de 500 intervenciones previstas, que incluyen reparaciones de escuelas infantiles, centros sociales e instalaciones deportivas anegados por el agua o la recuperación del alumbrado público, ni siquiera han pasado el primer trámite. Los datos son de Seopan, la patronal de las constructoras y concesionarias de infraestructuras, que tras realizar un barrido de los datos disponibles en el Portal de Transparencia, ha revelado que únicamente se han licitado 14 contratos por valor de 19,1 millones de euros; poco más de un 1% de la dotación total. De este porcentaje el 0,9% corresponde a pliegos tramitados por las corporaciones locales, y el 0,3%, por Tragsa, la empresa de obra pública del Estado que depende del Ministerio de Agricultura. Acusan a la empresa pública Los constructores señalan a Tragsa por sacar a licitación concursos «leoninos», muchos de los cuales quedan desiertos por el bajo precio ofertadoSe trata de actuaciones que afectan a instalaciones municipales, pero desde Seopan son muy claros a la hora de señalar que los ayuntamientos no son los responsables de las demoras ; más bien, son las víctimas de un alud de papeleo al que no están acostumbrados, mientras el Gobierno y Tragsa no han sabido ponerles las cosas fáciles, aseguran los constructores. Los primeros, por no haber aprobado la declaración de emergencia para esas obras -como se hizo con la reparación de la línea de AVE Madrid-Valencia-, extremo que hubiera permitido habilitar un trámite exprés para resolver los expedientes rápidamente; y los segundos, por sacar a licitación -en nombre de los consistorios que han solicitado sus servicios- unos contratos que la patronal define como «leoninos», que han hecho que «muchos concursos queden desiertos», según ha denunciado Julián Núñez, presidente de Seopan, durante una rueda de prensa este lunes. Noticia relacionada general No No El chófer de Mazón niega presiones en el Congreso y se remite a su declaración judicial Toni JiménezEsos 1.621 millones de euros asignados a las corporaciones locales forman parte de un paquete de 1.745 millones consignados en el Real Decreto-ley 6/2024, que fue aprobado por el Consejo de Ministros apenas una semana después del fatal aguacero del 29 de octubre. El envío de los fondos a los ayuntamientos para reconstruir equipamientos pasaba por ser una de las prioridades del Ejecutivo, de ahí que los recursos se transfirieran en un tiempo récord de solo cuarenta días desde que el Gobierno acordara hacerse cargo del 100% de la financiación de esos gastos -el 23 de enero de 2025- y que se encomendara a Tragsa la redacción de un acuerdo marco para «agilizar los trámites», aseguró entonces el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De forma excepcional, incluso se permitió que la empresa pública se hiciera cargo de la adjudicación y ejecución de las obras en aquellos casos en los que el ayuntamiento responsable no tuviera capacidad técnica o humana para hacerlo, dado el volumen de actuaciones a gestionar en muy poco tiempo. Era la primera vez que se permitía a los consistorios delegar en Tragsa su capacidad de licitación, para que fuera esta última la que se encargara del farragoso procedimiento previsto en la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP). Piden agilizar el trámite 2 años Proceso muy lento Desde Seopan recuerdan que, en algunos casos, el proceso para licitar una actuación en un municipio puede demorarse hasta dos años, por eso piden habilitar una vía exprésSea como fuere, el caso es que ha pasado un año desde que los fondos fueron ingresados en las cuentas de las corporaciones locales y la mayor parte de los proyectos ni siquiera han sido licitados. De hecho, y en opinión de Julián Núñez, si se siguen todos los pasos previstos en la normativa doméstica de contratación, el proceso antes de empezar los trabajos puede demorarse hasta dos años en algunos casos. Para evitar esto, desde Seopan exigen al Consejo de Ministros que apruebe una declaración de emergencia para las obras que hay que acometer en los 78 municipios , una medida que ya se aplicó en la propia dana de 2024; por ejemplo, en los trabajos de reparación de las vías del AVE Madrid-Valencia, que estuvieron terminados apenas quince días después de iniciado el trámite. Como ya se ha avanzado, además, a esto se une la problemática con la cuantía de las ofertas que está presentando Tragsa, tan bajas que los constructores aseguran que varios concursos han quedado desiertos. Hace ya más de un año que los 78 municipios afectados por la Dana de 2024 disponen en sus cuentas corrientes de los 1.621 millones de euros en ayudas para la reconstrucción asignados por el Gobierno, pero todo indica que ese dinero ha estado criando telarañas una buena temporada. A 27 de abril de 2026, solo se han licitado proyectos equivalentes a un 1,2% de ese presupuesto, lo que implica que buena parte de las más de 500 intervenciones previstas, que incluyen reparaciones de escuelas infantiles, centros sociales e instalaciones deportivas anegados por el agua o la recuperación del alumbrado público, ni siquiera han pasado el primer trámite. Los datos son de Seopan, la patronal de las constructoras y concesionarias de infraestructuras, que tras realizar un barrido de los datos disponibles en el Portal de Transparencia, ha revelado que únicamente se han licitado 14 contratos por valor de 19,1 millones de euros; poco más de un 1% de la dotación total. De este porcentaje el 0,9% corresponde a pliegos tramitados por las corporaciones locales, y el 0,3%, por Tragsa, la empresa de obra pública del Estado que depende del Ministerio de Agricultura. Acusan a la empresa pública Los constructores señalan a Tragsa por sacar a licitación concursos «leoninos», muchos de los cuales quedan desiertos por el bajo precio ofertadoSe trata de actuaciones que afectan a instalaciones municipales, pero desde Seopan son muy claros a la hora de señalar que los ayuntamientos no son los responsables de las demoras ; más bien, son las víctimas de un alud de papeleo al que no están acostumbrados, mientras el Gobierno y Tragsa no han sabido ponerles las cosas fáciles, aseguran los constructores. Los primeros, por no haber aprobado la declaración de emergencia para esas obras -como se hizo con la reparación de la línea de AVE Madrid-Valencia-, extremo que hubiera permitido habilitar un trámite exprés para resolver los expedientes rápidamente; y los segundos, por sacar a licitación -en nombre de los consistorios que han solicitado sus servicios- unos contratos que la patronal define como «leoninos», que han hecho que «muchos concursos queden desiertos», según ha denunciado Julián Núñez, presidente de Seopan, durante una rueda de prensa este lunes. Noticia relacionada general No No El chófer de Mazón niega presiones en el Congreso y se remite a su declaración judicial Toni JiménezEsos 1.621 millones de euros asignados a las corporaciones locales forman parte de un paquete de 1.745 millones consignados en el Real Decreto-ley 6/2024, que fue aprobado por el Consejo de Ministros apenas una semana después del fatal aguacero del 29 de octubre. El envío de los fondos a los ayuntamientos para reconstruir equipamientos pasaba por ser una de las prioridades del Ejecutivo, de ahí que los recursos se transfirieran en un tiempo récord de solo cuarenta días desde que el Gobierno acordara hacerse cargo del 100% de la financiación de esos gastos -el 23 de enero de 2025- y que se encomendara a Tragsa la redacción de un acuerdo marco para «agilizar los trámites», aseguró entonces el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De forma excepcional, incluso se permitió que la empresa pública se hiciera cargo de la adjudicación y ejecución de las obras en aquellos casos en los que el ayuntamiento responsable no tuviera capacidad técnica o humana para hacerlo, dado el volumen de actuaciones a gestionar en muy poco tiempo. Era la primera vez que se permitía a los consistorios delegar en Tragsa su capacidad de licitación, para que fuera esta última la que se encargara del farragoso procedimiento previsto en la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP). Piden agilizar el trámite 2 años Proceso muy lento Desde Seopan recuerdan que, en algunos casos, el proceso para licitar una actuación en un municipio puede demorarse hasta dos años, por eso piden habilitar una vía exprésSea como fuere, el caso es que ha pasado un año desde que los fondos fueron ingresados en las cuentas de las corporaciones locales y la mayor parte de los proyectos ni siquiera han sido licitados. De hecho, y en opinión de Julián Núñez, si se siguen todos los pasos previstos en la normativa doméstica de contratación, el proceso antes de empezar los trabajos puede demorarse hasta dos años en algunos casos. Para evitar esto, desde Seopan exigen al Consejo de Ministros que apruebe una declaración de emergencia para las obras que hay que acometer en los 78 municipios , una medida que ya se aplicó en la propia dana de 2024; por ejemplo, en los trabajos de reparación de las vías del AVE Madrid-Valencia, que estuvieron terminados apenas quince días después de iniciado el trámite. Como ya se ha avanzado, además, a esto se une la problemática con la cuantía de las ofertas que está presentando Tragsa, tan bajas que los constructores aseguran que varios concursos han quedado desiertos.
Desde hace más de un año, los 78 municipios afectados por la DANA que asoló el Levante peninsular en octubre de 2024 tienen ya en sus cuentas corrientes los 1.621 millones de euros en ayudas para la reconstrucción asignados por el Gobierno. Y sin … embargo, a 27 de abril de 2026, solo se han licitado proyectos para el equivalente a un 1,2% de ese presupuesto, lo que equivale a decir que buena parte de las más de 500 intervenciones necesarias, que incluyen reparaciones de escuelas infantiles, centros sociales, instalaciones deportivas o alumbrado público, ni siquiera cuentan aún con un expediente que las empresas puedan valorar.
Los datos son de Seopan, la principal patronal española de las constructoras y concesionarias de obras públicas, que tras hacer un barrido por los datos disponibles en el Portal de Transparencia concluye que únicamente se han licitado 14 contratos por valor de 19,1 millones de euros; de estos, el 0,9% son pliegos tramitados por las corporaciones locales y el 0,3%, por Tragsa, la empresa de obra pública dependiente del Ministerio de Agricultura.
Desde la patronal, sin embargo, han sido muy claros a la hora de señalar que los responsables de estos retrasos no son en ningún caso los ayuntamientos, que más bien se han visto desbordados por un alud de papeleo al que no están acostumbrados, sino el Gobierno y Tragsa. En el primer caso, por no aprobar la declaración de emergencia para esas actuaciones -como se hizo con la línea de AVE Madrid-Valencia-, extremo que hubiera habilitado una vía ‘express’ para resolver las licitaciones; y en el segundo, por publicar contratos «leoninos», que han hecho que «muchos concursos queden desiertos», según ha denunciado Julián Núñez, presidente de Seopan, durante una rueda de prensa esta mañana.
Para contextualizar el caso, hay que explicar que esos 1.621 millones de euros forman parte de un paquete de 1.745 millones consignados en el Real Decreto-ley 6/2024, que fue aprobado por el Consejo de Ministros apenas una semana después del fatal aguacero del 29 de octubre. El envío de los fondos a los ayuntamientos para reconstruir equipamientos pasaba por ser una de las prioridades del Ejecutivo, de ahí que los recursos se transfirieran en un tiempo récord de cuarenta días desde que el Gobierno acordara hacerse cargo del 100% de la financiación de esas partidas -el 23 de enero de 2025- y que se encomendara a Tragsa la redacción de un acuerdo marco para que esta empresa «agilizara los trámites», aseguró entonces el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
De forma excepcional, incluso se permitió que Tragsa se pudiera cargo de la adjudicación y ejecución de las obras en aquellos casos en los que el ayuntamiento responsable no tuviera capacidad técnica o humana para hacerlo. Era la primera vez que se permitía a los consistorios delegar en Tragsa su capacidad de licitación, para que fuera esta empresa la que se encargara del farragoso proceso de trámite previsto en la Ley de Contratación del Sector Público.
Sea como fuere, el caso es que ha pasado un año desde que los fondos están en manos de las corporaciones locales y las obras no avanzan. De hecho, y en opinión de Julián Núñez, si se siguen todos los pasos previstos en la LCSP, el proceso antes de conseguir una licitación puede demorarse hasta dos años. Para evitar esto, desde Seopan exigen al Consejo de Ministros que apruebe una declaración de emergencia para las obras que hay que acometer en los 78 municipios, una medida que agiliza los trámites y que ya se aplicó tras la DANA de 2024; por ejemplo, en los trabajos de reparación de las vías del AVE Madrid-Valencia, que estaban terminados apenas quince días después de iniciado el trámite. Como ya se ha avanzado, a esto se una la problemática con la cuantía de las ofertas que está presentando Tragsa, tan bajas que los constructores aseguran que varios concursos han quedado desiertos.
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