La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de juzgar la macrocausa por el mayor brote de listeriosis de Europa, originado en la fábrica sevillana de Magrudis en 2019 y que se saldó con más de 250 infectados, cuatro víctimas mortales y seis abortos, ha accedido a la petición de las acusaciones particulares de aplazar una semana más el inicio del juicio para que puedan tratar de cerrar un acuerdo con las aseguradoras del Ayuntamiento de la ciudad para garantizar las indemnizaciones de todos los afectados. Encima de la mesa hay un montante de unos 10 millones de euros, pero el único escollo para alcanzar ese pacto es el propio consistorio de la capital andaluza, que, como responsable civil subsidiario, debería aportar la cantidad que las compañías de seguros no pueden cubrir. En este tiempo, denuncian las víctimas, no se ha comprometido a nada, pese a la insistencia de las partes implicadas. “Lo que estamos esperando es que el Ayuntamiento ponga dinero encima de la mesa, hablando en plata. Es la pata de la negociación que nos falta”, ha asegurado esta mañana en una comparecencia ante los medios Manuel Parrilla, letrado de las dos personas con más secuelas y que reclaman mayor cuantía: los mellizos Pablo y Javier de 7 años, que tienen un 75% y un 40% de minusvalía reconocida.
La Audiencia de Sevilla da una semana más a las partes para que cierren la negociación para el cobro de 10 millones y no se celebre el macrojuicio por el mayor brote de listerioris
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de juzgar la macrocausa por el mayor brote de listeriosis de Europa, originado en la fábrica sevillana de Magrudis en 2019 y que se saldó con más de 250 infectados, cuatro víctimas mortales y seis abortos, ha accedido a la petición de las acusaciones particulares de aplazar una semana más el inicio del juicio para que puedan tratar de cerrar un acuerdo con las aseguradoras del Ayuntamiento de la ciudad para garantizar las indemnizaciones de todos los afectados. Encima de la mesa hay un montante de unos 10 millones de euros, pero el único escollo para alcanzar ese pacto es el propio consistorio de la capital andaluza, que, como responsable civil subsidiario, debería aportar la cantidad que las compañías de seguros no pueden cubrir. En este tiempo, denuncian las víctimas, no se ha comprometido a nada, pese a la insistencia de las partes implicadas. “Lo que estamos esperando es que el Ayuntamiento ponga dinero encima de la mesa, hablando en plata. Es la pata de la negociación que nos falta”, ha asegurado esta mañana en una comparecencia ante los medios Manuel Parrilla, letrado de las dos personas con más secuelas y que reclaman mayor cuantía: los mellizos Pablo y Javier de 7 años, que tienen un 75% y un 40% de minusvalía reconocida.
Él y Germán Grima, de Ateneo Abogados y que representa al mayor número de lesionados de la causa —182, entre los que también se encuentran varios de los fallecidos—, están liderando unas negociaciones de las que están al tanto los letrados de todos los afectados personados en la causa, entre ellos Facua, que asiste a 64 víctimas del brote. Las partes llevan meses en negociaciones con las dos aseguradoras del Ayuntamiento, presente en el juicio como responsable civil subsidiario —además de como acusación particular—, para tratar de garantizar las indemnizaciones a todos los afectados y evitar un macrojuicio que podría no satisfacer las reclamaciones de todos los demandantes. El pasado viernes, cuando debía comenzar la primera de las 43 sesiones previstas, los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargados de juzgar la macrocausa, acordaron otorgar una semana más de plazo para tratar de cerrar el acuerdo.
En estos siete días se ha conseguido que una de las dos compañías de seguros, que hasta ahora habían consignado más de seis millones de euros, haya elevado el montante para llegar a la reclamación que exigen las víctimas, unos 10 millones de euros, pero aún quedarían alrededor de otros cinco millones, de acuerdo con los letrados, que debería asumir el Ayuntamiento. “No queremos hablar de cifras concretas. En estos días se le ha invitado a que complete la indemnización una vez que las coberturas que se están peleando son las que son”, ha señalado Grima, que también ha recordado que todas esas cantidades se pueden seguir negociando.
Lo que más indigna a los abogados es la falta de respuesta por parte del consistorio. “Hemos preguntado al letrado que representa a la corporación municipal y él no tiene ninguna instrucción”, ha puntualizado Parrilla. “Si hemos pedido una semana más es para ver si el Ayuntamiento de Sevilla reacciona, porque todos los lesionados están poniendo de su parte”, ha abundado. En este sentido, Parrilla ha recordado que las víctimas están haciendo “un gran esfuerzo” al acogerse a los criterios objetivos de indemnización que establece el Instituto de Medicina Legal y por eso es más lacerante constatar la ausencia de implicación hasta ahora por parte de la corporación municipal.
El Ayuntamiento de Sevilla ha sido señalado por la Fiscalía como responsable civil subsidiario en la causa por la listeriosis por las deficiencias en la inspección de Magrudis y el control sanitario de la cárnica. Sus dueños incurrieron en una sucesión de negligencias administrativas y sanitarias, que pasan por ocultar un positivo por listeria en enero de 2019 -siete meses antes de que declarara la alerta alimentaria por listeriosis-; falsear los planes de autocontrol u operar durante dos años sin licencia de apertura ni declaración responsable de actividad. “Si se hubieran llevado a cabo esos controles, estos individuos no hubieran podido causar el contagio que han causado”, ha recordado Grima.
Además del cobro de las indemnizaciones, también se está negociando, en este caso con la Fiscalía, un acuerdo de conformidad en la vía penal. Esto implica una rebaja de las penas solicitadas para los responsables de Magrudis, que van de los 11 años y seis meses de prisión para José Antonio Marín Ponce, el administrador de facto de la cárnica, y su hijo Sandro, administrador de derecho, a los 10 años para su otro hijo Mario y su mujer Encarnación, por sendos delitos contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave, a dos años, a cambio de que admitan los hechos.
La Fiscalía podría ofrecer hasta cuatro años de cárcel —lo mínimo que establece la ley— a cambio de que los procesados reconozcan los hechos. Una pena que, en el caso de que se llegara a un acuerdo sobre la responsabilidad civil, podría ser rebajada por la atenuante de reparación de daños. Los principales acusados —Marín Ponce y su hijo Sandro— ya estuvieron seis meses en prisión preventiva. No obstante, los abogados de las víctimas advierten de que quieren “que haya una condena y que sea ejemplarizante”, tal y como ha afirmado Grima.
Para ello, las partes también reclaman que tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta de Andalucía “creen unos fondos o bolsas para que este tipo de brotes o de hechos no ocurran y que, si suceden, haya un dinero para los afectados”, ha indicado Grima.
Los abogados, con todo, son optimistas para poder suscribir el compromiso con las compañías de seguros en los próximos siete días. La Junta de Andalucía también necesita tiempo para poder certificar la retirada de los 3,8 millones que reclamaba en concepto de gastos hospitalarios y a los que se comprometió a renunciar si las partes llegaban a un acuerdo. “Esta semana va a ser dura. Vamos a poner todos los esfuerzos. Invitamos al Ayuntamiento y vamos a luchar porque el día 3 de noviembre haya acuerdo”, ha incidido Parrilla.
La Fiscalía, por su parte, también está tratando de llegar a un acuerdo de conformidad con los dueños de Magrudis que implica una rebaja de las penas de los hasta 11 años y seis meses de prisión para José Antonio Marín Ponce, el administrador de facto de la cárnica, y su hijo Sandro, administrador de derecho, y de 10 años para su otro hijo Mario y su mujer Encarnación —por sendos delitos contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave— a dos años, a cambio de que admitan los hechos. Esta rebaja podría implicar que los acusados no lleguen a entrar en prisión. Marín Ponce y su hijo Sandro permanecieron seis meses en prisión preventiva, desde el 26 de septiembre de 2019 hasta el 17 de marzo de 2020.
