El Ayuntamiento de Barcelona ha constatado formalmente que los edificios de la avenida de Vallcarca 83 y 87 bis “siguen ocupados”, por lo que el consistorio tendrá que solicitar una orden judicial para hacer efectivo el desalojo de las fincas. Este miércoles a primera hora de la mañana, los servicios municipales se han desplazado hasta el lugar, donde había centenares de personas concentradas, para llevar a cabo el desalojo administrativo voluntario, y han comprobado la situación de ocupación de las fincas, que son de titularidad municipal y están ocupadas desde hace seis años.
El consistorio denuncia que las fincas se encuentran en una situación de “infravivienda”
El consistorio denuncia que las fincas se encuentran en una situación de “infravivienda”
El Ayuntamiento de Barcelona ha constatado formalmente que los edificios de la avenida de Vallcarca 83 y 87 bis “siguen ocupados”, por lo que el consistorio tendrá que solicitar una orden judicial para hacer efectivo el desalojo de las fincas. Este miércoles a primera hora de la mañana, los servicios municipales se han desplazado hasta el lugar, donde había centenares de personas concentradas, para llevar a cabo el desalojo administrativo voluntario, y han comprobado la situación de ocupación de las fincas, que son de titularidad municipal y están ocupadas desde hace seis años.
Fuentes del ayuntamiento han explicado que para llevar a cabo cualquier “ejecución forzosa” será necesario solicitar autorización judicial y reiteran que continuarán trabajando para atender la situaciones de vulnerabilidad y ofrecer soluciones habitacionales a los afectados. En este sentido, el consistorio ha apuntado que las fincas están afectadas urbanísticamente desde 2002 y se encuentran en una situación de “infravivienda”, por lo que no se puede garantizar la seguridad de las familias y la “única alternativa” es derribarlas.
Fruto de los expedientes iniciados en marzo por parte del Ayuntamiento de Barcelona, el desalojo administrativo de las fincas de titularidad municipal tenía fecha para este miércoles y afectaba a los dos bloques de la avenida Vallcarca y a una nave de la calle Farigola, 3, conocida como “el taller”. Según las mismas fuentes municipales, en el caso de la nave, los técnicos no han acudido ya que un juzgado de lo contencioso-administrativo ha adoptado, a solicitud de los residentes en el local, medidas cautelarísimas y ha suspendido el desalojo administrativo; ante este hecho el consistorio ha asegurado que presentará alegaciones.
En el caso del edificio de la avenida Vallcarca 83, otro juzgado de lo contencioso-administrativo ha rechazado la solicitud de medidas cautelares, y en el caso del edificio del número 87 bis, el ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación.
Negociación y diálogo
Uno de los vecinos afectados del edificio del número 83, Iru Moner, ha denunciado que el consistorio insista en que viven en condiciones de “infravivienda”, aunque, según él, disponen de informes técnicos independientes que “dicen lo contrario”. “Creemos que se trata de una excusa para esquivar un conflicto social en Vallcarca. Seguiremos plantando cara y seguiremos, tanto a nivel jurídico, como técnico y social, poniéndole freno a (el alcalde de Barcelona) Jaume Collboni y a este gobierno”, ha señalado. En paralelo, la vicepresidenta de la asociación vecinal Som Barri, Aran Llivina, ha explicado que en los próximos meses habrá afectaciones a más bloques donde los vecinos “no tendrán derecho a ser realojados” y ha apuntado que el plan urbanístico de Vallcarca “está más que caducado”.
“El hecho de que este plan urbanístico se haya dilatado durante 25 años hace que las condiciones para el realojamiento sean muy difíciles de cumplir. Por eso, creemos que este plan debe someterse a debate con las entidades vecinales y con la ciudadanía”, ha insistido Llivina. Asimismo, la vicepresidenta ha lamentado que Collboni no quiera negociar con el vecindario y ha pedido diálogo para “modificar los planes”. Por último, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha criticado que el consistorio quiera derribar un edificio público y ha valorado el caso como “insólito”, ya que afecta a unas 40 personas, incluidos 13 menores de edad.
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