El peso de la tortilla francesa que ve el inspector de la Comunidad de Madrid es tan “escaso” que merece su reproche. No ayuda tampoco que el plato venga sin guarnición. Ni que observe “carros y bandejas con suciedad, restos o desperfectos”. Las conclusiones de su informe se recogen en uno de los cinco expedientes que ha abierto la Comunidad de Madrid en el último año y medio para sancionar con más de 12.000 euros a la adjudicataria del servicio de comidas para los centros ocupacionales Aluche y Juan Ramón Jiménez (Leganés) para personas con discapacidad intelectual. En esos documentos, consultados por EL PAÍS en el portal de contratación, se describe “un deficiente estado de limpieza y conservación en instalaciones, equipamientos y utensilios”. También “falta de higiene en almacenes o cámaras en donde se almacenan y conservan los alimentos: suciedad, mal olor, etc…”. Sin embargo, la oposición de izquierdas no pone a la empresa hasta abril responsable del servicio (Bedmar) en el centro de su diana. El problema, argumentan, es que el precio base del menú que recoge la licitación de la Comunidad fuera de 6,03 euros más IVA, y el de la adjudicación, de 5,45 más IVA, pues la empresa ofertó por debajo para ganar. Desde abril, el servicio lo da otra empresa.
El gobierno de Ayuso sanciona cinco veces en año y medio a la empresa encargada de los centros de Aluche y Juan Ramón Jiménez
El peso de la tortilla francesa que ve el inspector de la Comunidad de Madrid es tan “escaso” que merece su reproche. No ayuda tampoco que el plato venga sin guarnición. Ni que observe “carros y bandejas con suciedad, restos o desperfectos”. Las conclusiones de su informe se recogen en uno de los cinco expedientes que ha abierto la Comunidad de Madrid en el último año y medio para sancionar con más de 12.000 euros a la adjudicataria del servicio de comidas para los centros ocupacionales Aluche y Juan Ramón Jiménez (Leganés) para personas con discapacidad intelectual. En esos documentos, consultados por EL PAÍS en el portal de contratación, se describe “un deficiente estado de limpieza y conservación en instalaciones, equipamientos y utensilios”. También “falta de higiene en almacenes o cámaras en donde se almacenan y conservan los alimentos: suciedad, mal olor, etc…”. Sin embargo, la oposición de izquierdas no pone a la empresa hasta abril responsable del servicio (Bedmar) en el centro de su diana. El problema, argumentan, es que el precio base del menú que recoge la licitación de la Comunidad fuera de 6,03 euros más IVA, y el de la adjudicación, de 5,45 más IVA, pues la empresa ofertó por debajo para ganar. Desde abril, el servicio lo da otra empresa.
Un portavoz gubernamental asegura que el nivel de la comida siempre ha sido “adecuado”, que “nunca” se ha servido comida en mal estado, y añade que “no se han registrado incidencias ni quejas de usuarios o familiares con la comida servida en los comedores”.
Sin embargo, la oposición discrepa. “Estas son las consecuencias de subastar la vida de las personas mayores al peor postor”, critica Lorena Morales, diputada del PSOE, sobre unos menús que se cocinan fuera de los centros, y llegan preparados hasta ellos. “Y lo peor es que las sanciones son tan pocas y de cantidades miserables que a las empresas les sale más a cuenta pagar la multa que cumplir el contrato”, afea. “La ley permite sanciones mucho más altas, pero la prioridad de Ayuso es el negocio”, opina. “Y nunca a una empresa se le ha retirado la gestión, aunque haya informes brutales como los de la comida en las residencias públicas de gestión directa”, añade.
Por todo ello, Morales reclama “más inspectores y mayores controles”. “Y, sobre todo, sanciones ejemplarizantes que incluyan la retirada del servicio. Las personas mayores no pueden ser ciudadanos de tercera, como ocurre en el Madrid de Ayuso”, remata.
En una línea parecida se expresa Paz Serra, diputada de Más Madrid en el Parlamento regional. “La Comunidad de Madrid tiene que dejar de escurrir el bulto”, reclama. “Claro que la empresa ha hecho las cosas mal, pero la razón de todo hay que buscarla en los pliegos que redacta la Comunidad de Madrid”, sostiene. “Pagando seis euros por menú, está claro que no se va a servir comida de calidad a las personas con discapacidad usuarias de estos centros”, continúa. “Hasta que no dejen de contratar a precios de miseria, seguiremos viendo casos como estos. Los madrileños merecen políticas que pongan sus derechos en el centro, y no vamos a parar hasta que se dejen de poner parches y se tomen medidas contundentes”.
Los dos centros ocupacionales están especializados en la inserción social y laboral de personas adultas con discapacidad intelectual. El contrato para servir sus comidas recoge que en el centro de Aluche hay que dar 90 menús diarios durante 220 días al año, para un total de unos 19.800. En el Juan Ramón Jiménez, el número de comensales sube a 123 diarios, para 27.060 menús al año. En ambos casos, el precio base del menú es 6,03 euros, más IVA.
A cambio de esa contraprestación, el adjudicatario debe garantizar una “alimentación natural completa a base de productos de textura modificada suave y homogénea para facilitar la deglución”; “proteínas de alto valor biológico”; “variedad de sabores y aromas que mejora el apetito y la satisfacción de la persona; o ”el 100% de fruta natural, fresca y cruda, en diferentes formas de presentación (entera, troceada, macedonia, compota, etc.) y verdura fresca».
Materias primas
El papel lo aguanta todo. Pero luego la realidad se impone. En el trámite de alegaciones antes de que la Comunidad de Madrid impusiera las penalizaciones, la empresa adjudicataria argumentó de todo. Que los menús de la administración le llegaban con poco antelación para ejecutarlos con exactitud. Que a veces debía cambiarlos por “falta de suministro o imposibilidad de mantener una calidad final del producto”. Que si uno de sus empleados no vestía el uniforme adecuado era porque era nuevo y no había dado tiempo. Que si las comidas tenían una temperatura inadecuada sería por un funcionamiento “deficiente” del horno. Que todos sus empleados habían recibido la formación adecuada en cuanto a limpieza y cocinado, y si acaso habría habido algún “fallo puntual”. O que si no había un menú de emergencia, es porque se había gastado y no repuesto por un error de comunicación.
Casi ninguna de esas explicaciones convenció a la Comunidad de Madrid, que ahora va a empezar a experimentar con una nueva fórmula de colaboración público privada en el sector social que se centra en pagar por resultados. La administración, tras visitar las instalaciones en distintas ocasiones desde 2025, afea a su contratista “cambios no autorizados e injustificados en el menú con materias primas que no son de categoría primera o extra”. “Temperatura inadecuada en los alimentos”. “No garantizar la trazabilidad de los alimentos y bebidas o imposibilidad de su seguimiento”. También “no disponer de los certificados de manipuladores de alimentos”. O “problemas de etiquetado y alérgenos de los alimentos”.
Esto dice un portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que dirige Ana Dávila-Ponce de León Municio.
“Los usuarios de los Centros de Aluche y Juan Ramón Jiménez (Leganés) para personas con discapacidad intelectual han recibido y reciben un servicio adecuado de restauración, y no se han registrado incidencias ni quejas de usuarios o familiares con la comida servida en los comedores”, explica. “A través del sistema de auditorías y controles permanentes que hay en los centros, se detectaron una serie de incumplimientos en el contrato de alimentación por parte de la anterior empresa que suministraba las comidas, que en ningún caso se tradujo en servir platos en mal estado”, sigue. Y añade: “Actualmente el servicio en estos centros los presta otra entidad tras la adjudicación de un nuevo contrato el pasado mes de abril”.
