La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está dispuesta a volver a la carga con la incorporación de los empleados en los órganos de dirección de las empresas. En 2024 el Congreso tumbó el plan de Sumar, apoyado por PSOE, para incluir a los sindicatos en los consejos. Entonces, la también ministra de Trabajo creó un comité de expertos para dar forma a una norma que mejore la democracia en la gobernanza de las empresas y dar paso a esa participación en las decisiones empresariales de los empleados. La comisión de expertos sobre ‘democracia en el trabajo’ ha concluido su informe y Díaz ya tiene en su poder las conclusiones . Estas proponen que se ponga en marcha un modelo de cogestión empresarial en el que un tercio de los puestos del consejo de administración sea para los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados; y, en compañías de mayor tamaño, ocupen la mitad de esos sillones en el órgano de dirección de la empresa. Reclaman también estos expertos que se establezca un plan para que los empleados tengan acceso a la propiedad de la compañía , poniendo a su disposición como mínimo un 2% de sus acciones (en empresas a partir de 25 trabajadores). «Es hora de que la democracia entre en nuestros lugares de trabajo«, asegura la vicepresidenta. Noticia Relacionada Hasta 1.221 euros estandar Si Díaz aprobará la subida del SMI tras el rechazo de CEOE a los incentivos «trileros» Susana Alcelay Trabajo se desmarca ahora de la propuesta de Hacienda, como lo hizo con la negativa de Montero a la actualización de los contratos públicos, y no la presenta en la reunión con los agentes socialesCon este texto de los expertos, que cuenta con 500 páginas, la vicepresidenta segunda insiste en una reforma de la gobernanza empresarial que justifica en el artículo 129.2 de la Constitución, que aún está sin desarrollar. Según este artículo «los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción«.La comisión recomienda que el Gobierno y sus interlocutores sociales promuevan la participación de los trabajadores en el seno de las empresas en torno a dos pilares: darles «voz» en las decisiones de sus compañías; y el acceso a su «propiedad». Reclaman en este sentido nuevos requisitos legales para su participación en las decisiones operativas de la empresa, «incluyendo el fortalecimiento de las facultades de los comités de empresa y de los delegados de personal. Citan «la incorporación de un nuevo derecho de codecisión para definir y consentir el despliegue de la inteligencia artificial (IA) en el trabajo».Que el Ejecutivo legisle aún sin acuerdoUna de las propuestas de estos expertos de Díaz es el reforzamiento de los derechos de representación y participación actuales y la creación de la figura del «representante conjunto de personal» para los centros de trabajo de menos de seis o diez trabajadores. Además, exigen la creación de comités de empresa del grupo. Y para el caso de que el diálogo social no prospere, exigen que el Ejecutivo establezca «procedimientos formales para dar a los trabajadores participación en los órganos de gobierno de la empresa». Citan los casos de Suecia y Alemania.Incentivos públicosEntre las medidas también figura que el Gobierno, empresarios y sindicatos se pongan de acuerdo en creación de incentivos para cada empresa, más allá del cumplimiento mínimo de la legislación, para facilitar el objetivo. Así, aconsejan también la elaboración de una nueva herramienta de medición : el Índice de Desarrollo Democrático Corporativo, que se podría utilizar para la aplicación posterior de un mecanismo con el que recompensar los mayores niveles de participación en las empresas y desalentar los niveles más bajos. Serían, por ejemplo, subsidios públicos, beneficios fiscales o el acceso privilegiado a la contratación pública. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está dispuesta a volver a la carga con la incorporación de los empleados en los órganos de dirección de las empresas. En 2024 el Congreso tumbó el plan de Sumar, apoyado por PSOE, para incluir a los sindicatos en los consejos. Entonces, la también ministra de Trabajo creó un comité de expertos para dar forma a una norma que mejore la democracia en la gobernanza de las empresas y dar paso a esa participación en las decisiones empresariales de los empleados. La comisión de expertos sobre ‘democracia en el trabajo’ ha concluido su informe y Díaz ya tiene en su poder las conclusiones . Estas proponen que se ponga en marcha un modelo de cogestión empresarial en el que un tercio de los puestos del consejo de administración sea para los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados; y, en compañías de mayor tamaño, ocupen la mitad de esos sillones en el órgano de dirección de la empresa. Reclaman también estos expertos que se establezca un plan para que los empleados tengan acceso a la propiedad de la compañía , poniendo a su disposición como mínimo un 2% de sus acciones (en empresas a partir de 25 trabajadores). «Es hora de que la democracia entre en nuestros lugares de trabajo«, asegura la vicepresidenta. Noticia Relacionada Hasta 1.221 euros estandar Si Díaz aprobará la subida del SMI tras el rechazo de CEOE a los incentivos «trileros» Susana Alcelay Trabajo se desmarca ahora de la propuesta de Hacienda, como lo hizo con la negativa de Montero a la actualización de los contratos públicos, y no la presenta en la reunión con los agentes socialesCon este texto de los expertos, que cuenta con 500 páginas, la vicepresidenta segunda insiste en una reforma de la gobernanza empresarial que justifica en el artículo 129.2 de la Constitución, que aún está sin desarrollar. Según este artículo «los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción«.La comisión recomienda que el Gobierno y sus interlocutores sociales promuevan la participación de los trabajadores en el seno de las empresas en torno a dos pilares: darles «voz» en las decisiones de sus compañías; y el acceso a su «propiedad». Reclaman en este sentido nuevos requisitos legales para su participación en las decisiones operativas de la empresa, «incluyendo el fortalecimiento de las facultades de los comités de empresa y de los delegados de personal. Citan «la incorporación de un nuevo derecho de codecisión para definir y consentir el despliegue de la inteligencia artificial (IA) en el trabajo».Que el Ejecutivo legisle aún sin acuerdoUna de las propuestas de estos expertos de Díaz es el reforzamiento de los derechos de representación y participación actuales y la creación de la figura del «representante conjunto de personal» para los centros de trabajo de menos de seis o diez trabajadores. Además, exigen la creación de comités de empresa del grupo. Y para el caso de que el diálogo social no prospere, exigen que el Ejecutivo establezca «procedimientos formales para dar a los trabajadores participación en los órganos de gobierno de la empresa». Citan los casos de Suecia y Alemania.Incentivos públicosEntre las medidas también figura que el Gobierno, empresarios y sindicatos se pongan de acuerdo en creación de incentivos para cada empresa, más allá del cumplimiento mínimo de la legislación, para facilitar el objetivo. Así, aconsejan también la elaboración de una nueva herramienta de medición : el Índice de Desarrollo Democrático Corporativo, que se podría utilizar para la aplicación posterior de un mecanismo con el que recompensar los mayores niveles de participación en las empresas y desalentar los niveles más bajos. Serían, por ejemplo, subsidios públicos, beneficios fiscales o el acceso privilegiado a la contratación pública.
Reclaman a la vicepresidenta que establezca un plan para que los empleados puedan acceder a la propiedad de la compañía, poniendo a su disposición como mínimo un 2% de sus acciones
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