A pesar de no tener Presupuestos y de haberse comprometido con Bruselas en 2024 a un plan de ajuste fiscal a siete años, el Gobierno ha seguido recurriendo a las políticas de gasto público cada vez que se ha encontrado un problema por delante. El caudal sin precedentes de ingresos fiscales que ha entrado en la caja del Estado después de la pandemia le ha acostumbrado a no reparar en gastos a la hora de armar sus iniciativas políticas, pero esa etapa ha llegado a su fin. «Ya estamos al límite de nuestro margen fiscal y al límite de incumplir nuestros compromisos con Europa». La nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha recordado este jueves que el Gobierno tiene un acuerdo con Bruselas para modular la evolución del gasto público nacional de aquí a 2031, que lo viene incumpliendo de manera reiterada y que el margen fiscal que este acuerdo incluyó para que las administraciones públicas españolas pudieran hacer frente a posibles imprevistos ya se ha agotado, e incluso podría desbordarse si el Ejecutivo aprobara un nuevo plan de ayudas contra la inflación en el último trimestre. «El límite ya es prácticamente nulo, incluso con la aplicación de la cláusula de salvaguarda para el gasto en Defensa. Si fueran necesarias nuevas medidas para combatir el impacto de la inflación, y es muy probable que se necesiten nuevas medidas (de hecho, el Gobierno ya mantuvo este jueves una reunión con los agentes sociales para abordar un eventual nuevo paquete de medidas), no descartamos el riesgo de incumplir nuestros compromisos con Europa ya este año 2026 si no se disponen medidas para compensar ese gasto extra», ha advertido.El escenario que abre este pronóstico es inquietante. El incumplimiento de los parámetros establecidos en el plan de ajuste fiscal estructural es uno de los elementos que habilitan a las autoridades europeas para a brir un procedimiento de déficit excesivo a un país concreto y para activar, por consiguiente, las medidas extraordinarias de control que ese procedimiento acarrea. Según el marco fiscal comunitario, la primera de ellas es establecer un control reforzado sobre las cuentas del país e imponer la obligación de un ajuste fiscal estructural anual del 0,5% del PIB hasta que se vuelvan a poner las cuentas en orden. En otras palabras, forzar por las malas los ajustes que los países no quisieron hacer por las buenas.El ‘timing’ del procedimiento de déficit excesivo eximirá al Gobierno actual de las potenciales consecuencias de este incumplimiento. Eurostat no publica la información de cierre de los ejercicios presupuestarios de los países hasta principios de abril y Bruselas acostumbra a proponer la apertura de expedientes por este concepto a finales de mayo o principios de junio, por lo que el castigo por este posible incumplimiento no se conocería hasta pasadas las elecciones generales, si fueran en primavera, o en vísperas de la campaña, si fueran en julio. La gestión del problema ya le corresponderá al próximo Gobierno.Un ajuste fiscal no visto en 15 añosY no es un problema pequeño. España ha conseguido rebajar en un solo año en cinco décimas de PIB o más su déficit nominal varias veces en la historia reciente, pero hacerlo en términos estructurales exige un esfuerzo mayor ya que solo se contabilizan los nuevos ingresos que se vayan a mantener en el tiempo y los gastos que se eliminen de manera definitiva. Los últimos años son un claro ejemplo de ello. Mientras el déficit público nominal se ha reducido del 10,1% al 2,2% en los seis ejercicios que separan 2020 de 2025, las estimaciones de la Airef concluyen que en términos estructurales esa reducción ha sido de menos de un punto del PIB, del entorno del 4% al 3,1% de 2025.De hecho, las estimaciones realizadas por instituciones como la Comisión Europea concluyen que España solo ha conseguido ejecutar reducciones de su déficit estructural de esa magnitud en dos periodos de fuertes recortes del gasto público: los años inmediatamente anteriores al examen de Maastricht para entrar en el euro y los años inmediatamente posteriores a la gran recesión, cuando España no se jugaba cumplir un plan de ajuste fiscal sino el riesgo de quiebra.El Gobierno no puede alegar que no estuviera avisado. Antes incluso del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán el pasado 28 de febrero, la Autoridad Fiscal ya había advertido al Gobierno que sin medidas de contención el margen fiscal de seis décimas de PIB (alrededor de 10.000 millones de euros) que Bruselas le habían concedido para adaptarse a situaciones imprevistas se agotaría en 2026 y obligaría a adoptar medidas de ajuste tanto en 2027 como en 2028. Luego vino el ataque a Irán y el paquete de 80 medidas con un coste de 5.000 millones de euros que el Gobierno activó para contener las consecuencias sobre los precios energéticos durante el trimestre siguiente. En junio aprobó un segundo paquete cuyo coste estimó en más de 1.800 millones de euros. Y este jueves ya se ha reunido con los agentes sociales en busca de un tercer paquete de ayudas, que además probablemente sea más exigente en términos presupuestarios que los dos anteriores, no sólo por la escalada de los precios del combustible durante el pasado verano sino también por la cercanía del otoño y de los primeros días fríos, lo que exigirá medidas más decididas para los hogares. A pesar de no tener Presupuestos y de haberse comprometido con Bruselas en 2024 a un plan de ajuste fiscal a siete años, el Gobierno ha seguido recurriendo a las políticas de gasto público cada vez que se ha encontrado un problema por delante. El caudal sin precedentes de ingresos fiscales que ha entrado en la caja del Estado después de la pandemia le ha acostumbrado a no reparar en gastos a la hora de armar sus iniciativas políticas, pero esa etapa ha llegado a su fin. «Ya estamos al límite de nuestro margen fiscal y al límite de incumplir nuestros compromisos con Europa». La nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha recordado este jueves que el Gobierno tiene un acuerdo con Bruselas para modular la evolución del gasto público nacional de aquí a 2031, que lo viene incumpliendo de manera reiterada y que el margen fiscal que este acuerdo incluyó para que las administraciones públicas españolas pudieran hacer frente a posibles imprevistos ya se ha agotado, e incluso podría desbordarse si el Ejecutivo aprobara un nuevo plan de ayudas contra la inflación en el último trimestre. «El límite ya es prácticamente nulo, incluso con la aplicación de la cláusula de salvaguarda para el gasto en Defensa. Si fueran necesarias nuevas medidas para combatir el impacto de la inflación, y es muy probable que se necesiten nuevas medidas (de hecho, el Gobierno ya mantuvo este jueves una reunión con los agentes sociales para abordar un eventual nuevo paquete de medidas), no descartamos el riesgo de incumplir nuestros compromisos con Europa ya este año 2026 si no se disponen medidas para compensar ese gasto extra», ha advertido.El escenario que abre este pronóstico es inquietante. El incumplimiento de los parámetros establecidos en el plan de ajuste fiscal estructural es uno de los elementos que habilitan a las autoridades europeas para a brir un procedimiento de déficit excesivo a un país concreto y para activar, por consiguiente, las medidas extraordinarias de control que ese procedimiento acarrea. Según el marco fiscal comunitario, la primera de ellas es establecer un control reforzado sobre las cuentas del país e imponer la obligación de un ajuste fiscal estructural anual del 0,5% del PIB hasta que se vuelvan a poner las cuentas en orden. En otras palabras, forzar por las malas los ajustes que los países no quisieron hacer por las buenas.El ‘timing’ del procedimiento de déficit excesivo eximirá al Gobierno actual de las potenciales consecuencias de este incumplimiento. Eurostat no publica la información de cierre de los ejercicios presupuestarios de los países hasta principios de abril y Bruselas acostumbra a proponer la apertura de expedientes por este concepto a finales de mayo o principios de junio, por lo que el castigo por este posible incumplimiento no se conocería hasta pasadas las elecciones generales, si fueran en primavera, o en vísperas de la campaña, si fueran en julio. La gestión del problema ya le corresponderá al próximo Gobierno.Un ajuste fiscal no visto en 15 añosY no es un problema pequeño. España ha conseguido rebajar en un solo año en cinco décimas de PIB o más su déficit nominal varias veces en la historia reciente, pero hacerlo en términos estructurales exige un esfuerzo mayor ya que solo se contabilizan los nuevos ingresos que se vayan a mantener en el tiempo y los gastos que se eliminen de manera definitiva. Los últimos años son un claro ejemplo de ello. Mientras el déficit público nominal se ha reducido del 10,1% al 2,2% en los seis ejercicios que separan 2020 de 2025, las estimaciones de la Airef concluyen que en términos estructurales esa reducción ha sido de menos de un punto del PIB, del entorno del 4% al 3,1% de 2025.De hecho, las estimaciones realizadas por instituciones como la Comisión Europea concluyen que España solo ha conseguido ejecutar reducciones de su déficit estructural de esa magnitud en dos periodos de fuertes recortes del gasto público: los años inmediatamente anteriores al examen de Maastricht para entrar en el euro y los años inmediatamente posteriores a la gran recesión, cuando España no se jugaba cumplir un plan de ajuste fiscal sino el riesgo de quiebra.El Gobierno no puede alegar que no estuviera avisado. Antes incluso del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán el pasado 28 de febrero, la Autoridad Fiscal ya había advertido al Gobierno que sin medidas de contención el margen fiscal de seis décimas de PIB (alrededor de 10.000 millones de euros) que Bruselas le habían concedido para adaptarse a situaciones imprevistas se agotaría en 2026 y obligaría a adoptar medidas de ajuste tanto en 2027 como en 2028. Luego vino el ataque a Irán y el paquete de 80 medidas con un coste de 5.000 millones de euros que el Gobierno activó para contener las consecuencias sobre los precios energéticos durante el trimestre siguiente. En junio aprobó un segundo paquete cuyo coste estimó en más de 1.800 millones de euros. Y este jueves ya se ha reunido con los agentes sociales en busca de un tercer paquete de ayudas, que además probablemente sea más exigente en términos presupuestarios que los dos anteriores, no sólo por la escalada de los precios del combustible durante el pasado verano sino también por la cercanía del otoño y de los primeros días fríos, lo que exigirá medidas más decididas para los hogares.
A pesar de no tener Presupuestos y de haberse comprometido con Bruselas en 2024 a un plan de ajuste fiscal a siete años, el Gobierno ha seguido recurriendo a las políticas de gasto público cada vez que se ha encontrado un problema por delante. … El caudal sin precedentes de ingresos fiscales que ha entrado en la caja del Estado después de la pandemia le ha acostumbrado a no reparar en gastos a la hora de armar sus iniciativas políticas, pero esa etapa ha llegado a su fin. «Ya estamos al límite de nuestro margen fiscal y al límite de incumplir nuestros compromisos con Europa». La nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha recordado este jueves que el Gobierno tiene un acuerdo con Bruselas para modular la evolución del gasto público nacional de aquí a 2031, que lo viene incumpliendo de manera reiterada y que el margen fiscal que este acuerdo incluyó para que las administraciones públicas españolas pudieran hacer frente a posibles imprevistos ya se ha agotado, e incluso podría desbordarse si el Ejecutivo aprobara un nuevo plan de ayudas contra la inflación en el último trimestre.
«El límite ya es prácticamente nulo, incluso con la aplicación de la cláusula de salvaguarda para el gasto en Defensa. Si fueran necesarias nuevas medidas para combatir el impacto de la inflación, y es muy probable que se necesiten nuevas medidas (de hecho, el Gobierno ya mantuvo este jueves una reunión con los agentes sociales para abordar un eventual nuevo paquete de medidas), no descartamos el riesgo de incumplir nuestros compromisos con Europa ya este año 2026 si no se disponen medidas para compensar ese gasto extra», ha advertido.
El escenario que abre este pronóstico es inquietante. El incumplimiento de los parámetros establecidos en el plan de ajuste fiscal estructural es uno de los elementos que habilitan a las autoridades europeas para abrir un procedimiento de déficit excesivo a un país concreto y para activar, por consiguiente, las medidas extraordinarias de control que ese procedimiento acarrea. Según el marco fiscal comunitario, la primera de ellas es establecer un control reforzado sobre las cuentas del país e imponer la obligación de un ajuste fiscal estructural anual del 0,5% del PIB hasta que se vuelvan a poner las cuentas en orden. En otras palabras, forzar por las malas los ajustes que los países no quisieron hacer por las buenas.
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El ‘timing’ del procedimiento de déficit excesivo eximirá al Gobierno actual de las potenciales consecuencias de este incumplimiento. Eurostat no publica la información de cierre de los ejercicios presupuestarios de los países hasta principios de abril y Bruselas acostumbra a proponer la apertura de expedientes por este concepto a finales de mayo o principios de junio, por lo que el castigo por este posible incumplimiento no se conocería hasta pasadas las elecciones generales, si fueran en primavera, o en vísperas de la campaña, si fueran en julio. La gestión del problema ya le corresponderá al próximo Gobierno.
Un ajuste fiscal no visto en 15 años
Y no es un problema pequeño. España ha conseguido rebajar en un solo año en cinco décimas de PIB o más su déficit nominal varias veces en la historia reciente, pero hacerlo en términos estructurales exige un esfuerzo mayor ya que solo se contabilizan los nuevos ingresos que se vayan a mantener en el tiempo y los gastos que se eliminen de manera definitiva. Los últimos años son un claro ejemplo de ello. Mientras el déficit público nominal se ha reducido del 10,1% al 2,2% en los seis ejercicios que separan 2020 de 2025, las estimaciones de la Airef concluyen que en términos estructurales esa reducción ha sido de menos de un punto del PIB, del entorno del 4% al 3,1% de 2025.
De hecho, las estimaciones realizadas por instituciones como la Comisión Europea concluyen que España solo ha conseguido ejecutar reducciones de su déficit estructural de esa magnitud en dos periodos de fuertes recortes del gasto público: los años inmediatamente anteriores al examen de Maastricht para entrar en el euro y los años inmediatamente posteriores a la gran recesión, cuando España no se jugaba cumplir un plan de ajuste fiscal sino el riesgo de quiebra.
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El Gobierno no puede alegar que no estuviera avisado. Antes incluso del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán el pasado 28 de febrero, la Autoridad Fiscal ya había advertido al Gobierno que sin medidas de contención el margen fiscal de seis décimas de PIB (alrededor de 10.000 millones de euros) que Bruselas le habían concedido para adaptarse a situaciones imprevistas se agotaría en 2026 y obligaría a adoptar medidas de ajuste tanto en 2027 como en 2028. Luego vino el ataque a Irán y el paquete de 80 medidas con un coste de 5.000 millones de euros que el Gobierno activó para contener las consecuencias sobre los precios energéticos durante el trimestre siguiente. En junio aprobó un segundo paquete cuyo coste estimó en más de 1.800 millones de euros. Y este jueves ya se ha reunido con los agentes sociales en busca de un tercer paquete de ayudas, que además probablemente sea más exigente en términos presupuestarios que los dos anteriores, no sólo por la escalada de los precios del combustible durante el pasado verano sino también por la cercanía del otoño y de los primeros días fríos, lo que exigirá medidas más decididas para los hogares.
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