La Comunidad de Madrid ha tenido que pagar desde hace más de una década 51 millones de euros a cuatro hospitales públicos de naturaleza público-privada como consecuencia de sentencias judiciales en contra de la administración, según un informe de la Intervención regional al que accedió EL PAIS. De esta manera, los gestores de los centros de Majadahonda, Parla, Arganda del Rey y Coslada lograron que los tribunales reconocieran su derecho a obtener más dinero por mejorar la eficacia energética de sus instalaciones; anularan sanciones de la administración; o repercutieran en los pagos anuales que esta les hace tras haber construido los edificios la variación del tipo de IVA aplicable. Es solo la punta del iceberg: a finales de 2023, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tenía provisionados 62,5 millones de euros para litigios pendientes con las concesionarias, que desde inicios del siglo XXI, y hasta finales de 2024, habían interpuesto 209 recursos contencioso-administrativos.
El centro de Majadahonda concentra el grueso de los pagos y litigios, que enfrentan a las dos partes por el IBI, el coste de atender la covid, o de subrogar personal
La Comunidad de Madrid ha tenido que pagar desde hace más de una década 51 millones de euros a cuatro hospitales públicos de naturaleza público-privada como consecuencia de sentencias judiciales en contra de la administración, según un informe de la Intervención regional al que accedió EL PAIS. De esta manera, los gestores de los centros de Majadahonda, Parla, Arganda del Rey y Coslada lograron que los tribunales reconocieran su derecho a obtener más dinero por mejorar la eficacia energética de sus instalaciones; anularan sanciones de la administración; o repercutieran en los pagos anuales que esta les hace tras haber construido los edificios la variación del tipo de IVA aplicable. Es solo la punta del iceberg: a finales de 2023, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tenía provisionados 62,5 millones de euros para litigios pendientes con las concesionarias, que desde inicios del siglo XXI, y hasta finales de 2024, habían interpuesto 209 recursos contencioso-administrativos.
Madrid cuenta con una decena de centros levantados en tiempos de Esperanza Aguirre (2003-2012) con la fórmula de la colaboración publico-privada. En unos, las empresas gestionan los servicios médicos (Valdemoro, Villalba y Móstoles, de Quirón, y Torrejón, de Ribera Salud). En otros, la empresa constructora gestiona únicamente los servicios no asistenciales (Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas, este en Madrid capital).
El informe de la Intervención se fija en el periodo transcurrido entre enero de 2021 y agosto de 2024, y se centra en estos últimos siete, que reciben un pago anual de la administración, y además pueden solicitar un reequilibrio financiero al gobierno si consideran que la mejora de los servicios o infraestructuras rompe el pacto original. Del lado contrario, si no prestan el servicio deseado, son penalizados: reciben un pago menor al previsto a través del canon anual. Algo así como una multa indirecta. Y en caso de discrepancia, se acude a los tribunales. Al parecer, con mucha frecuencia y con resultados favorables para los intereses de al menos cuatro hospitales.
“En la ejecución de los contratos se constata abundante litigiosidad, habiéndose traducido en hospitales como el hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, en notables cantidades a pagar a favor de la sociedad concesionaria”,º destacan los interventores que firman el informe de control interno del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. “Solo hasta 2019, se facturaron (al Puerta de Hierro-Majadahonda) pagos derivados de actuaciones judiciales por importe de al menos, 39.293.375,75 euros, sin incluir las sentencias relativas a liquidaciones de ajustes de variación de volumen y eficiencia energética”, continúa, sin precisar si hubo victorias judiciales de otros centros en el periodo previo a que Isabel Díaz Ayuso ascendiera al poder.
Además, los interventores amplían que entre 2021 y agosto de 2023 se pagaron otros 12.584.989,53 euros repartidos entre el hospital de Majadahonda (11.590.763,50, euros); el de Arganda del Rey (955.821,40); el de Coslada (28.404,63) y el de Parla (10.000,00), superándose así la barrera de los 51 millones de euros en sentencias.
Y advierten: “La provisión para responsabilidades derivada de los contratos de concesión en el ejercicio 2023 ha ascendido a 62.565.137,80 euros, lo que representa el 19,80 % del total provisionado de procedimientos judiciales del SERMAS”.
135 camas
Los pulsos jurídicos entre las dos partes se han centrado en todo tipo de temas. Desde los reequilibrios de la concesión a los pagos del impuesto de bienes inmuebles (IBI), pasando por la búsqueda de una mayor compensación por mejorar la eficiencia energética en los hospitales, o el castigo por la demora de la administración en realizar los pagos debidos. Sin embargo, ningún otro choque en los tribunales ha sido más gravoso para la administración que el que afectó a 135 camas del hospital de Majadahonda.
Todo empezó con Esperanza Aguirre, presidenta entre 2003 y 2012. Al visitar el centro, descubrió que había múltiples habitaciones dobles. Lo consideró innecesario. Ordenó que fueran individuales. Y por esa decisión, que provocó un conflicto administrativo y judicial, la Comunidad de Madrid acabó teniendo que pagar 29.705.262,20 euros. De ellos, 11.385.672,09, tal y como recoge la sentencia, corresponden al pago atrasado desde el año 2013 al 2021 y 18.319.590,11 a pagos a realizar desde 2022 hasta el fin de la concesión en 2035. ¿La razón? Que la decisión de retirar las camas afectaba a los cálculos de la concesión.
No será la última sentencia en contra de los intereses de la Comunidad de Madrid, según se deduce de la estadística de las ya resueltas a finales de 2024, en las que las concesionarias lograron que se estimaran parcial o totalmente sus pretensiones en casi un 33% de los casos.
Así, a finales de 2023, según el informe de la Intervención, había una veintena de litigios pendientes, y provisionados en las cuentas de la administración. Hasta ocho asuntos judicializados tenían entonces un valor al menos superior al millón de euros. El más importante, valorado en 13,4 millones de euros, afectaba al reequilibrio del hospital de San Sebastián de los Reyes. También había desacuerdos sobre el IBI, los sobrecostes provocados por la pandemia del coronavirus, o la subrogación del personal de cafetería y limpieza.
Esa catarata de sentencias firmes y por venir son un elemento más de los que dificultan saber cuánto costarán exactamente estos hospitales, según la oposición. A ella se une el sistema de pagos y penalizaciones en constante revisión que recoge el acuerdo de gestión mixta que une a las dos partes, y que para Más Madrid y el PSOE penaliza a la sanidad pública pura. La razón es que el resto de hospitales del sistema público no tienen esa capacidad de decisión y financiación de la que disfrutan las empresas de los hospitales públicos de naturaliza público-privada. Que tienen otra vía de acción: los tribunales.
