La Comunidad de Madrid ha rectificado este miércoles el copago que había introducido hace 10 días para los enfermos de ELA más graves. La decisión había generado indignación y rechazo entre familiares y asociaciones de afectados por esta enfermedad neurodegenerativa. Isabel Díaz Ayuso, ahora, da marcha atrás y no se arriesga a unas críticas que podían haber ido en aumento, sobre todo ante un tema tan sensible como este, que genera consenso.
El Gobierno de Ayuso asegura que los enfermos recibirán “la cuantía íntegra” después de plantear una reducción del 40% al máximo según la capacidad económica
El Gobierno de Ayuso asegura que los pacientes recibirán “la cuantía íntegra”
La Comunidad de Madrid ha rectificado este miércoles el copago que había introducido hace 10 días para los enfermos de ELA más graves. La decisión había generado indignación y rechazo entre familiares y asociaciones de afectados por esta enfermedad neurodegenerativa. Isabel Díaz Ayuso, ahora, da marcha atrás y no se arriesga a unas críticas que podían haber ido en aumento, sobre todo ante un tema tan sensible como este, que genera consenso.
Con la forma con la que Madrid quería interpretar la normativa, los 10.000 euros al mes que recibe un enfermo podían reducirse hasta 5.910 euros. Esa reducción la contemplaba la propia ley de dependencia, que fue por donde se coló la financiación especial de 500 millones para la ley ELA, aprobada casi unánimamente en el Parlamento español.
El Gobierno central había dejado abierta esta puerta por “urgencia” y por la necesidad de sacar la ley adelante, pero entendía que no iban a utilizarla la mayoría de las autonomías, o al menos no de una manera tan tajante. Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales explicaron la semana pasada que estos ajustes de la prestación se podían hacer en función de la capacidad económica y el coste del propio servicion contratado por persona». Sin embargo, este miércoles el gabinete de Ayuso ha dado un giro de timón. “Los enfermos van a recibir la cuantía íntegra por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, ha asegurado el portavoz, Miguel Ángel García Martín, después del consejo de Gobierno de todos los miércoles.
García Martín ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de este asunto por haber provocado “caos” por la falta de “gestión y liderazgo”, sin explicar en profundidad a qué se refería. Otras comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana, gobernadas por el PP, no se habían acogido, como lo ha hecho Madrid, a la posibibilidad de reducir la prestación en función de los ingresos. El portavoz del Gobierno regional no ha hecho mención a esto. En cambio, ha dicho: “Por suerte, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han encontrado la solución técnica y jurídica, como digo, para poder pagar íntegramente las prestaciones económicas en nuestra región y para lo cual dictaremos en los próximos días la correspondiente instrucción por parte de la Consejería de Familia”.
La mayoría de los enfermos de ELA, sobre todo los que están clasificados en el grado tres plus, el más grave, que requieren atención las 24 horas del día y los siete días de la semana, disponían ya de alguna otra pensión o complemento como la gran invalidez. En esos casos, los 10.000 euros previstos en la ley ELA refrendada tras no pocos retrasos por todo el Congreso se rebajan en Madrid a 3.200 euros o para los que estén en una peor situación, a 5.910.
Adela, la principal asociación de afectados madrileña, o ConELA, la que aglutina todas a nivel nacional, calcula que los gastos de un paciente pueden elevarse hasta los 18.000 euros, teniendo en cuenta la necesidad de contratar a tres personas en exclusiva para brindarle el cuidado. La ley ELA se aprobó el 10 de octubre de 2024 en el Congreso con 344 votos a favor de los 350. Un año después, tras varias trabas burocráticas y administrativas, se desarrolló su reglamento y unos meses más tarde el Ministerio de Derechos Sociales y el de Sanidad lograron dotar una financiación especial de 500 millones para su implantación. Las autonomías del PP presionaron para que las partidas se gestionaran a través de la ley de Dependencia, porque ya estaba probada y en marcha y porque así el Estado se comprometía a responder del 50% de las dotaciones. Madrid acusa al Gobierno central de haber aportado solo el 27,9%.
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