El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro ha solicitado a un juez federal en Nueva York que desestime el caso presentado contra él por supuesto narcotráfico, con el argumento de que él tiene inmunidad, como presidente de Venezuela, y los tribunales de Estados Unidos no tienen jurisdicción para procesarle.
Los abogados del depuesto mandatario venezolano, encarcelado en Nueva York, esgrimen que los tribunales de Estados Unidos no tienen jurisdicción para procesarle
El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro ha solicitado a un juez federal en Nueva York que desestime el caso presentado contra él por supuesto narcotráfico, con el argumento de que él tiene inmunidad, como presidente de Venezuela, y los tribunales de Estados Unidos no tienen jurisdicción para procesarle.
La petición, presentada el miércoles por los abogados del líder capturado en una operación militar estadounidense, abre una complicada batalla legal para determinar si Maduro puede acogerse a la inmunidad que protege a un jefe de Estado aunque el Gobierno en Washington no lo reconocía como presidente legítimo desde 2019, cuando le acusó de haber sido nombrado en elecciones fraudulentas, mucho antes de su secuestro en enero pasado. La esposa de Maduro, Cilia Flores, ha presentado una moción similar.
La solicitud de 17 páginas entregada en el juzgado federal del sur de Manhattan, donde se instruye el caso, insiste en que los cargos deben ser desestimados porque el derecho internacional concede a los jefes de Estado inmunidad para ser juzgados en tribunales de otros países y Maduro sigue siendo reconocido en Venezuela como presidente. Su sucesora y antigua número dos, Delcy Rodríguez, gobierna como presidenta interina.
“Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal contra un líder extranjero reconocido como jefe de Estado en su propio país en el momento en el que se presentaron esos cargos”, alegan los abogados de Maduro al juez responsable del caso, Alvin Hellerstein. El magistrado verá el escrito presentado por los defensores del líder chavista el próximo 17 de noviembre a las 10.30 de Washington, las 16.30 en la España peninsular.
Los cargos imputados a Maduro, que permanece detenido en una cárcel federal de Brooklyn, sirvieron al Gobierno estadounidense de razonamiento para tratar de justificar la operación militar que capturó al presidente venezolano y a Cilia Flores en las afueras de Caracas el pasado 3 de enero.
El líder chavista y su esposa se han declarado inocentes. Si sus tesis para que se desestime el caso no salen adelante, tendrán que comparecer ante el tribunal que preside Alvin Hellerstein a partir del 1 de junio del año próximo. En caso de que así ocurriera y fueran declarados culpables de participar en una conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, podrían enfrentarse a una condena a cadena perpetua.
El principio de inmunidad judicial para los jefes de Estado en ejercicio es un pilar del derecho internacional, considerado fundamental para el funcionamiento de la diplomacia. “Eso no es una casualidad histórica. Refleja una norma más antigua que el derecho consuetudinario: que los jefes de Estado están exentos de los procedimientos penales de cualquier país menos el suyo propio”, apunta el equipo de abogados encabezado por Barry Pollack. En el caso de Maduro, “solo Venezuela puede ceder” esa inmunidad.
Flores ha presentado también fundamentos similares. En una solicitud paralela, sus abogados alegan que la inmunidad “es un atributo de la soberanía de Venezuela y solo Venezuela puede cederla”.
Los abogados de Maduro presentan un segundo argumento para reclamar que se anule la causa abierta contra su cliente. El exmandatario no solo tiene derecho a la inmunidad soberana en su calidad de jefe de Estado venezolano, alegan, sino que también la tiene porque los actos de los que se le acusa formaron parte de sus funciones oficiales.
El caso contra Maduro y Flores se abrió hace seis años en los tribunales estadounidenses e implica a numerosos supuestos cómplices, todos ellos acusados de participar en una conspiración para trasladar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos en una operación en la que representantes de las fuerzas de la ley venezolanas iban a ayudar a los traficantes. El líder chavista “niega vehementemente las alegaciones que se presentan contra él”, reiteran sus representantes legales. “Si este caso fuera a llegar a juicio, quedaría de manifiesto que ha sido acusado falsamente”, sostienen.
Varios expertos legales consideran que el líder chavista afronta una ardua batalla legal con sus argumentos. Washington no le reconoce como presidente de Venezuela desde 2019, tras las elecciones de 2018 en el país sudamericano que dieron la victoria a Maduro. En las elecciones de julio de 2024, durante el mandato del demócrata Joe Biden, Estados Unidos volvió a considerar falso el resultado oficial que adjudicaba la victoria a Maduro, en la que el chavismo nunca llegó a presentar los documentos que acreditaran esa victoria. Por tanto, es improbable que el tribunal le reconozca la inmunidad soberana y archive los cargos contra él. Los tribunales de Estados Unidos suelen tomar como referencia las decisiones del presidente estadounidense y de su Gabinete en las disputas sobre quién es reconocido como líder de un país extranjero.
Las circunstancias que rodean al caso contra Maduro contienen también particularidades que lo hacen aún más complicado. Tras el secuestro y traslado a Nueva York del chavista, la Administración de Estados Unidos reconoció como nueva dirigente del país a Delcy Rodríguez, con la que ha colaborado estrechamente desde entonces. Ambos gobiernos anunciaron la semana pasada un pacto por el que Washington pasará a controlar una quinta parte de las reservas de petróleo venezolanas, 65.000 millones de barriles. Una perspectiva que era impensable mientras el líder capturado estuvo al frente del país.
Los casos penales en Estados Unidos que involucran a jefes de Estado extranjeros son extremadamente raros, pero los precedentes no son alentadores para Maduro. En 1990, un juez federal en Miami rechazó el intento del exlíder militar panameño Manuel Noriega de invocar la inmunidad de jefe de Estado, en parte porque nunca ostentó oficialmente el título de presidente.
Los abogados de Maduro alegan que el rechazo del Gobierno en Washington a reconocer la legitimidad del chavista como presidente es irrelevante, y que su cliente siguió siendo jefe de Estado de su país después de 2019. “A diferencia del caso Noriega, el poder ejecutivo estadounidense no disputa que Maduro fuera el jefe de Estado de Venezuela. Simplemente sostiene que, después de 2019, no ocupó ese cargo de manera legítima”.
Pollack y su equipo alegan que el caso contra Maduro viola “la inmunidad absoluta contra un procesamiento penal al que los jefes de Estado y altos cargos extranjeros que actúan en cumplimiento de sus funciones oficiales han tenido derecho durante cientos de años”. También denuncian que la colaboración entre Washington y el Gobierno interino en Caracas representa una “incongruencia”. Según apuntan, por un lado la Administración de Trump rechaza que el chavista fuera el jefe de Estado pero reconoce el mandato de Rodríguez, que fue la número dos de Maduro en su régimen.
La solicitud de la defensa viene acompañada de una declaración de Pollack, un memorando jurídico y una serie de anexos, entre ellos una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano del 3 de enero de 2026 y dos decisiones judiciales italianas.
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