El informe que la Policía ha entregado a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva a Ceuta ―en el que se apunta que agentes marroquíes “guiaron” a los migrantes en el cruce de la frontera― sigue sacudiendo al cuerpo. El malestar en el Ministerio del Interior ha llevado al ministro Fernando Grande-Marlaska a enviar un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que transmite su “preocupación” por el hecho de que la jueza María Tardón prohibiera al equipo policial al que encargó el informe que facilitase información a sus superiores. Perelló le ha contestado con otra carta, en la que ha respaldado la actuación de Tardón y le ha recordado al ministro que cuando un juez pide auxilio a cualquier equipo policial, este tiene el deber constitucional de prestar su colaboración. Así, ha subrayado que la jueza ha actuado en el “ejercicio de sus funciones constitucionales”. “Todos debemos mostrar el máximo respeto”, ha añadido.
La presidenta del CGPJ respalda a la instructora de la Audiencia Nacional y asegura que cumplió con su función: “Debemos mostrar el máximo respeto”
El ministro del Interior ha enviado una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que le transmite su “preocupación” por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.
Fuentes del Ministerio precisan que Grande-Marlaska ha asegurado que, ante la situación de crisis que atraviesa Ceuta, “no debería ser incompatible” que un equipo policial atienda los requerimientos de la jueza Tardón y que también informe a “sus superiores y responsables políticos” de todas las circunstancias que puedan “ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”.
Las mismas fuentes inciden en que, en el marco de la misiva, Grande-Marlaska ha subrayado que ―“como ministro del Interior, y también como magistrado”― respeta “escrupulosamente” la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones.
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