La Generalitat, presidida por Carlos Mazón, del PP, ha aprobado este martes salir a los mercados financieros para pedir un préstamo a los bancos por un importante de 1.816 millones de euros con el fin de pagar las facturas a proveedores de servicios públicos, como las farmacias o las residencias de la tercera edad. Para ello, el Gobierno debe autorizar el endeudamiento en el consejo de ministros, según ha explicado la consejera de Hacienda, Ruth Merino, al término del Consell.
La Generalitat, que necesita la autorización del Gobierno para endeudarse, atribuye la operación a que Sánchez no ha aprobado el FLA extra para la Comunidad Valenciana por primera vez en 12 años
La Generalitat, presidida por Carlos Mazón, del PP, ha aprobado este martes salir a los mercados financieros para pedir un préstamo a los bancos por un importante de 1.816 millones de euros con el fin de pagar las facturas a proveedores de servicios públicos, como las farmacias o las residencias de la tercera edad. Para ello, el Gobierno debe autorizar el endeudamiento en el consejo de ministros, según ha explicado la consejera de Hacienda, Ruth Merino, al término del Consell.
A su lado, la vicepresidenta valenciana y portavoz, Susana Camarero, ha evitado hablar de recortes, término que remite a la gran crisis que estalló en 2008 y al periodo de austeridad. Ha insistido en que los que se ha puesto en marcha es un plan de “optimización” de recursos, de reducción del gasto en todas las consejerías que no afectará a las partidas sociales. Mazón ha hablado estos días de reajuste “exhaustivo”.
Merino ha incidido en que esta petición de préstamos a corto plazo se produce como consecuencia de que el Gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, no ha activado el FLA Extra (Fondo de Liquidez Autonómico) para la Generalitat, como en los 12 años anteriores. Merino ha reconocido haber hablado con técnicos del ministerio de Hacienda para articular esta operación, a la que el Consell “se ha visto obligado a recurrir”. La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía más endeudada (63.332 millones) de España, por detrás de Cataluña, y necesita la autorización del Gobierno para salir a los mercado en busca de financiación. Si el consejero de ministro aprueba la petición de endeudamiento la próxima semana, se podrían pagar a finales de julio las facturas que ascienden a más de los 1.455 millones de euros en que fueron cifradas el pasado 22 de mayo.
La operación de endeudamiento, que ha sido ya acordada con las entidades financieras, viene después de que este lunes, fecha que puso como límite el Gobierno valenciano, no se aprobara el FLA extraordinario que se abona en función del exceso de déficit del ejercicio anterior y mediante el cual, la Generalitat esperaba cerca de 1.900 millones de euros. Tanto Merino como Camarero han sido muy críticas con lo que consideran una “falta de lealtad institucional” del Gobierno al no dar salida al fondo de liquidez, al que no renuncian, y “asfixiar” a la Comunidad Valenciana.
Ambas han apuntado que la deuda acumulada no es consecuencia de “la mala gestión”, sino de “la infrafinanciación” (“hasta un 80%”, ha apostillado la titular de Hacienda) que genera un sistema autonómico de reparto caducado desde 2014 especialmente perjudicial para el territorio. La Comunidad Valenciana es la autonomía “peor financiada de España”, ha reiterado la vicepresidenta. La Generalitat paga al año 1.100 millones de euros solo en intereses.
La operación se plantea a corto plazo, a un año, y se articulará en varios préstamos bilaterales con las entidades financieras, con un tipo de interés aún por determinar, pero más elevado que el del FLA, según ha detallado la consejera, antes de explicar que el Consell lleva semanas hablando con diferentes entidades financieras y ha recibido “muy buena respuesta” por parte de las mismas, que “van a cubrir la totalidad del importe”. En septiembre, se solicitarían 664 millones por el mismo mecanismo.
Camarero ha elevado el tono para rechazar de plano que se haya hablado de recortes, palabra que retrotrae al mandato de Alberto Fabra como presidente de la Generalitat, entre 2011 y 2015, que aplicó una dura política de austeridad, tras la gran crisis financiera. Ha insistido en que las medidas del plan de ajuste se van a ir contando en las próximas semanas y que consisten, por ejemplo, en que la Consejería de Justicia ahorrará en papel con la digitalización de sus procedimientos, o en la optimización del gasto farmacéutico con la digitalización o la prescripción de genéricos. Y ha cargado las tintas contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la que ha acusado de “mentir”.
Esta mañana, antes de la conferencia de prensa del Consell, la también líder socialista en la ciudad de Valencia ha señalado que el plan de ajuste del Consell implica “volver, como siempre con el Partido Popular, al pasado” y a la época de “recortes” en “servicios públicos básicos”. Y sobre la falta de liquidez, ha apuntado: “En los próximos días se va a revalidar el real decreto para que se puedan pagar los anticipos y las entregas a cuenta. Ahí tiene una oportunidad estupenda el PP de recibir más de 800 millones de euros para la Comunitat Valenciana. “¿Cuándo se ha dejado de pagar en esta comunidad a las farmacias? Por ejemplo, cuando ha gobernado el Partido Popular. En el anterior mandato y en este. ¿Cuándo se ha dejado de pagar a las residencias? Cuando ha gobernado el PP», ha dicho.
Bernabé ha reprochado que el PP, “por orden y mandato de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo”, votó en contra de “todas las posibilidades que tenía la Comunitat Valenciana de recibir casi 1.500 millones de euros”. También ha criticado el “regalo fiscal” que supone que “la Comunitat Valenciana es la comunidad de toda España que menos presión fiscal tiene” y la que “ha bajado más impuestos de todo el país”.
Camarero ha negado de plano esta afirmación y ha indicado que la Comunidad Valenciana es, después de Baleares, la que dedica “mayor esfuerzo fiscal”, a pesar de la bajada del IRPF o de la bonificación del Impuesto Sucesiones y Donaciones.
