Miles de ayuntamientos y decenas de diputaciones provinciales y cabildos respiran al fin aliviados. Si las cosas no se tuercen, en los próximos días dispondrán al fin de un escudo legal que les protegerá de tener que reintegrar a las grandes operadoras de telecomunicaciones del país, Telefónica, Orange y Vodafone principalmente, en torno a 1.500 millones de euros en compensación por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que se les cobró de manera ilegal desde que en el año 2002 se instaurara un nuevo epígrafe únicamente aplicable a los servicios de telefonía móvil.El impuesto fue creado en el segundo gobierno de José María Aznar con el objetivo de mejorar los recursos fiscales de los ayuntamientos y compensar el efecto de la supresión general del IAE, reinstaurado como un impuesto de naturaleza básicamente censal, pero en seguida fue cuestionado ante los tribunales por las operadoras, que entendían que no había base legal para el mismo. La batalla jurídica se prolongó durante casi dos décadas, salpicadas de sentencias que avalaron el gravamen, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo consideró contrario a las normas comunitarias, lo que obligó Tribunal Supremo a modificar su criterio inicial y determinar que se trataba de un impuesto ilegal, y que, por tanto, procedía la devolución de las cantidades cobradas indebidamente que hubieran sido impugnadas por las empresas.Una amenaza para la estabilidad de las haciendas localesHace poco más de un año el Ministerio de Hacienda estimó en 1.300 millones de euros el coste que el reintegro de esos impuestos podría tener para las arcas públicas, si bien las causas abiertas en los tribunales podrían elevar esa cuantía hasta el entorno de los 1.500 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas. Hacienda asumió desde el primer momento que la factura se cargaría contra las arcas del Estado , pero había una importante objeción técnica y es que la regulación del Impuesto de Actividades Económicas obligaba a las haciendas locales a hacerse cargo de esos reintegros, lo que abría la puerta a que las empresas de telecomunicaciones reclamaran a los ayuntamientos, diputaciones y cabildos el reintegro de esas cantidades por una simple cuestión de orden legal, porque así se estipula en la legislación vigente.La demora del Gobierno en acometer la resolución del asunto ha contribuido, además, a incrementar la inquietud de los poderes locales ante el asunto. No fue hasta el pasado mes de diciembre cuando, finalmente, el Ejecutivo se decidió a tratar de retocar la regulación vigente para que la factura abierta por un patinazo del Gobierno central no recayera en las arcas municipales. Pero lo hizo dentro del controvertido decreto ómnibus que acabó por no pasar el filtro del Congreso ni en diciembre ni en febrero.1.300 millones Una cuenta que no deja de crecer Los servicios del Ministerio de Hacienda recomendaron dotar una provisión de 1.300 millones de euros en los Presupuestos para abordar el coste de los reintegros derivados de la sentencia que consideró ilegal el IAE a la telefonía móvil, si bien el Tribunal de Cuentas entienda que esta cifra podría irse al entorno de los 1.500 millonesEl tercer intento parece tener más visos de éxito. El Gobierno ha aprovechado el recientemente aprobado real decreto ley que desbloquea las entregas a cuentas a comunidades autónomas y ayuntamientos y flexibiliza la aplicación del superávit por parte de los municipios, ambas iniciativas con un amplio nivel de consenso, para incluir también una disposición legal que blinda a los ayuntamientos respecto a cualquier potencial reclamación de cobro por el IAE que ingresaron de los operadores de telefonía móvil.En concreto, se establece una excepción a la regla general fijada en la instrucción del Impuesto de Actividades Económicas para que el procedimiento de reintegro de ingresos indebidos que en ella se recoge no se aplique sobre «las cuotas nacionales de los servicios de telefonía móvil que hayan podido percibir en exceso los municipios y diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, y que, como consecuencia de sentencias judiciales firmes, se hayan devuelto o se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil».Según fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la aprobación de esta disposición, únicamente pendiente de su ratificación ahora por parte de la mayoría del Congreso de los Diputados, «esta medida evita posibles reclamaciones económicas a las entidades locales y elimina el riesgo de que tengan que afrontar devoluciones de cuantía elevada que podrían afectar de forma significativa a su tesorería y equilibrio presupuestario ».Aunque aún queda devolver la factura cobrada de más a las grandes empresas de telecomunicaciones que operan en España el asunto quedó resuelto hace tiempo, ya que el Gobierno decidió abonar como transferencia a los entidades locales los recursos potenciales que se derivarían de una tasa del 1,9% sobre la facturación de las telecos, lo que el año pasado dejó en las arcas de los cerca de 8.000 ayuntamientos y el medio centenar de diputaciones provinciales algo más de 1.000 millones de euros. Miles de ayuntamientos y decenas de diputaciones provinciales y cabildos respiran al fin aliviados. Si las cosas no se tuercen, en los próximos días dispondrán al fin de un escudo legal que les protegerá de tener que reintegrar a las grandes operadoras de telecomunicaciones del país, Telefónica, Orange y Vodafone principalmente, en torno a 1.500 millones de euros en compensación por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que se les cobró de manera ilegal desde que en el año 2002 se instaurara un nuevo epígrafe únicamente aplicable a los servicios de telefonía móvil.El impuesto fue creado en el segundo gobierno de José María Aznar con el objetivo de mejorar los recursos fiscales de los ayuntamientos y compensar el efecto de la supresión general del IAE, reinstaurado como un impuesto de naturaleza básicamente censal, pero en seguida fue cuestionado ante los tribunales por las operadoras, que entendían que no había base legal para el mismo. La batalla jurídica se prolongó durante casi dos décadas, salpicadas de sentencias que avalaron el gravamen, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo consideró contrario a las normas comunitarias, lo que obligó Tribunal Supremo a modificar su criterio inicial y determinar que se trataba de un impuesto ilegal, y que, por tanto, procedía la devolución de las cantidades cobradas indebidamente que hubieran sido impugnadas por las empresas.Una amenaza para la estabilidad de las haciendas localesHace poco más de un año el Ministerio de Hacienda estimó en 1.300 millones de euros el coste que el reintegro de esos impuestos podría tener para las arcas públicas, si bien las causas abiertas en los tribunales podrían elevar esa cuantía hasta el entorno de los 1.500 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas. Hacienda asumió desde el primer momento que la factura se cargaría contra las arcas del Estado , pero había una importante objeción técnica y es que la regulación del Impuesto de Actividades Económicas obligaba a las haciendas locales a hacerse cargo de esos reintegros, lo que abría la puerta a que las empresas de telecomunicaciones reclamaran a los ayuntamientos, diputaciones y cabildos el reintegro de esas cantidades por una simple cuestión de orden legal, porque así se estipula en la legislación vigente.La demora del Gobierno en acometer la resolución del asunto ha contribuido, además, a incrementar la inquietud de los poderes locales ante el asunto. No fue hasta el pasado mes de diciembre cuando, finalmente, el Ejecutivo se decidió a tratar de retocar la regulación vigente para que la factura abierta por un patinazo del Gobierno central no recayera en las arcas municipales. Pero lo hizo dentro del controvertido decreto ómnibus que acabó por no pasar el filtro del Congreso ni en diciembre ni en febrero.1.300 millones Una cuenta que no deja de crecer Los servicios del Ministerio de Hacienda recomendaron dotar una provisión de 1.300 millones de euros en los Presupuestos para abordar el coste de los reintegros derivados de la sentencia que consideró ilegal el IAE a la telefonía móvil, si bien el Tribunal de Cuentas entienda que esta cifra podría irse al entorno de los 1.500 millonesEl tercer intento parece tener más visos de éxito. El Gobierno ha aprovechado el recientemente aprobado real decreto ley que desbloquea las entregas a cuentas a comunidades autónomas y ayuntamientos y flexibiliza la aplicación del superávit por parte de los municipios, ambas iniciativas con un amplio nivel de consenso, para incluir también una disposición legal que blinda a los ayuntamientos respecto a cualquier potencial reclamación de cobro por el IAE que ingresaron de los operadores de telefonía móvil.En concreto, se establece una excepción a la regla general fijada en la instrucción del Impuesto de Actividades Económicas para que el procedimiento de reintegro de ingresos indebidos que en ella se recoge no se aplique sobre «las cuotas nacionales de los servicios de telefonía móvil que hayan podido percibir en exceso los municipios y diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, y que, como consecuencia de sentencias judiciales firmes, se hayan devuelto o se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil».Según fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la aprobación de esta disposición, únicamente pendiente de su ratificación ahora por parte de la mayoría del Congreso de los Diputados, «esta medida evita posibles reclamaciones económicas a las entidades locales y elimina el riesgo de que tengan que afrontar devoluciones de cuantía elevada que podrían afectar de forma significativa a su tesorería y equilibrio presupuestario ».Aunque aún queda devolver la factura cobrada de más a las grandes empresas de telecomunicaciones que operan en España el asunto quedó resuelto hace tiempo, ya que el Gobierno decidió abonar como transferencia a los entidades locales los recursos potenciales que se derivarían de una tasa del 1,9% sobre la facturación de las telecos, lo que el año pasado dejó en las arcas de los cerca de 8.000 ayuntamientos y el medio centenar de diputaciones provinciales algo más de 1.000 millones de euros.
Miles de ayuntamientos y decenas de diputaciones provinciales y cabildos respiran al fin aliviados. Si las cosas no se tuercen, en los próximos días dispondrán al fin de un escudo legal que les protegerá de tener que reintegrar a las grandes operadoras de telecomunicaciones del … país, Telefónica, Orange y Vodafone principalmente, en torno a 1.500 millones de euros en compensación por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que se les cobró de manera ilegal desde que en el año 2002 se instaurara un nuevo epígrafe únicamente aplicable a los servicios de telefonía móvil.
El impuesto fue creado en el segundo gobierno de José María Aznar con el objetivo de mejorar los recursos fiscales de los ayuntamientos y compensar el efecto de la supresión general del IAE, reinstaurado como un impuesto de naturaleza básicamente censal, pero en seguida fue cuestionado ante los tribunales por las operadoras, que entendían que no había base legal para el mismo. La batalla jurídica se prolongó durante casi dos décadas, salpicadas de sentencias que avalaron el gravamen, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo consideró contrario a las normas comunitarias, lo que obligó Tribunal Supremo a modificar su criterio inicial y determinar que se trataba de un impuesto ilegal, y que, por tanto, procedía la devolución de las cantidades cobradas indebidamente que hubieran sido impugnadas por las empresas.
Una amenaza para la estabilidad de las haciendas locales
Hace poco más de un año el Ministerio de Hacienda estimó en 1.300 millones de euros el coste que el reintegro de esos impuestos podría tener para las arcas públicas, si bien las causas abiertas en los tribunales podrían elevar esa cuantía hasta el entorno de los 1.500 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas. Hacienda asumió desde el primer momento que la factura se cargaría contra las arcas del Estado, pero había una importante objeción técnica y es que la regulación del Impuesto de Actividades Económicas obligaba a las haciendas locales a hacerse cargo de esos reintegros, lo que abría la puerta a que las empresas de telecomunicaciones reclamaran a los ayuntamientos, diputaciones y cabildos el reintegro de esas cantidades por una simple cuestión de orden legal, porque así se estipula en la legislación vigente.
La demora del Gobierno en acometer la resolución del asunto ha contribuido, además, a incrementar la inquietud de los poderes locales ante el asunto. No fue hasta el pasado mes de diciembre cuando, finalmente, el Ejecutivo se decidió a tratar de retocar la regulación vigente para que la factura abierta por un patinazo del Gobierno central no recayera en las arcas municipales. Pero lo hizo dentro del controvertido decreto ómnibus que acabó por no pasar el filtro del Congreso ni en diciembre ni en febrero.
1.300 millones
Una cuenta que no deja de crecer
Los servicios del Ministerio de Hacienda recomendaron dotar una provisión de 1.300 millones de euros en los Presupuestos para abordar el coste de los reintegros derivados de la sentencia que consideró ilegal el IAE a la telefonía móvil, si bien el Tribunal de Cuentas entienda que esta cifra podría irse al entorno de los 1.500 millones
El tercer intento parece tener más visos de éxito. El Gobierno ha aprovechado el recientemente aprobado real decreto ley que desbloquea las entregas a cuentas a comunidades autónomas y ayuntamientos y flexibiliza la aplicación del superávit por parte de los municipios, ambas iniciativas con un amplio nivel de consenso, para incluir también una disposición legal que blinda a los ayuntamientos respecto a cualquier potencial reclamación de cobro por el IAE que ingresaron de los operadores de telefonía móvil.
En concreto, se establece una excepción a la regla general fijada en la instrucción del Impuesto de Actividades Económicas para que el procedimiento de reintegro de ingresos indebidos que en ella se recoge no se aplique sobre «las cuotas nacionales de los servicios de telefonía móvil que hayan podido percibir en exceso los municipios y diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, y que, como consecuencia de sentencias judiciales firmes, se hayan devuelto o se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil».
Según fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la aprobación de esta disposición, únicamente pendiente de su ratificación ahora por parte de la mayoría del Congreso de los Diputados, «esta medida evita posibles reclamaciones económicas a las entidades locales y elimina el riesgo de que tengan que afrontar devoluciones de cuantía elevada que podrían afectar de forma significativa a su tesorería y equilibrio presupuestario».
Aunque aún queda devolver la factura cobrada de más a las grandes empresas de telecomunicaciones que operan en España el asunto quedó resuelto hace tiempo, ya que el Gobierno decidió abonar como transferencia a los entidades locales los recursos potenciales que se derivarían de una tasa del 1,9% sobre la facturación de las telecos, lo que el año pasado dejó en las arcas de los cerca de 8.000 ayuntamientos y el medio centenar de diputaciones provinciales algo más de 1.000 millones de euros.
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