La vicepresidenta María Jesús Montero enmudeció el verano de 2024, cuando PSC y ERC pactaron una “financiación singular” para Cataluña que dio luz verde a la investidura de Salvador Illa. Hasta que los 8.700 militantes de ERC avalaron en primarias el acuerdo, el PSOE dejó que los republicanos construyeran un relato que iba contra los principios que habían defendido siempre y cebaran la posibilidad de que Cataluña saliera del régimen común con un concierto a la vasca. Montero, ministra de Hacienda y número dos del PSOE, guardó silencio mientras su partido (entonces no solo era Emiliano García-Page) se incendiaba a cuenta de un acuerdo que minaba su credibilidad en un debate fundamental para el sostenimiento del Estado del Bienestar.
La vicepresidenta ha encajado intereses políticos contrapuestos en un sistema que tiene poco que ver con el acuerdo inicial de PSC y ERC y que le permite el contraste de modelos con el PP
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos
La vicepresidenta ha encajado intereses políticos contrapuestos en un sistema que tiene poco que ver con el acuerdo inicial de PSC y ERC y que le permite el contraste de modelos con el PP
La vicepresidenta María Jesús Montero enmudeció el verano de 2024, cuando PSC y ERC pactaron una “financiación singular” para Cataluña que dio luz verde a la investidura de Salvador Illa. Hasta que los 8.700 militantes de ERC avalaron en primarias el acuerdo, el PSOE dejó que los republicanos construyeran un relato que iba contra los principios que habían defendido siempre y cebaran la posibilidad de que Cataluña saliera del régimen común con un concierto a la vasca. Montero, ministra de Hacienda y número dos del PSOE, guardó silencio mientras su partido (entonces no solo era Emiliano García-Page) se incendiaba a cuenta de un acuerdo que minaba su credibilidad en un debate fundamental para el sostenimiento del Estado del Bienestar.
Ha llovido mucho en año y medio. El PP y García-Page siguen aferrados al discurso de los privilegios de Cataluña, pero el documento que ha presentado el Gobierno para una nueva financiación autonómica se distancia de todo aquello. La propuesta da pista de aterrizaje a ERC para mantener su alianza con Salvador Illa en Cataluña porque ambas partes dicen que no perderá posiciones en el ranking entre lo que reciben y aportan (la “ordinalidad”) pero Montero también da munición a los candidatos del PSOE para defender un modelo de blindaje de los servicios públicos y contrastarlo con el PP.
El día después de la foto de Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei con la motosierra de los recortes, el Gobierno pone encima de la mesa un alivio financiero para las comunidades del que la mayor parte de los recursos estarían gestionados por barones del PP (el 70%). Una base para una negociación técnica y política que difícilmente tendrá recorrido porque nace con el pecado original para la derecha (y García-Page) del acuerdo con Oriol Junqueras y porque desmontaría los cimientos del discurso del agravio que el PP rentabiliza fuera de Cataluña desde 2018.
Como ya hizo con la quita de la deuda autonómica, el PP rechaza el café para todos por temor a que el oxígeno que el Gobierno ofrece a sus haciendas autonómicas termine dando aire a Pedro Sánchez.
En un año en el que se encadenan los comicios autonómicos, el cálculo electoral marca todas las estrategias, también la del Gobierno. Y la vicepresidenta, ministra de Hacienda y número dos en Ferraz, negociadora de todos los acuerdos con los independentistas, quiere hacer de esta propuesta su principal baza como secretaria general del PSOE de Andalucía que, en términos absolutos, sería la comunidad más beneficiada. No parece casual que en el reparto el saldo andaluz sea de 4.846 millones, ligeramente por encima de los 4.686 de Cataluña, y por encima de la reivindicación que PSOE y PP pactaron en el Parlamento andaluz en 2018.
Contra todo pronóstico y después de conciliar intereses políticos contrapuestos, Montero quiere hacer del sistema de financiación una suerte de escudo electoral. ERC temía que no hubiera propuesta hasta que la ministra abandonara el cargo para ser candidata en Andalucía, Salvador Illa esperaba el acuerdo con ERC como agua de mayo para consolidar su legislatura y Pedro Sánchez tenía que cumplir su compromiso de ofrecer suficiencia financiera a todas las comunidades. Todas esas piezas han encajado ya, las cartas están boca arriba y ahora comienza una batalla en la que el PSOE quiere usar la financiación como ariete electoral.
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