Portugal ha demorado siete años en dificultar las idas y venidas de las narcolanchas, que han disfrutado de una legislación benigna hasta hace pocos días. La nueva ley, que aumenta el control sobre la fabricación, posesión y tripulación de las embarcaciones de alta velocidad e incluye penas de prisión por vulnerarla, fue promulgada por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, el pasado 28 de octubre, un día después de que el cabo de la Guardia Nacional Republicana Pedro Manata e Silva muriese en el río Guadiana mientras perseguía a unos narcotraficantes. Una funesta coincidencia. “Es una ley fundamental para combatir el tráfico y debía haberse aprobado hace tiempo”, lamenta César Nogueira, presidente de la Asociación de Profesionales de la Guardia (APN) y amigo del cabo fallecido. “Era inevitable que los narcotraficantes recurriesen a nuestra costa después de que España prohibiese las embarcaciones de alta velocidad”, añade.
Más de 1.700 embarcaciones intervenidas en cinco años
Los efectos de la prohibición en España de las narcolanchas se han notado en las estadísticas policiales. Aunque las cifras del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que va a por su quinta edición, no especifican el número de narcolanchas que se han incautado las fuerzas y cuerpos de seguridad, sí que se aprecia un incremento sustancial del total de las embarcaciones intervenidas. En cinco años se ha llegado a 1.699. Desde 2019 a 2024, la media anual de embarcaciones incautadas es de 238, mientras que en 2018 fueron 22. En Galicia, donde las cifras sí están desglosadas, se alcanzó un pico en 2022, con 84 embarcaciones de alta velocidad intervenidas, mientras que en 2024 fueron nueve.
La nueva ley, que aumenta el control sobre las embarcaciones de alta velocidad, fue promulgada un día después de la muerte de un guardia republicano mientras perseguía traficantes por el Guadiana
Portugal ha demorado siete años en dificultar las idas y venidas de las narcolanchas, que han disfrutado de una legislación benigna hasta hace pocos días. La nueva ley, que aumenta el control sobre la fabricación, posesión y tripulación de las embarcaciones de alta velocidad e incluye penas de prisión por vulnerarla, fue promulgada por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, el pasado 28 de octubre, un día después de que el cabo de la Guardia Nacional Republicana Pedro Manata e Silva muriese en el río Guadiana mientras perseguía a unos narcotraficantes. Una funesta coincidencia. “Es una ley fundamental para combatir el tráfico y debía haberse aprobado hace tiempo”, lamenta César Nogueira, presidente de la Asociación de Profesionales de la Guardia (APN) y amigo del cabo fallecido. “Era inevitable que los narcotraficantes recurriesen a nuestra costa después de que España prohibiese las embarcaciones de alta velocidad”, añade.
La patrullera policial donde viajaba el cabo fue embestida por la narcolancha, que fue abandonada poco después. Otros tres agentes resultaron heridos de gravedad. El suceso recuerda otros abordajes mortales durante operaciones en el sur de España y constata, en opinión de César Nogueira, que se trata de una reacción violenta ya convertida en estrategia por los narcos. “Sus lanchas son mucho más eficaces que nuestras embarcaciones, hay que invertir en mejorar nuestros recursos. Los criminales siempre van por delante de la policía”, sostiene.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que la ley portuguesa es “un gran paso frente a la delincuencia organizada” tras reunirse hace una semana en Lisboa con su homóloga, Maria Lúcia Amaral, a la que agradeció la cooperación. España cambió la legislación en 2018 para perseguir el transporte de drogas e inmigrantes en veloces embarcaciones semirrígidas y prohibió su uso privado. Los narcotraficantes, que viven al margen de la ley, pero la conocen, mudaron la logística del transporte marítimo hacia Portugal. Con sus 943 kilómetros de costa continental y sus ríos navegables, se convirtió en un refugio para fabricar y guardar las narcolanchas empleadas en el tráfico de cocaína y hachís por las mafias del norte y el sur de España.
“Los narcoastilleros se trasladaron a puntos limítrofes o cercanos a la frontera, en el norte de España. Los miembros de las redes van trabajando allí con piezas y luego las llevan”, explican fuentes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior. “Las organizaciones criminales suelen tener embarcaderos en la zona media y norte para reparación y en la zona sur para resguardo”, añaden.
Si alguna duda quedaba al respecto, este verano se despejó. El 11 de julio la Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana (GNR) anunciaron el desmantelamiento de “la mayor estructura narcologística” de la península Ibérica. Además de detener a 64 personas y confiscar cerca de ocho toneladas de droga, se incautaron de 18 embarcaciones de alta velocidad y 40 motores Yamaha de gran potencia, muchos de ellos aún embalados dentro de un tráiler. Un portavoz de la GNR relacionó directamente la actividad con la permisividad jurídica: “El cambio legislativo en España que criminalizó esta acción logística obligó a estos grupos a desplazarse a Portugal a partir de 2019 por tener más facilidades”.
La red hispanoportuguesa desmantelada en julio había montado astilleros ilegales en el estuario del Tajo. Había alcanzado tal “profesionalización”, según la Guardia Civil, que podían simultanear tres botaduras en la misma noche. Algunas flamantes narcolanchas delataban una potencia hormonada con cuatro motores de 300 caballos, innecesaria en travesías recreativas.
Las naves clandestinas donde se preparaban las embarcaciones también han surgido en el norte de Portugal, que siempre ha estado conectado con las redes de tráfico de las Rías Baixas. En octubre de 2024, en otra operación conjunta entre España y Portugal, se detuvieron 24 personas de una organización de transporte marítimo.
Antes de la gran operación del verano, Artur Vaz, director de la Unidad Nacional de Combate al Tráfico de Estupefacientes de la Policía Judicial, explicaba en una entrevista en Lisboa que el aumento de la actividad de las narcolanchas fue visible tras la prohibición española. “Hemos visto que se usan para ir cada vez más lejos en el Atlántico y pueden pasar semanas en el mar, apoyadas por otras que llevan el soporte logístico de combustible y alimentos”, desvelaba Vaz.
Otro de los fenómenos observados por la Policía Judicial portuguesa es la aparición de organizaciones que se especializan solo en el transporte de la droga. “En Caparica operaba una red afincada en España, que ofrecía ese servicio para otros y podía tener hasta diez embarcaciones en el agua”, detallaba Artur Vaz. Las estadísticas de la PJ muestran una evolución reveladora. Si hasta 2018 se confiscaban al año cinco o seis embarcaciones, a partir de entonces la cifra se ha duplicado o triplicado, con excepción de los años de pandemia. Entre 2023 y 2024 se han incautado 32 lanchas.
Aunque el Gobierno español ha solicitado de forma insistente que se prohibiesen las narcolanchas, Lisboa pareció reticente hasta hace poco. Ni siquiera durante los días de sintonía socialista entre el primer ministro António Costa y el presidente Pedro Sánchez se logró avanzar, aunque el presidente de la Asociación de Profesionales de la Guardia, César Nogueira, apunta otra explicación: “Una de las razones de la demora ha sido que hemos tenido muchos cambios de Gobierno”.
Desde 2018 Portugal ha encadenado varias crisis políticas que han provocado una gran inestabilidad y la caída de tres Gobiernos. La ley, que ha estado en fase de borrador en varias ocasiones, se aprobó finalmente este verano en un Consejo de Ministros presidido por el primer ministro, Luís Montenegro (centro derecha), que ha convertido la seguridad ciudadana en una de las banderas de su mandato. La norma fue ratificada por la Asamblea de la República gracias a los votos de los cuatro partidos de derechas, que cuentan con el 70% de los escaños, y la abstención de toda la izquierda. No prohíbe el uso de embarcaciones rápidas para uso privado como hizo España en 2018, pero obliga desde ya a registrar la fabricación, la titularidad y la circulación. Saltarse la ley, que prohíbe entrar y salir del país en estos transportes sin permiso de la Autoridad Tributaria, puede acarrear penas de entre uno y cuatro años de cárcel.
El ministro del Interior español se ha declarado “optimista” por las perspectivas que ofrece la normativa portuguesa. “No es una regulación idéntica a la española, pero sí establece un control muy efectivo y muy directo”, ha subrayó hace una semana en Estoril, donde participó en la conferencia ministerial de EU y los países de Oriente Medio y el Norte de África.
Nuevos desplazamientos
Las trabas legales de Portugal a las narcolanchas pueden acarrear un desplazamiento de las organizaciones delictivas, según coinciden fuentes policiales expertas en la investigación del crimen organizado. Pueden derivar hacia Francia, hacia la costa de Gerona, o por el sur, hacia Marruecos. “La ley de Portugal es una forma muy beneficiosa de ir cortándoles los pies a las organizaciones”, incide una de esas fuentes. Todos coinciden en la importancia de la cooperación internacional y la acción conjunta. La Fiscal Antidroga, Rosa Ana Morán, incidía en una entrevista reciente en EL PAÍS en la necesidad de que estas embarcaciones estén prohibidas en toda Europa.
“Nos dirigimos a todos nuestros socios europeos, con la finalidad concreta de que se procediera a una regulación con respecto a las de las narcolanchas”, dijo el ministro Marlaska. “Portugal ya ha avanzado, ya tiene una ley en ese sentido. Ahora la tiene que desarrollar”, terminó.
Más de 1.700 embarcaciones intervenidas en cinco años
Los efectos de la prohibición en España de las narcolanchas se han notado en las estadísticas policiales. Aunque las cifras del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que va a por su quinta edición, no especifican el número de narcolanchas que se han incautado las fuerzas y cuerpos de seguridad, sí que se aprecia un incremento sustancial del total de las embarcaciones intervenidas. En cinco años se ha llegado a 1.699. Desde 2019 a 2024, la media anual de embarcaciones incautadas es de 238, mientras que en 2018 fueron 22. En Galicia, donde las cifras sí están desglosadas, se alcanzó un pico en 2022, con 84 embarcaciones de alta velocidad intervenidas, mientras que en 2024 fueron nueve.
