El domingo la FIFA publicó un breve comunicado de prensa. En apenas cuatro frases, el máximo organismo del fútbol mundial anunciaba que el delantero estadounidense Folarin Balogun, que había sido expulsado en el anterior partido con su selección, podría disputar los octavos de final contra la selección belga. De acuerdo con sus códigos disciplinarios, explicaba el comunicado, la comisión disciplinaria de la FIFA había acordado suspender la tarjeta roja durante un año.
El comunicado del organismo debería suponer un punto de inflexión para todo poder público que se tome en serio su soberanía
El domingo la FIFA publicó un breve comunicado de prensa. En apenas cuatro frases, el máximo organismo del fútbol mundial anunciaba que el delantero estadounidense Folarin Balogun, que había sido expulsado en el anterior partido con su selección, podría disputar los octavos de final contra la selección belga. De acuerdo con sus códigos disciplinarios, explicaba el comunicado, la comisión disciplinaria de la FIFA había acordado suspender la tarjeta roja durante un año.
La decisión de la FIFA es errónea. Como todo aficionado al fútbol sabe de sobra, una tarjeta roja acarrea una suspensión inmediata en el siguiente partido, más allá de que se imponga una sanción más grave (por ejemplo, por una agresión especialmente violenta) a continuación. La propia normativa de la Copa del Mundo, emitida por la FIFA antes del comienzo del campeonato, confirma esta consecuencia. Habla, de hecho, de que esta suspensión se “impondrá automáticamente”.
Hasta aquí, la decisión de la FIFA podría parecer una cuestión técnica; errónea, pero, al fin y al cabo, de escaso interés más allá de las aficiones de EEUU y de Bélgica. Sin embargo, pocos minutos después del comunicado, Donald Trump expresó, en sus redes sociales, su agradecimiento a la FIFA por haber tomado una decisión “justa”. Esa misma tarde transcendió que, pocos días antes de la decisión, el propio Trump había mantenido una llamada telefónica con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en la que había pedido a Infantino que revisara la expulsión de su futbolista. Por casualidades de la vida, la llamada de Trump desembocó en una decisión disciplinaria con muy pocos precedentes en la historia del fútbol.
La decisión de la FIFA no es sino la punta del enorme iceberg que, desde hace años, acecha al fútbol mundial. Las asociaciones deportivas nunca han destacado por su transparencia o por su buena gobernanza. En el caso de la FIFA, basta con remontarse a 2013, cuando la revista France Football destapó las irregularidades que habían rodeado la adjudicación del Mundial de 2022; o a mayo de 2015, cuando siete trabajadores de la FIFA fueron detenidos en un hotel de Zúrich, en una investigación por corrupción que llevó a la dimisión del entonces presidente Sepp Blatter.
Con la llegada de Infantino, sin embargo, la FIFA ha ido un paso más allá. La misma FIFA que durante décadas había defendido una (ficticia) neutralidad política se ha convertido en un actor político clave en el tablero internacional. Lo ha hecho, además, alinéandose abiertamente con la Administración Trump, a quien ha regalado el capital social, político y económico del fútbol mundial. El pasado mes de septiembre, Infantino acompañó a Trump en un viaje oficial a Oriente Medio. En diciembre, poco después de que Infantino entregase a Trump el primer premio FIFA de la paz, la prensa informó de que el Consejo de la FIFA, su principal órgano ejecutivo, no había sido informado de la adjudicación del premio. En febrero, la FIFA firmó un convenio con el Board of Peace de Trump, un organismo privado que opera al margen del derecho internacional y cuyo fin no parece otro que el de enriquecer al propio Trump.
Los acontecimientos de los últimos meses deberían ser un toque de atención para la comunidad internacional. La regulación del deporte siempre ha sido un tema sensible para los gobiernos, que han preferido pasar de puntillas por un campo que despierta tantas pasiones. Durante muchas décadas, la FIFA se ha alimentado de estas reservas para predicar la importancia de separar el fútbol de la política –una falacia que desmiente cualquier estudio serio de la geopolítica de los Mundiales. Sin embargo, esta ficción convenía a ambas partes: la FIFA podía seguir clamando por su independencia, amenazando a aquellos gobiernos que se atrevieran a plantearse regular el fútbol; y los gobiernos podían citar la necesidad de separar fútbol y política para justiciar su inacción. Con la presidencia de Infantino, ha sido la propia FIFA la que se ha quitado máscara de la neutralidad. Si la FIFA ha decidido comportarse como un actor político, urge adoptar una serie de normas que le sometan al control público y, por una razón de economías de escala, urge que estas normas las adopte la Unión Europea.
Existen tres argumentos en favor de esta intervención legislativa. El primero es económico. Las federaciones deportivas son actores privados que operan en nuestro mercado interior, y que por lo tanto, deben estar sometidos a nuestras reglas. Si desde hace años adoptamos normas que regulan el comportamiento las grandes plataformas tecnológicas—quizá las únicas empresas con un poder político, ecomnómico y cultural comparable—¿cómo podemos justificar el silencio regulatorio frente a la FIFA, la UEFA, o el COI? El segundo argumento es de naturaleza política. Una asociación deportiva que quiera se comporte como un actor político debe estar tratado como tal. Esto tiene dos vertientes. Además de estar sujetas a normas de transparencia interna y de buen gobierno, también dejen someterse a la normativa europea diseñada para proteger nuestra democracia frente a la desinformación, las injerencias extranjeras o la corrupción. El último argumento en favor de la regulación es que el fútbol—y el deporte en general—es un buen público: el juego es propiedad de todo el mundo; su legado forma parte de nuestra historia; y su importancia social y cultural van mucho más allá del negocio y las asociaciones que lo gobiernan. Como tal, debe estar sujeto a los poderes públicos y a un control democrático que asegure que, pese a su creciente comercialización, el deporte sigue siendo de todos.
El fútbol, decía Arrigo Sacchi, es lo más importante de las cosas menos importantes. Por eso, precisamente, es importante protegerlo. El comunicado de la FIFA debería suponer un punto de inflexión para todo poder público que se tome en serio su soberanía.
Guillermo Íñiguez es doctor en Derecho por la Universidad de Oxford.
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