Casi tres años después del incendio que arrasó dos discotecas de Murcia y acabó con la vida de 13 personas, la jueza que ha instruido la causa ha decidido abrir juicio oral contra siete personas, a las que acusa de delitos de homicidio por imprudencia. Se trata del responsable de la sala de ambiente latino Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, y los tres responsables de la discoteca Teatre, donde comenzó el fuego. También el DJ que organizaba la fiesta temática que esa noche había en la sala y el propietario de la máquina de fuegos fríos que originó el incendio, así como el ingeniero que hizo el proyecto para dividir en dos la nave industrial que ocupaban los dos locales. El Ayuntamiento de Murcia, en contra del criterio de las acusaciones, quedará fuera del procedimiento.
El Ayuntamiento se queda fuera de la causa, en contra de las peticiones de las familias de las víctimas
El Ayuntamiento se queda fuera de la causa, en contra de las peticiones de las familias de las víctimas
Casi tres años después del incendio que arrasó dos discotecas de Murcia y acabó con la vida de 13 personas, la jueza que ha instruido la causa ha decidido abrir juicio oral contra siete personas, a las que acusa de delitos de homicidio por imprudencia. Se trata del responsable de la sala de ambiente latino Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, y los tres responsables de la discoteca Teatre, donde comenzó el fuego. También el DJ que organizaba la fiesta temática que esa noche había en la sala y el propietario de la máquina de fuegos fríos que originó el incendio, así como el ingeniero que hizo el proyecto para dividir en dos la nave industrial que ocupaban los dos locales. El Ayuntamiento de Murcia, en contra del criterio de las acusaciones, quedará fuera del procedimiento.
El auto de apertura de juicio oral acusa a estas siete personas de 13 delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 13 delitos de lesiones por imprudencia grave. Los cuatro responsables de las discotecas suman además una agravante por la “notoria gravedad por concurrir número elevado de fallecidos”. También ellos cuatro están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que en la investigación se constató que había empleados trabajando sin contratos, entre ellos, una de las personas fallecidas, así como que los trabajadores no habían recibido formación en prevención de incendios, al tiempo que no se cumplía la normativa de prevención de riesgos laborales.
La Fiscalía pidió por esos delitos penas de prisión de hasta ocho años y medio, que las acusaciones de los familiares de las víctimas elevaban en algunos casos hasta los nueve años.
El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Murcia, y los siete acusados esperarán en libertad hasta que se celebre el mismo, aunque la jueza les ha retirado el pasaporte y les ha prohibido salir del país.
Además, les ha impuesto una fianza conjunta que roza los 8,8 millones de euros para poder hacer frente a las posibles indemnizaciones a las familias de las víctimas, y que deberán abonar, de manera solidaria con las aseguradoras de las discotecas, en un plazo de cinco días. El auto señala que la cantidad de la fianza es un tercio superior a las peticiones de indemnización que reclamó la Fiscalía (algunas de las víctimas habían ampliado esas reclamaciones), y advierte a los acusados de que, si no abonan esas cantidades, se procederá al embargo de sus bienes.
Fuera del procedimiento se van a quedar, en contra del criterio de los abogados de las familias, los responsables del Ayuntamiento de Murcia. La jueza ya había descartado investigar la responsabilidad penal de los concejales de urbanismo y los técnicos municipales, a pesar de que las discotecas estaban en una situación administrativa irregular: solo Teatre tenía licencia, pero se había ordenado su cese de actividad cuando solicitó dividirse en dos negocios, una orden que no llegó a ejecutarse. Las acusaciones habían solicitado, al menos, que el Ayuntamiento fuera declarado responsable civil subsidiario de la tragedia, pero la jueza considera que no se dan los requisitos legales exigidos para ello porque ni hay un procedimiento penal contra la administración local, ni el Ayuntamiento es propietario ni gestor de las discotecas, ni participaba en la organización de la fiesta temática que se celebraba esa noche.
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